El organismo rector solicitó ante la jueza que atiende la quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, un plazo de 60 días para que las familias reclamantes en el pleito de clase del caso Rosa Lydia Vélez acepten o no una propuesta para indemnizar.

Dos organizaciones demandantes en el pleito de clase del caso Rosa Lydia Vélez contra el Departamento de Educación (DE) repudiaron, este miércoles, una propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que, según señalaron, busca liquidar reclamaciones hechas por familias con estudiantes de educación especial hace 44 años, cuando se encausó el litigio.

El Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial y, a su vez, la Alianza de Autismo de Puerto Rico, alegan que la movida de la Junta de Supervisión Fiscal “pretende liberar de responsabilidad” al gobierno con los más de 6,500 reclamantes que esperan recibir los $75,000 por persona que concede la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado. La JSF, por su parte, “pretende” pagar $25,000 por familia, lo que representa una indemnización total de $5,100 por persona.

“No entienden, ni tienen idea del dolor, el sufrimiento y el malestar que reciben estas familias. Seguimos observando cómo se despilfarra el dinero. Cómo se mal usan los fondos públicos para cualquier asunto, menos para atender las necesidades de estas familias”, indicó Carmen Warren, portavoz del Comité Timón, quien calificó la moción de la Junta como “un acto político fríamente calculado”, debido a que se sometió un día después de las elecciones generales.

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El martes, las organizaciones también presentaron una moción ante la jueza Laura Taylor Swain, quien atiende la quiebra de Puerto Rico, objetando la propuesta transaccional unilateral de la Junta que solicitó un plazo de 60 días para que los reclamantes acepten o denieguen la propuesta presentada.

Las familias que acepten recibir los $25,000, quedarían fuera del caso, mientras que las que rechacen el monto deberán continuar con la evaluación de sus reclamaciones “bajo el oneroso y opresivo proceso al que obliga PROMESA (Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico)”.

“El DE no es el único responsable de ofrecer y vigilar por los servicios adecuados para la población. Hay agencias que tienen una responsabilidad ministerial y apoyar al DE, como lo son Salud, Familia y la Policía de Puerto Rico, que deberían observar las acciones que se cometen contra menores que tienen que ver con su condición”, abundó.

No obstante, Warren puntualizó que los $5,100 no son una cuantía asegurada, a lo que la licenciada Zoé Negrón explicó que, conforme al Plan de Ajuste de la Deuda, esa cantidad inicial de $25,000 por familia se ajusta a 20.4%.

“Como parte del proceso de quiebra, hay que liquidar todas las reclamaciones en contra del gobierno para determinar cuál es el pote. De ahí es que sale el porcentaje. Lo que se le da a todos los acreedores depende de cuánto sea, al final, la totalidad de las reclamaciones”, dijo Negrón.

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“Podemos decir ahora que está en un estimado del 20%, pero eso pudiera cambiar dependiendo de cómo se liquidan las reclamaciones. Puede subir, pero más probable es que vaya a bajar”, agregó la abogada. Además sostuvo que a la cifra de 6,500 reclamaciones, se incorporan los daños de aproximadamente 17,000 personas.

La directora de la Alianza de Autismo, Joyce Dávila, extendió un llamado a la gobernadora electa, Jenniffer González, y a los próximos líderes legislativos a comprometerse con la población de diversidad funcional, específicamente en los planteles escolares.

​​”Que intercedan, tal como se comprometieron, a favor de los niños, niñas y jóvenes de educación especial, este gran sector de nuestra sociedad puertorriqueña y que sus palabras se conviertan en actos afirmativos en favor de la justicia”, precisó Dávila.