Sin declarar el estado de emergencia, la Gobernadora adopta una política pública para combatir la violencia contra las mujeres
La Colectiva Feminista reconoció la importancia de la nueva orden ejecutiva, pero aseguró que llega tarde e incompleta.
No declaró un estado de emergencia como reclamaban los grupos feministas, pero ayer la gobernadora Wanda Vázquez Garced decretó la lucha contra la violencia de género como una prioridad gubernamental a dos meses del cambio de gobierno.
Aunque discrepó del curso tomado por la mandataria, la Colectiva Feminista en Construcción reconoció que el anuncio “cobra importancia cuando prioriza la prevención, atención efectiva, manejo adecuado y sobre todo rendición de cuentas”.
“Esta orden ejecutiva llega tarde, llega incompleta y llega maquillada de supuestos consensos. Lo que realmente esconde es que esta orden ejecutiva llega a pesar de la resistencia por parte de esta administración, llega porque no les quedó de otra, llega por el poder colectivo que tenemos”, afirmó el grupo en un mensaje colgado en sus redes sociales poco después de la conferencia de prensa.
A un año de que un grupo de organizaciones feministas llegara a La Fortaleza reclamando acción para detener los asesinatos de mujeres, Vázquez Garced presentó una nueva política pública para atender este flagelo e instaurar un “Protocolo de Acción para Combatir la Violencia Hacia las Mujeres en Puerto Rico” .
“Las palabras no hacen la diferencia”, afirmó la Mandataria anticipando críticas por rechazar la propuesta de las feministas para declarar el estado de emergencia.
La nueva orden ejecutiva ordena al Departamento de la Familia, de Justicia y Educación crear campañas de prevención y educación, que se transmitirán por los medios públicos, y a la Policía elaborar un “Protocolo de Investigación en los casos de la muerte violenta de mujeres por razón de género”, como parte de la implementación de la Ley 83 de 2020, que instituyó la Unidad de Crímenes Contra la Mujer y Violencia Doméstica, en el Negociado de la Policía, y establece una Comisión Multisectorial Contra la Violencia a la Mujer, que velará por la implementación de esta directriz.
El secretario o secretaria de Justicia presidirá dicha Comisión y la Procuradora de las Mujeres ocupará el puesto de segunda vicepresidenta. Las organizaciones no gubernamentales y otras agencias gubernamentales también tendrán presencia en el cuerpo.
Según la Mandataria, la directriz persigue que la Oficina de Gerencia y Presupuesto destine fondos adicionales a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y a la Policía para la lucha para combatir la violencia machista. Además, requiere que cada agencia separe una partida presupuestaria para la puesta en vigor de las políticas públicas de prevención y atención a las expresiones de violencia contra las mujeres en los espacios de trabajo.
“Se declara servicio de prioridad para el gobierno de Puerto Rico la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Se ordena a las agencia priorizar los servicios de prevención, protección y seguridad contra las mujeres”, indicó la gobernadora en rueda de prensa en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló en Miramar, decorado para la ocasión de tonos violetas, un color asociado con las mujeres.
Esta orden también exige que todo el personal del Departamento de Educación reciba talleres sobre equidad, derechos civiles y derechos humanos antes de que culmine el año y que la agencia extienda el proyecto piloto conocido como escuelas coeducativas, que anunció en septiembre del año pasado la Primera Ejecutiva cuando decretó mediante otra orden ejecutiva un estado de alerta nacional para atajar esa violencia.
En lo que va de año han ocurrido 47 feminicidios, incluyendo 6 trans feminicidios, según datos recopilados por el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico.
Los grupos de mujeres, particularmente la Colectiva Feminista, han reclamado a gobernadora y exprocuradora de las Mujeres, que declare un estado de emergencia debido la violencia de género para visibilizar la situación y para que el gobierno asigne los recursos necesarios para evitar las muertes de las mujeres.
Pero Vázquez Garced, una exfiscal, rechazó dicho reclamo. Ayer, en la rueda de prensa trató de minimizar las diferencias entre su posición y la postura de los grupos feministas como un juego semántico, pero -a preguntas de la prensa- respondió que no realizó la declaración de estado de emergencia en aras de alcanzar el consenso entre los grupos, que participaron del diálogo que desembocó en la nueva orden ejecutiva.
“Tiene que haber un consenso… para mí lo más importante es que la protección a las mujeres es un servicio esencial. Es un gran avance que el gobierno lo reconozca”, apuntó sobre estas medidas que cobijan a “todas las mujeres en su diversidad”.
Anticipó también que presentará legislación para atender el problema de la trata humana y para tipificar los asesinatos de mujeres como feminicidios en una Sesión Extraordinaria, que convocará antes de que termine este cuatrienio.
Reconoció, sin embargo, que no consultó estas medidas con el Senado y la Cámara de Representantes para garantizar su aprobación. Tampoco descartó presentar un proyecto que convierta en Ley esta nueva política pública, que ayer adoptó por decreto.
Flanqueada por la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, y la directora de la Oficina de la Primera Dama, Marilú Cintrón Casado, la gobernadora ofreció una holgada introducción a la propuesta con referencias a su trayectoria profesional y a la Organización de las Naciones Unidas, que en ocasiones pareció una reivindicación de su legado político.
“Desde que comenzamos en agosto de 2019, una de las principales prioridades fue comenzar a trabajar medidas que refuercen los derechos de todas las mujeres, que eviten la violencia y poder establecer protocolos para la prevención, atención y ayudas para las víctimas. Comenzamos a reunirnos con grupos de mujeres comprometidos con traer recomendaciones y soluciones, que se fueron trabajando en conjunto con el gobierno”, afirmó Vázquez Garced.
Boria Vizcarrondo, quien ha sido criticada por su tibio manejo de la situación, elogió el esfuerzo y explicó que la tardanza en la divulgación de la orden ejecutiva obedeció al tiempo que tomó el trabajo colaborativo y la consulta con los diversos sectores que presentaron propuestas y reacciones al documento.
“No fue que el plan estuvo estático en una gaveta”, apuntó a una pregunta sobre la decisión de encaminar estas iniciativas a dos meses de que acabe la gestión de Vázquez Garced.
El anuncio de la gobernadora ocurre luego de que varios candidatos a la gobernación como Alexandra Lúgaro Aponte, Pedro Pierluisi Urrutia y Carlos Delgado Altieri ya expresaran su intención de declarar un estado de emergencia de llegar a La Fortaleza.
De acuerdo a La Fortaleza, en la elaboración de esta nueva política pública participaron la Fundación Alas para la Mujer; Centro Salud Justicia de Puerto Rico; Red de Albergues; Mujeres por Puerto Rico; Mujeres Ante la Adversidad; Mujeres Líderes de Puerto Rico; Coalición Las Lolas y Coordinadora Paz para la Mujer, organización que agrupó las recomendaciones de la Colectiva Feminista en Construcción; Movimiento Amplio de Mujeres y Taller Salud.