El envío se da en momentos particulares.

Luego de dos semanas, la gobernadora Wanda Vázquez Garced remitió a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) la evidencia que aseguró tener contra la exsecretaria del Departamento de Justicia, Dennise Longo Quiñones, y su alegada intervención en una investigación federal de la que estaba inhibida.

El 7 de julio, la Primera Ejecutiva aseguró que despidió a Longo Quiñones porque la exfuncionaria se inmiscuyó en una pesquisa federal sobre manejo de fondos en el Departamento de Salud que involucraban a su madre, Concepción Quiñones de Longo, quien fungió como subsecretaria y secretaria interina del Departamento de Salud.

“En la tarde de hoy llegó a la Oficina de Ética Gubernamental los documentos enviados por la Gobernadora relacionados a la ex Secretaria del Departamento de Justicia, Denisse Longo Quiñones”, confirmó a NotiCel la portavoz de prensa de la OEG, Jennifer Rodríguez Ayala.

El envío de la información surge un día después que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) designara dos recursos para investigar a la Primera Ejecutiva y otros funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP) por el manejo de suministros tras la emergencia de los terremotos en los municipios del sur y suroeste de la isla.

Al momento de la confirmación de Ética, la Cámara de Representantes acababa de derrotar el nombramiento realizado por la Gobernadora para una de las dos vacantes en la OPFEI.

Cuando OEG recibe el planteamiento, los datos son referidos al Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo para su evaluación. La oficina tiene el deber de realizar una investigación preliminar en un plazo de 90 días que puede ser extendido por petición.

Si los abogados de la agencia cuentan con prueba documental y testifical que sostenga posibles violaciones a la ley orgánica de la OEG, procederían a presentar una querella contra la exfuncionaria. De lo contrario, se archivaría la investigación.

El alcance de la Ley de Ética Gubernamental es de carácter administrativo, por lo que la OEG podría imponer multas por las violaciones de ley.