Justicia completó la investigación, que involucra al exsecretario de Estado, Elmer Román, y al jefe del NIE, Héctor López.

El Departamento de Justicia concluyó esta semana la pesquisa relacionada al manejo gubernamental del almacén de suministros en Ponce en medio de la emergencia por la secuencia sísmica, que todavía afecta la zona sur de la isla, según dos fuentes de NotiCel.

Pero el informe preliminar no llegará al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) todavía.

Ayer, la presidenta del Panel, Nydia Cotto Vives, indicó a NotiCel que el organismo extendió una prórroga de 10 días a Justicia para la entrega del informe como medida preventiva ante el caso de Covid-19 registrado en la agencia y que mantiene a la secretaria de Justicia interina Inés Carrau Martínez y al subsecretario en aislamiento preventivo.

“Tomamos la decisión en consenso ante la situación del Covid”, justificó la funcionaria.

Pese a que el PFEI ya había anticipado a este medio digital que esperaba por la entrega de dicho informe, Cotto Vives se limitó a decir que la extensión de tiempo atrasaría la entrega de dos casos sin ofrecer detalles.

“No tengo autoridad para hacerlos público”, apuntó.

A raíz de un referido de la Cámara de Representantes, la División de Integridad Pública de Justicia inició una investigación para determinar si el entonces secretario de Estado, Elmer Román, y el comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y recién confirmado juez Superior, Héctor López Sánchez, se perjuraron al declarar ante la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia, que preside el representante Gabriel Rodríguez Aguiló.

Ya el fiscal investigador que tenía la encomienda de investigar las alegaciones de perjurio contra la entonces secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, rindió su informe. Ahora el panel evaluará ambos informes de manera simultánea.

Ante la suspicacia creada por la extensión de prórrogas a casos polémicos en la antesala de las elecciones generales del próximo 3 de noviembre como ya ocurrió con la investigación del chat de Telegram, Cotto Vives insistió en que la decisión no respondió a consideraciones políticas.

“Aunque Justicia hubiera entregado esos informes, no son públicos”, apuntó.

Detalló que una vez el PFEI recibe un informe preliminar, corresponde a los miembros del panel leer los documentos y evaluar la evidencia. Luego el cuerpo se reúne para tomar una determinación. Después esa decisión se consigna en una resolución, que se divulga al público.

Aseguró que se trata de un trámite que típicamente toma varias semanas y que no se altera sustancialmente por una prórroga de 10 días.