El secretario Eduardo Rivera Juanatey dibuja un cuadro complejo de una agencia sin recursos y con la presión de la Junta de Control Fiscal presionando para adelantar sus políticas de austeridad.

El sistema penitenciario del país “funciona apagando fuegos” y sin espacio para maniobrar porque opera bajo la mano dura de la Junta de Control Fiscal (JCF), que impone restricciones presupuestarias y ordena el cierre prisiones sin medir el alcance de esas medidas, según Eduardo Rivera Juanatey, secretario de Rehabilitación y Corrección

No se trata solo de dinero.

La crisis causada por la pandemia del Covid-19 descarriló los programas de rehabilitación y educación afectando la misión de la agencia, mientras mermó la población penal.

“No había planes de mantenimiento. Nada de eso. Llegó con el Capex porque había una falta de asignación de presupuesto. Por eso, es que trabaja de día porque no tengo una proyección de fondos”, afirmó.

Ayer, durante el sexto día de las vistas de transición gubernamental, el abogado alertó al Comité de Transición del Gobierno Entrante sobre las agresivas proyecciones de presupuesto establecidas por la JCF y la complejidad de esa relación, que requiere de reuniones frecuentes -en ocasiones semanales- con miembros del ente fiscal para lograr la aprobación de partidas imprevistas como el pago en horas extras a los oficiales penales en el medio de la pandemia.

“La supervisión es directa, estricta y constante”, apuntó.

“En diciembre de 2019 acudimos a vista pública en la cual intentamos y creo que logramos que la Junta de Supervisión entendiera lo complejo que es el sistema correccional y que no solamente podemos dividir, como solemos hacer, números por confinados y empleados”, agregó.

A tenor con su visión de reducir los gastos gubernamentales, la JCF proyectó un presupuesto de $304.9 millones para el año fiscal 2021-2022, que contiene una reducción de $80 millones en comparación con el presupuesto vigente y que el funcionario aseguró no será suficiente para administrar la agencia.

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Esa proyección, a su vez, está predicada en el cierre de penales. El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) cuenta con 28 instituciones correccionales para adultos y 2 centros de tratamiento social para albergar menores transgresores. Al 23 de octubre, tenía bajo su custodia a 7,534 personas, otros 325 en custodia federal y 92 menores. Además, atiende a 1,000 imputados bajo el Programa de Servicios con Antelación al Juicio, 532 personas con grillete (sentenciados), 6,549 personas que se encuentran cumpliendo en programas o penas alternas al confinamiento, de los cuales 6,374 están en programas de comunidad y 175 en programas de desvío.

“Hay un sinnúmero de factores que no permiten consolidar tan fácilmente instituciones simplemente por cuestiones de dólares”, resaltó el funcionario.

Explicó que el DCR ya cerró algunas instituciones penales pequeñas dentro sus complejos correccionales, pero que en agenda queda pendiente el cierre a final de este año del Complejo Correccional de Sabana Hoyos, que traería consigo ahorros anuales de $5.4 millones.

Por tratarse de una decisión que afectaría al gobierno entrante y ante expresiones del gobernador electo Pedro Pierluisi Urrutia, quien indicó que se opone al cierre en medio de la emergencia salubrista, Rivera Juanatey señaló que discutirá el asunto con miembros de la nueva administración para que tomar una decisión en consenso.

Aseguró que el cierre de cárceles no provocaría hacinamiento. Los datos del DCR reflejan una tendencia en la reducción de la población penal que se extenderá hasta el año fiscal próximo. Pero Rivera Juanatey puntualizó que la población de reos bajó de 8,784 reos antes de que el virus llegara al nuestra región a 7,398. Esto se debe a que se redujo el número de ingresos a las cárceles durante la pandemia, pero se mantuvo el ritmo de los presos que cumplieron sus sentencias.

También quedaron en libertad las personas que estaban sumariadas y no se celebró su juicio dentro de los términos requeridos por Ley y 452 que salieron de la cárcel al beneficiarse de la Ley 87, que permitió que la bonificación por buena conducta se aplicara a las sentencias de forma retroactiva.

La rigidez fiscal que promueve la JCF también obligó a Rivera Juanatey a pedir una partida adicional de $29 en el presupuesto del año porque el dinero asignado “no daba para pagar alimentos” y otros servicios esenciales.

“Nos preocupa que la proyección de la Junta es de $304 millones para el próximo año fiscal… estamos hablando de que será bien complejo manejar la agencia con ese presupuesto”, insistió.

Reclutamiento y salarios

Esa camisa de fuerza impuesta por la JCF se desborda a otras áreas como la contratación de técnicos sociopenales, a pesar de que son necesarios para no violar las estipulaciones del caso Morales Feliciano.

“Tenemos un problema con el reclutamiento y la retención de personal, como parte del presupuesto se solicitó a OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto), pero como funciona el Gobierno en realidad la Junta de Supervisión es quien tienen la última palabra”, apuntó.

Aunque se trata de personal necesario, la Junta no aprobó esos fondos para la contratación de técnicos sociopenales, que señaló tienen una carga de 90 a 100 casos cuando un técnico que maneja los casos de ingresos a la cárcel debe tener unos 50 asignados y los que laboran en instituciones de sentenciados no más de 60 por disposición del caso Morales Feliciano.

