El portavoz de los laboratorios clínicos afirmó que son múltiples las irregularidades que han distinguido a esta corporación pública en sus procesos de administración e implementación del Plan de Salud del Gobierno.

Tras la suspensión por parte de la Administración de Seguros de Salud (ASES) de una reunión que fue pautada para este pasado martes, la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico se reiteró en que la única opción que les queda para defender los derechos de los pacientes y proveedores es la acción judicial que radicaron el pasado 17 de marzo de 2023 ante un Tribunal en contra de dicha agencia.

En dicho recurso judicial, se informó, la organización exige que esa corporación pública cumpla con su deber ministerial de garantizar a la ciudadanía acceso adecuado a pruebas de laboratorio.

“Es lamentable tener que recurrir al tribunal, al Centers for Medicare and Medicaid (CMS) y al Congreso de los Estados Unidos, para procurar justicia en favor de nuestros pacientes y proveedores. El gobierno no nos ha dado otra opción; ni el ejecutivo ni el legislativo han querido intervenir y resolver definitivamente esta situación”, expresó el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico, Wilson López.

Afirmó que “la acción judicial se confirma como alternativa indispensable en contra de ASES, en particular, ante la cancelación, una vez más, de una reunión que luego de cancelaciones previas, quedó pautada para ayer, martes, 18 de abril a las 2:00 pm”.

Sostuvo López en declaraciones escritas que “en la reunión trunca, cancelada nuevamente por la Sra. (Edna) Marín, Directora Ejecutiva de ASES, se habrían discutido alternativas para atender y mitigar la situación que afecta a los pacientes en los laboratorios clínicos de la comunidad. Por el cierre de puertas, como este, es que el litigio se convierte en alternativa”.

El portavoz de los laboratorios clínicos afirmó que son múltiples las irregularidades que han distinguido a esta corporación pública en sus procesos de administración e implementación del Plan de Salud del Gobierno. “Tantas que incluso, son objeto de investigación por parte de autoridades federales”, dijo.

Explicó que la acción judicial iniciada por la Asociación, en el caso Civil SJ2023cv02431, persigue que se obligue a ASES a establecer las políticas de necesidad médica de forma estandarizada, así como parámetros de control que garanticen el acceso a los pacientes, a las pruebas de laboratorio que resultan necesarias para los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno.

“El 71% de las decisiones médicas se fundamentan en resultados de pruebas de laboratorio. ASES, sin embargo, ha impulsado la imposición de tarifas tan bajas, que no cubren el costo que implica para el proveedor realizar la gran mayoría de las pruebas de laboratorio que se supone sean cubiertas por Medicare. En ese contexto, al menos unas150 pruebas, de aquellas que con mayor regularidad se realizan a pacientes en Puerto Rico, no serán cubiertas por la tarifa impulsada por ASES”, denunció López.

En la Demanda presentada se alega que “arbitrariamente y sin conducir estudios de costos o viabilidad económica alguno, ASES estableció que las aseguradoras contratadas, podrán pagar a los laboratorios clínicos hasta un 70% de las tarifas que pagaría medicare. ASES está obligada a realizar una evaluación actuarial para determinar el impacto que tendría en la prestación de servicios, en la asequibilidad de los mismos y en la calidad de los tales, la tarifa pagadera a los proveedores”, abundó.

Recordó que en el verano de 2017, ASES optó por aumentar las primas pagaderas a las aseguradoras contratadas y, a su vez, favoreció́ la reducción de las tarifas pagaderas a los laboratorios clínicos en Puerto Rico y que esa acción resultó en la pérdida de $1,000 millones en fondos federales no utilizados y que fueron devueltos al Departamento de Salud federal.

Aseguró que, como preámbulo a esta acción judicial la organización ha tratado de enfrentar y remediar la situación por vías administrativas. “Debido a la inacción de parte de ASES y su abierto desinterés para atender los problemas que afectan la salud pública, nos enfrentamos a un sistema en colapso. Este último cierre de puertas en rostro, realizado por la Sra. Marín nos confirma la obligatoriedad de esta acción judicial en curso, la Asociación no tiene otra alternativa que aquella de recurrir al auxilio del Poder Judicial”, concluyó.