Investigación del Centro de Periodismo Investigativo

El Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau (HURRA) en Bayamón es el hospital principal designado por el Gobierno de Puerto Rico para atender a pacientes en estado crítico afectados por el nuevo coronavirus, pero hasta hace unas semanas 23 cuartos de aislamiento en este hospital tenían sus sistemas de “extracción negativa” dañados y se esperaba por fondos para arreglarlos. Estos equipos ayudan a manejar la presión y el flujo del aire hacia fuera y dentro de la habitación, minimizando el riesgo de contagio.

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) confirmó que hasta la tarde del jueves, el Gobierno continuaba realizando mejoras de último minuto en el HURRA, incluyendo sus cuartos de aislamiento. Dos fuentes indicaron que la institución no está del todo preparada para ser el hospital ancla en la emergencia, a pesar de que ya atiende casos sospechosos del COVID-19.

El HURRA también esperaba hace unas semanas por reparaciones al sistema de aire acondicionado, por la instalación de un nuevo generador eléctrico, calentadores de agua y un circuito para máquinas de rayos X, CT scan y resonancia magnética, por mejoras eléctricas al laboratorio clínico, y la rehabilitación de cuartos y un piso entero del hospital, entre otros trabajos. En un documento del próximo presupuesto del Gobierno, el Departamento de Salud identificó la necesidad de más de $14 millones en reparaciones estructurales pendientes, solamente para el HURRA.

También están pendientes mejoras físicas a todos los CDTs, laboratorios clínicos y centros de salud como el Hospital Universitario (UDH) y el Hospital Pediátrico. En total, más de $144 millones en la sombrilla de Salud. Esto es adicional a los más de $300 millones en mejoras y construcción pendiente en el Centro Comprensivo de Cáncer, el segundo hospital identificado por el Gobierno para atender pacientes con el COVID-19.

Estos trabajos estaban programados para el próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio del 2020 y tardarían meses en completarse. Ante la emergencia por el nuevo coronavirus, la Gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo este jueves que realizan mejoras y compra de equipo de último minuto para hospitales como el HURRA y el Centro Comprensivo de Cáncer.

Cuartos de aislamientos en hospitales, la construcción de carreteras y puentes nuevos, la renovación del sistema energético, la rehabilitación de los planteles escolares: Puerto Rico lleva más de 10 años sin atender las necesidades de inversión en infraestructura. Para el Banco Mundial, la isla es la jurisdicción que menos dinero invirtió en su infraestructura entre 149 países el año pasado. Desde el 2007, año tras año, Puerto Rico se pelea las últimas posiciones junto a Eritrea, Guinea Bissau, Cuba y Zimbabue, según el índice que examina la inversión en capital como porcentaje del PIB y que incluye tanto el Estado, como la inversión que realiza el sector privado.

No solamente el Gobierno destina poco dinero a realizar mejoras de infraestructura en carreteras, puentes, hospitales y escuelas. Tampoco ha podido gastar todo el dinero que tiene aprobado para estas mejoras, dejando cientos de millones en la mesa.

Desde el 2014, la administración de Alejandro García Padilla no gastó una cuarta parte de sus presupuestos de lo que se conoce como “mejoras capitales”. Entre los años fiscales 2017 y 2018, la administración de Ricardo Rosselló Nevares gastó poco menos de $900 millones en tales “mejoras capitales”, menos de la mitad de un presupuesto de $2,000 millones, según datos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Para el 2019, informes financieros del Gobierno muestran más de $70 millones sin utilizar en mejoras capitales en agencias. La Autoridad de Carreteras por ejemplo, tenía sin usar sobre $400 millones de fondos presupuestados para mejoras de infraestructura a dos meses de terminar el año fiscal, según indicó la entidad en su plan fiscal. Con solamente 1% de las carreteras estatales de Puerto Rico en buen estado, la corporación pública achacó el problema a retrasos en las subastas y escasez de mano de obra para realizar los trabajos de construcción.