La cosa se pone peor.

Muchos supervisores del área sociopenal se acogieron a las ventanas de retiro. Debido al programa de congelamiento de plazas para procurar ahorros, se creó una escasez que la agencia subsanó nombrando a los técnicos sociopenales de mayor jerarquía (escala 4) a esos puestos de supervisión a la espera que se descongelen las plazas en cuatro a cinco años. Ayer, Rivera Juanatey no tenía a la mano el número de técnicos sociopenales en este dilema.

Apuntó que unos 1,057 empleados podrían acogerse a la Ley 80 de Retiro, cuya implantación el Gobierno atrasó por diferencias con la JCF. Al 30 de septiembre, el DCR contaba con una plantilla de 6,647 empleados. De esta cifra, 4,254 ocupan puestos de seguridad a través del sistema de instituciones correccionales.

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Planteó también la necesidad de aumentar el salario de los guardias penales, quienes devengan una paupérrima paga mensual de $1,600 o $26,000 al año en comparación con $41,000 en Estados Unidos.

“Están extremadamente mal pagos”, afirmó al tiempo que describió un ejercicio que realizó para subirles el salario pero por tratarse de fondos no que eran recurrentes la propuesta quedó en el aire.

El efecto del Covid-19

En las audiencias públicas que se celebran en el Centro de Bellas Artes en Santurce, Rivera Juanatey relató que luego de la implementación de medidas para detener el avance de la pandemia en marzo pasado, la agencia paralizó la mayoría de los 73 programas de rehabilitación, educativos y vocacionales que ofrece.

“Ha afectado en cierto sentido el proceso de rehabilitación”, afirmó el secretario.

Pero hace tres meses se inició un programa de módulos para ofrecer los cursos de manera virtual. Mencionó, por ejemplo, que esto permitió que 1,350 confinados completaran sus programas en electricidad y 300 en construcción. La agencia también colocó placas acrílicas en los salones de visita y el pasado 11 de noviembre reanudaron los encuentros familiares.

Mencionó que 26 confinados y tres menores de instituciones juveniles han arrojado positivo al Covid-19, pero que se trata de casos que entraron al sistema y no de contagios dentro de la institución.

“Es un logro que se lo debo al equipo de trabajo”, subrayó.

Apuntó que la agencia recibió $10 millones a través del Cares Act para manejar la crisis de salud pública, y quedan disponibles de estos fondos -que expiran a finales de año- unos $500,000.

Como parte de su diagnóstico de la agencia, insistió en la necesidad de adoptar un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad, que dejó encaminado, de prestarle atención a la situación con la compañía que ofrece servicios de salud mental a los menores y de continuar los esfuerzos para lograr el cobro de la reclamación de $100 millones por los daños causados por el huracán María.

Rivera Juanatey indicó a preguntas de la prensa que la agencia solo recibió un adelanto de $2 millones en el 2017 de la aseguradora MAPFRE, contra quien inició un litigio que se encuentra en una fase de mediación.

Detalló que el huracán causó daños severos a estructuras, verjas, generadores eléctricos y aires acondicionados, que se han atendido de forma inicial con fondos de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias.

“Se han hecho algunos arreglos con lo que se ha podido… hemos levantado algunas verjas y otras cosas. Pero, prácticamente, está todo detenido”, señaló.

En el caso de las deficiencias en el servicio de salud mental que reciben los menores ingresados en las instituciones juveniles, mencionó que contrató al psicólogo clínico Pablo Martínez como coordinador de servicios en lo que se atiende una disputa con la empresa que ofrece los servicios actualmente.

Dijo que el problema con el proveedor de servicios de salud mental actual es que cambia de personal de manera constante, lo que afecta la continuidad de servicios y comunicación con los jóvenes bajo la custodia de Corrección.

“En ocasiones se solicitaban servicios y no estaban disponibles de manera inmediata”, indicó.

Ante preocupaciones de la monitora federal Kimberly Tandy por la inestabilidad de los servicios intentó cambiar el proveedor de servicios, pero la empresa impugnó el proceso en los tribunales. Para evitar señalamientos, contrató los servicios de Martínez, quien se estrenó en el cargo ayer, y del Hospital Capestrano para situaciones imprevistas o de emergencia.

“Mientras la controversia sobre el cambio del proveedor del servicio de salud mental se encuentra en los tribunales, se contrataron recursos psicológicos y psiquiátricos adicionales de apoyo ante cualquier falla que surja con el proveedor actual de los servicios, así como un Coordinador de Servicios de Salud Mental para que regule y fiscalice la provisión de los servicios”, precisó Rivera Juanatey.

Al ser abordado sobre la intervención de la JCF en los asuntos de las agencias públicas, el presidente del Comité de Transición del Gobierno Entrante, Ramón Luis Rivera Cruz, despachó el asunto como de negociación.

"A lo mejor es que no se había negociado correctamente", respondió.

Mira la ponencia y presentación del Secretario de Corrección aquí.