Cuestionan definición de éxito y de vivienda de interés social del Secretario de Vivienda.

Pese a que militan en el mismo partido y existe la percepción de que son iguales, ayer comenzaron a aflorar las diferencias entre la visión del gobierno de Wanda Vázquez Garced y las posturas del nuevo gobierno de Pedro Pierluisi Urrutia para administrar los fondos federales que administra el Departamento de Vivienda.

Luego del huracán María, las autoridades federales asignaron $20,200 millones a la agencia para adelantar proyectos de interés social y de vivienda segura en la Isla.

Ayer, durante el segundo día de las vistas de transición, el secretario de Vivienda, Luis Carlos Fernández Trinchet, presentó con orgullo una lista de logros que recitó durante una presentación que se extendió unos 35 minutos.

Al inicio de alocución, mencionó que luego del huracán María pasaron 507 días antes de que el gobierno federal aprobara los desembolsos de fondos para Puerto Rico, que finalmente ocurrió la segunda semana de Febrero del 2019. Cinco meses después renunció el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

De respuestas largas y rebuscadas, Fernández Trinchet soltó cifras y habló sin pausa de créditos contributivos, de la revitalización de los cascos urbanos, de los fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres de Puerto Rico (CDBG-DR) y CDBG regular, de los cascos urbanos, de títulos de propiedad y de aumentar el salario de los empleados de la agencia para mantener el talento y lograr la continuidad de los trabajos.

Indicó que podrían quedar entre 2,300 a 4,000 casas con toldos azules y reconoció que existen unos $120 millones asignados a los municipios que quedaron pendientes luego que la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales pasó a formar parte de Vivienda.

“A mediados de febrero de 2020, entro al Departamento de la Vivienda y aquí empezamos a trazar la diferencia”, dijo en su introducción.

Detalló que la agencia recibió a través de asignaciones de fondos de CDBG poco más de $20,000 millones. Al momento, hay disponibles $3,200 millones. La agencia ha obligado poco más de $1,200 millones y ha desembolsado $133 millones.

“Cuando yo entro solo se habían desembolsado $10 millones, un año después se han desembolsado $133 millones desembolsados. El cambio ha sido bien marcado y así lo han reconocido los dos monitores federales con los cuales hemos trabajado hasta el momento”, aseguró.

Pero al terminar su exposición, el presidente del Comité de Transición del Gobierno Entrante y el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, cuestionó duramente al funcionario.

“¿Dónde está el éxito?”, preguntó.

“En Febrero nada de ese existía, señor presidente”, respondió Fernández Trinchet subiendo la voz un poco.

Justificó la tardanza en los trabajos en la escasez de empleados y en la complejidad de los procesos. Por eso, como parte de sus recomendaciones al gobierno entrante planteó la necesidad de reducir y consolidar programas.

Rivera Cruz reconoció las circunstancias que ha enfrentado el Departamento de Vivienda en el último año: una pandemia y terremotos. Pero calificó la respuesta de la agencia como deficiente citando las propias estadísticas de Vivienda.

Enumeró, por ejemplo, que de 26,000 solicitudes para el Programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación de hogares solo se han reparado 231 viviendas; de 4,845 autorizaciones de título de propiedad solo se han tramitado 16; de 1,406 solicitudes para el programa de compradores de primera vivienda sólo se han cerrado 8 casos de compra y del 2,873 solicitudes del programa de pequeños negocios solo se han atendido 137 casos.”

“Yo no considero eso un éxito”, apuntaló el alcalde bayamonés. “Tenemos espacio para mejorar e impulsar esto para tratar de aumentar esos resultados”, agregó.

La vivienda de interés social

Pero ese no fue el único punto de controversia. Rivera Cruz increpó del costo “exhorbitante” que la agencia paga por la vivienda de interés social.

“¿Usted cree que eso es un número razonable para una vivienda de interés social?”, preguntó Rivera Cruz.

Formuló la pregunta tras calcular que cada unidad de un proyecto impulsado por la agencia en Coamo tendría un costo aproximado de $361,318, otro en Río Piedras pagaría un costo de construcción por unidad de $361,702 y otro en Caguas $308,219.

“Pero no apalanco fondos. El contexto de si es razonable o no, va a ser en función de qué otros fondos recibe Puerto Rico", respondió Fernández Trinchet, quien fue descartado de la lista de funcionarios que podrían permanecer en el cargo al estrenarse el nuevo gobierno.

Luego en rueda de prensa, a preguntas de NotiCel, ofreció una larga y confusa explicación sobre los créditos contributivos y los fondos CDBG que reciben los inversionistas y desarrolladores de proyectos de interés social.

“Los créditos contributivos a un proyecto que le asignas $10 o $12 millones prácticamente ya le asignaste la cantidad de lo que cuesta la construcción. Por tal, razón el que recibe el crédito contributivo ya ganó sin hacer nada, ya ganó porque con lo que tú le estás dando”, intervino Rivera Cruz tras escuchar la explicación del funcionario.

“De eso es lo que estamos hablando, hay que revisitarlo”, agregó.

Rivera Cruz pidió que sus cuestionamientos no se interpretaran como señalamientos de corrupción, pero comentó que esta preocupación sobre el alto costo de la construcción de vivienda de interés social también había surgido en Estados Unidos. “No estoy diciendo que alguien hizo algo incorrecto sino cómo podemos ser mejor”, aseguró.

Indicó que recomendará al gobernador electo cambios al programa para evitar estos excesos y que se evalúe la posibilidad de adquirir y rehabilitar el inventario de casas reposeídas y abandonadas como otra alternativa de vivienda asequible en el país.

“¿Qué falló?”, preguntó una periodista sobre la lentitud en la reconstrucción.

“Hay una realidad procesal y lo dije desde el día después de María cuando se empezó a hablar de la cantidad de dinero que iba a llegar a Puerto Rico, que ese dinero iba a estar disponible pero que eso llevaba unos pasos. Luego que el Congreso lo aprueba, las agencias emiten las guías. Después sale el ‘notice’ y el estado o jurisdicción tiene que hacer uno planes de acción. Hay que cumplir con muchos pasos”, insistió.

“En Katrina, todavía hay programas corriendo más de 10 años después”, abundó.

También favoreció aumentar el salario de los empleados de la agencia para evitar que se marchen a las empresas que llegan a la Isla para acometer los proyectos de reconstrucción.

“Hay que pagarles mejor para tener el reclutamiento profesional necesario y evitar lo que está pasando que se están contratando compañías de Estados Unidos a unos costos exorbitantes entonces contratan a personal de Puerto Rico a $20 la hora, pero la compañía está ganando a $500 la hora. Estoy usando números hipotéticos, pero se van. Eso hay que cambiarlo”, apuntó.

Los proyectos subvencionados a través de FEMA

En la tarde, el director ejecutivo del COR3, Ottmar Chávez Piñero ofreció un cuadro general de los proyectos de construcción en marcha y financiados con fondos de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA,por su siglas en inglés).

Apuntó que hay sobre $29,000 millones de fondos obligados. Mencionó que $19,300 se dedicarán a proyectos en asistencia pública, $2,500 millones en asistencia individual, $108 millones para pagar iniciativas de mitigación y $7,300 para operación y administración.

Señaló que ya hay 2,445 proyectos pequeños obligados y desembolsados.

Recordó la asignación de $12,800 para la reconstrucción de la Autoridad de Energía Eléctrica y para el Departamento de Educación.

Las vistas de transición continúan hoy con el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano y representantes de la Administración de Seguros de Salud.

Mira el informe del Departamento de la Vivienda aquí.

Mira el informe de COR3 aquí.