A pesar del grave estado en el que se encuentra la infraestructura pública de Puerto Rico a lo que se sumó el impacto del huracán María, el Gobierno admitió al CPI que no pudo gastar todo su presupuesto de mejoras capitales que incluyen construcción o proyectos que mejoren el estado y prolonguen la vida de la propiedad pública existente.

“Lamentablemente ha pasado en otros años donde se ha presupuestado para capex [capital expenditure o mejoras capitales], no se utiliza, cierra el año y básicamente tuviste una partida millonaria o multimillonaria sin utilizar, cosa que se pudo utilizar en otro proyecto o para otros servicios esenciales u otras agencias”, reaccionó Omar Marrero, principal oficial financiero del Gobierno.

Marrero añadió: “Por eso este año desde que yo llegué a este rol en agosto, hemos estado bien celosos monitoreando cómo las agencias están gastando ese [dinero de] capex y asegurar, por ejemplo, que lo comprometan. Eso se está monitoreando. El asesor de infraestructura de La Fortaleza está ayudando a las agencias a monitorear”. El CPI solicitó desde enero una entrevista con la principal asesora de infraestructura del Gobierno desde el 2017, María Palou Abasolo, cuyo trasfondo profesional es como abogada, y no tiene estudios ni experiencia en temas de planificación. La Fortaleza no ha respondido.

Marrero aseguró que hasta diciembre, el Gobierno estaba al día en el gasto de su presupuesto vigente de mejoras capitales. Pero los números que su misma agencia publica no lo apoyan.

Al finalizar diciembre — mitad de año fiscal — el Gobierno solamente había usado $4 millones de los $228 millones disponibles en el Fondo General para mejoras capitales, o menos del 2% del total asignado, según documentos de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). A pesar de tener salones cerrados por hongo y decenas de edificios con grietas, la Universidad de Puerto Rico (UPR) había gastado en los primeros tres meses del año fiscal poco más de $650,000 en mejoras capitales de un presupuesto de $8.7 millones para ese periodo. La UPR continúa retrasada al día de hoy en el uso de su presupuesto para mejoras a su infraestructura, según confirmó además la Junta de Control Fiscal al CPI.

En el caso de Salud, la agencia no tiene un centavo destinado de manera directa para mejoras capitales en el presupuesto del Gobierno que está vigente. La OGP tiene más de $150 millones que distribuye entre agencias para que realicen este tipo de trabajos. El CPI preguntó qué cantidad de estos fondos, si alguna, ha sido destinada a mejoras de la infraestructura de Salud, pero la OGP no atendió la petición.

La falta de inversión en infraestructura en Puerto Rico no es un problema nuevo. Para la década del 2000, el Gobierno invertía casi $3,000 millones anuales en infraestructura y mejoras capitales. Poco a poco, a través de las administraciones de Sila María Calderón, Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño Burset, Alejandro García Padilla y Ricardo Rosselló Nevares, la cifra se redujo hasta tocar fondo en el 2017, cuando apenas superó los $1,000 millones, una tercera parte de lo que se gastaba diez años antes.

“En el tiempo que llevo cubriendo a Puerto Rico, nunca han atendido sus mejoras capitales”, expresó Matt Fabian, analista de Municipal Markets Analytics con más de 20 años cubriendo la isla.

Apuestas fallidas

La promesa de la administración Rosselló Nevares era aumentar la inversión del Gobierno en “mejoras capitales” a por lo menos 3% del Producto Interno Bruto (PIB), que es el promedio entre los países que componen la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, según Marrero.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, recordó que el Gobierno declaró una emergencia en infraestructura, estableció dos comités dedicados exclusivamente a ese tema, acortó el proceso de permisos para “proyectos críticos”, hizo más fácil establecer Alianzas Público Privadas al permitir propuestas no solicitadas y firmó una nueva ley de permisos que establece la figura de los “proyectos estratégicos”. Desde el ámbito federal, mencionó el Título V de PROMESA y su proceso expedito de permisos también para “proyectos críticos”, y la reforma contributiva federal del 2018 que declaró más del 95% de la isla como “Zonas de Oportunidad”, con tasas reducidas para atraer inversión externa.

