Deben $303 millones.

Los municipios y las corporaciones públicas mantienen una deuda de $303 millones con la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura del programa de “pay as you go”, mientras que la agencia transó una reclamación con la aseguradora de $31.5 millones por $4.8 millones y espera porque FEMA pague la diferencia por los daños que el huracán María causó a su sede en Hato Rey.

Setenta y cinco de los 78 municipios no han remitido al Sistema de Retiro remesas que ascienden a $156,975,765. Veintiséis de 60 corporaciones públicas adeudan $146,052,970, según el administrador de la agencia, Luis Collazo Rodríguez.

Ayer, durante el décimo día de las vistas de transición gubernamental, el abogado explicó que hace tres años el fondo general asumió el pago de las pensiones de los municipios y corporaciones públicas, según estipulado en el plan fiscal del Gobierno y la Ley 106 o Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos del 2017. Dicho estatuto creó el sistema “pay as you go”, que permite a los empleados y empleadas determinar el monto de su aportación al plan de retiro, partidas que los ayuntamientos y corporaciones públicas remiten al Sistema de Retiro.

“El Sistema de Retiro proyecta lo que va a ser el gasto de pensión para el próximo año fiscal. Se presupuesta y en cuanto a las agencias de gobierno central se retiene esa parte para el gasto de pensión y el Fondo General paga las pensiones de los pensionados de las corporaciones y municipios y le factura para que las corporaciones y los municipios reembolsen ese pago que hizo el Departamento de Hacienda”, precisó a preguntas del presidente del Comité de Transición del Gobierno Entrante, Ramón Luis Rivera Cruz.

Pero no todos cumplen con esa obligación a tiempo.

Collazo Rodríguez mencionó que el Municipio de San Juan encabeza la lista de ayuntamientos morosos con una deuda de $96,636,412 millones porque no ha realizado pagos desde que inició el nuevo sistema. Le siguen Toa Baja ($8,092,232), Mayagüez ($6,292,900), Ponce ($6,259,961), Arecibo ($5,651,818), Guaynabo ($4,304,726 millones), Caguas ($3,858,597), Carolina ($3,057,717), Santa Isabel ($2,052,430) y Cabo Rojo ($1,314,062).

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El primer lugar en el lista de las corporaciones públicas con deudas lo ocupa la Autoridad de Puertos ($30.9 millones). Le siguen la Corporación del Fondo del Seguro del Estado ($29.8 millones), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ($18.5 millones), Fomento Industrial ($14.3 millones) y la Autoridad Metropolitana de Autobuses ($12.5 millones).

No todos pagan tardíamente.

Los municipios de Bayamón, Dorado y Adjuntas son los únicos que envían las remesas a tiempo.

Al amparo de la Ley 106, el Sistema de Retiro inició acciones de recobro para recuperar el dinero adeudado. A grandes rasgos, Collazo Rodríguez detalló que envió cartas de cobro o “certificación de deuda” a los municipios morosos y al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales para retener sus remesas. En el caso de las corporaciones públicas notifica a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal para identificar partidas que cubran ese gasto.

Actualmente, el Sistema de Retiro Central cuenta con 94,483 participantes activos, mientras que la Judicatura tiene 343, que aportan anualmente $29,676,788.

El Sistema de Retiro Central tiene 119,094 pensionados y el Sistema de la Judicatura cuenta con 499.

“Por primera vez para este año fiscal pudimos someter para ambos sistemas un presupuesto consolidado bajo la Junta de Retiro para un total de $66,836,000, el cual se divide entre $52,527,936 para el Sistema de Retiro Central y $14,308,064 para el Sistema de Retiro de Maestros”, apuntó Collazo Rodríguez sobre las gestiones de consolidación de los planes de retiros.

“Para el año fiscal en curso se presupuestó $2,576,891 para el pago de las pensiones de los pensionados del Gobierno Central, Judicatura y Sistema de Retiro para Maestros. Con la transición hacia el ‘pay go’ hemos podido garantizar las pensiones de todos nuestros pensionados a pesar de la insolvencia de los sistemas de retiro”, agregó.

El Sistema de Retiro de Maestros administra dos estructuras de beneficios. Actualmente tiene 27,570 participantes activos y 47,583 jubilados.