Ninguna de estas iniciativas ha cumplido con las expectativas y al cierre del 2018, el Gobierno invertía solamente el 1% de su PIB en infraestructura. Los procesos expeditos de permisos, la designación de proyectos prioritarios y el uso de las alianzas público privadas han sido promesas hechas por varias administraciones sin mayores resultados a la hora de aumentar el nivel de inversión en infraestructura.

Nada de esto logró que los hospitales de Salud estuvieran en condiciones óptimas para enfrentar huracanes, terremotos o una pandemia como la del nuevo coronavirus.

El CPI preguntó a Laboy cuándo fue la última vez que se reunió el Concilio de Infraestructura, uno de los dos grupos establecidos por la administración Rosselló Nevares para atender al tema. El Secretario dijo que no podía precisar una fecha debido al alto número de juntas de directores, comisiones y grupos de trabajo de los cuales participa y forma parte.

El proceso expedito de permisos a nivel local para proyectos críticos permanece sin utilizarse y solamente existen “cinco a siete proyectos” estratégicos, de los cuales alguno “puede que haya comenzado el proceso de permisología”, admitió el secretario de Desarrollo Económico, sin poder precisar cuál. El DDEC no contestó una petición de seguimiento para obtener el detalle de los proyectos que han sido designados como estratégicos.

El Título V se utilizó una sola vez, para un desarrollo de viviendas que ha sido cuestionado por alegados conflictos de intereses entre algunos de los involucrados. Mientras la administración Rosselló Nevares dijo que el Título V es innecesario, la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, quien funge además como “coordinadora de revitalización” luego de la abrupta salida de Noel Zamot, defendió el mecanismo y espera que funcione una vez la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) salga de su quiebra y llegue más inversión privada a la isla.

Las Alianzas Público Privadas (APP), pilar de campaña de la administración Rosselló Nevares,también estaban supuestas a usarse para proyectos críticos de infraestructura. En sus inicios, el Gobierno esperaba atraer más de $10,000 millones en inversión privada en infraestructura en 10 años, a través de una lista preliminar de 22 proyectos.

Durante los pasados tres años, el Gobierno ha anunciado una y otra vez un puñado de iniciativas como APP, pero al día de hoy no ha cerrado ninguna de ellas. La lista de proyectos anunciados desde el 2018 pero que todavía no arrancan, incluye la operación del servicio de lanchas a Vieques y Culebra, el reemplazo de contadores de agua y la privatización de los sistemas de transmisión y distribución de la AEE.

Marrero, quien tuvo a su cargo el programa de Alianzas Público Privadas, sostuvo que a pesar de haber identificado un calendario de más de 20 proyectos, el plan fiscal nunca contó con esa inversión. “Es que se creó una expectativa que los 22 [proyectos] iban a ser 22 privatizaciones. Eso nunca se dijo. Eran 22 proyectos que identificamos como proyectos que podrían ser posibles Alianzas Público Privadas”, expresó el funcionario.

Una de estas “posibles Alianzas Público Privadas” que nunca cuajaron fue la renovación y reconstrucción de Centro Médico.

Por su parte, Jaresko dijo que aunque el Gobierno ha mostrado algo de mejoría durante este año fiscal, continuará enfrentando problemas a la hora de usar su presupuesto de mejoras capitales hasta que no reforme la manera en que adquiere bienes y servicios, como por ejemplo, equipo médico para hospitales. Una propuesta de campaña de Rosselló Nevares que se firmó como ley en 2019 centraliza las compras en el Gobierno. Pero lejos del papel, su implementación no arranca, a juicio de Jaresko.

Esa reforma de compras está retrasada, ¿cierto?, preguntó el CPI.

“Está bien retrasada. Se firmó la ley, pero apenas hemos recibido un borrador del reglamento”, dijo Jaresko. “Ese proceso de compras no tan solo es crítico para prevenir la corrupción, para la transparencia, para [lograr] el mejor precio, sino que también es crítico para que el dinero realmente salga [a los proyectos]”, agregó la directora ejecutiva de la Junta.

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