El retiro incentivado

Como parte de su presentación en las audiencias públicas que se celebran en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes en Santurce, el abogado reveló que la agencia favoreció la aprobación de la Ley 80 de Retiro Incentivado, que justificó con estudios actuariales de los empleados y empleados cobijados bajo la Ley 447 del 1951 y que creó el sistema de retiro de los empleados públicos.

Posteriormente, cuando la Asamblea Legislativa evaluó la legislación e incorporó a los empleados agrupados bajo la Ley 1 de 1990, que estableció otro sistema de retiro, solicitó información al Sistema de Retiro. La agencia proveyó datos sobre la Ley 1, pero el estudio actuarial completo de ambos estatutos lo realizó después de aprobada la medida.

“Sí, entiendo que tenían el análisis completo”, respondió a preguntas de la prensa.

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La Ley 80 propone una ventana de retiro que garantizaría a los empleados que la acepten una pensión del 50% de su salario. El patrono continuaría pagando esa pensión con el dinero que destinaba al salario de empleado y quedaría en ahorro la otra mitad del salario. Este cambio, según el Sistema de Retiro, redundaría en un ahorro de $2,000 a $2,600 millones en un plazo de 30 años.

Este análisis, sin embargo, no tomó en cuenta, ni proyectó la cantidad de empleados esenciales que el Gobierno y los municipios tendrían que contratar nuevamente para esas tareas, un escenario que el propio Collazo Rodríguez reconoció afectaría la proyección de ahorros. Esa evaluación, precisó, se realiza ahora a la luz de las peticiones de retiro que están recibiendo las agencias y los ayuntamientos.

Según Retiro, cerca de 17,000 (6,934 de la Ley 447 y unos 11,000 de la Ley 1) empleados son elegibles para acogerse a la ventana de retiro incentivado.

Ante la aprobación de la Ley 80, la Ley 81 y la Ley 82 (todas de retiro), la Junta de Control Fiscal (JCF) advirtió que el Gobierno tendrían despedir unos 15,000 empleados públicos para sufragar los gastos que acarrearían las tres medidas.

Contrario al Gobierno, la JCF estimó que los tres estatutos podrían aumentar los gastos gubernamentales en $8,300 millones durante los próximos 30 años, una cifra que el Administrador de Sistema de Retiro dijo ayer desconocía cómo se había calculado.

La pugna llevó al Gobierno a paralizar la implementación de las leyes, aunque ayer Collazo Rodríguez señaló que la Ley 80 se encontraba en la primera fase y que ningún empleado podría acogerse al retiro hasta que el Gobierno obtuviera el visto bueno de la JCF, que ha amenazado con impugnar la Ley en los tribunales como hizo con éxito con la Ley 29, que pasaba al gobierno central el pago de sistema de retiro “pay as you go” y la cubierta médica de los empleados públicos.

“Le hemos provista a la Junta de Supervisión Fiscal todos los estudios actuariales, de cuando la Ley se aprueba finalmente que se incluye la Ley 1, volvimos a hacer un estudio actuarial de ese proyecto final aprobado. Hemos dado toda la información a la Junta de Supervisión”, apuntó Collazo Rodríguez.

“El Gobierno le notificó a la Junta de Supervisión Fiscal que no vamos a continuar con la implementación, refiérase a que nos vamos a permitir que los empleados se separen del servicio hasta tanto la Junta lo aprueba”, agregó.

Pero el proceso de solicitud continuará, pero la carta que se enviará a los empleados públicos contendrá la salvedad que esa propuesta espera por el visto bueno del ente fiscal.

La sede de Sistema de Retiro

Collazo Rodríguez mencionó que luego de un pleito legal y mediación, la agencia aceptó un pago de $4.8 millones de la aseguradora Triple S por una reclamación de $31.5 millones por los daños que su sede en Hato Rey sufrió tras el paso del huracán María.

Detalló que ahora se encuentra en conversaciones con la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para que cubra por la diferencia.

“Evidenciamos todos los esfuerzos con la aseguradora para que FEMA pueda desembolsar su parte. La expectativa es que cubra todos los daños”, afirmó.