El embargo de Hacienda contra "El Cano" no será el único
Están activos otros embargos relativos a esquemas de corrupción. Hacienda tasará los impuestos no pagados.
El contratista Oscar Santamaría Torres aseguró en un comunicado de prensa que los $6 millones que devolvió al gobierno federal tras declararse culpable de cometer corrupción en varios municipios era la totalidad de sus ganancias ilegales, pero eso no quiere decir que queda extinguida su obligación fiscal con el Gobierno de Puerto Rico.
La orden de embargo del Departamento de Hacienda contra el convicto exalcalde de Cataño, Félix "El Cano" Delgado Montalvo por el dinero que le debe al fisco de sus ingresos ilegales, y que NotiCel divulgó en primicia la semana pasada, ejemplifica que los acuerdos de aceptación de culpa criminal con el gobierno federal no cubren al gobierno de Puerto Rico y no eximen de otras consecuencias, como pueden ser acciones contributivas y bajo la Ley de Ética Gubernamental.
Una fuente de la agencia corroboró que esa orden no es la única activa relacionada con los esquemas que Santamaría Torres ejecutó y tampoco es la última, aunque no ofreció detalles porque Hacienda está impedida de divulgar acciones de ese tipo contra contribuyentes hasta que las mismas trasciendan formalmente, como con la radicación de un caso judicial.
Pero todos los ingresos, hasta los ilegales por soborno y comisiones debajo de la mesa, son tributables.
La clave está en que, cuando hay aceptación de culpa, como hicieron Santamaría Torres, Delgado Montalvo y el codueño de la empresa J.R. Asphalt Inc., Raymond Rodríguez Santos, ya se cumple con el nivel de fundamento que necesita la agencia para presumir evasión y fraude en la actividad contributiva de la persona y así iniciar las tasaciones y embargos.
Como parte de la cooperación intergubernamental, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico también puede hacer algunas divulgaciones a Hacienda, después de radicados los casos a nivel federal, que ayuda a la agencia a realizar cálculos más precisos de cuál sería la deuda contributiva y sus correspondientes penalidades y multas.
De hecho, cuando la agencia puede probar fraude, lo que en estos casos sucede porque los mismos contribuyentes aceptan sus actos ilegales, la ley le permite imponer una penalidad especial que es el 100% de la deuda tasada. Por eso, la orden de embargo contra Delgado Montalvo refleja una deuda contributiva estimada entre 2017 y 2020 de $179,254, a la que se suma una penalidad por la misma cantidad, $179,254, que unido a intereses y otros cargos lleva a un total de $403,466.95.
Órdenes de embargo similares estarían corriendo contra los involucrados no solo en sus lugares de empleo o de empleo reciente, como lo es el Municipio de Cataño para Delgado Montalvo, sino también en los bancos donde tengan cuentas, en la Administración de los Sistemas de Retiro para los que tengan un plan de retiro público, en los registros de propiedad donde tengan inscritos bienes inmuebles y en otros lugares donde el gobierno pueda interceptar dinero y valores antes de que llegue a manos del contribuyente.
Cuando se trata de municipios y de agencias públicas, Hacienda también emite avisos, que no son embargos sino previos al embargo, con los que se pretende dar cuenta a los funcionarios responsables como los Directores de Finanzas, a que deben tener cautela con liquidaciones y otro tipo de desembolso a favor de ese contribuyente.
En los hechos pertinentes al esquema de Santamaría Torres, Hacienda también está mirando las planillas corporativas porque una vez se revela el uso de la entidad corporativa en el esquema, los agentes de Rentas Internas presumen que toda la actividad contributiva de esa entidad ha sido sospechosa y la examinan.
En específico, una demanda civil consigna que J.R. Asphalt tenía una cuenta bancaria especial para recibir entre $46,000 y $56,000 mensuales de parte de Waste Collection Corp. una de las empresas de Santamaría Torres involucradas en el esquema. El dinero se justificaba porque Asphalt supuestamente era suplidor de Waste, pero los hechos aceptados por los implicados en el foro federal abarcan que Rodríguez Santos actuaba como intermediario de Santamaría Torres ante municipios como Aguas Buenas y Trujillo Alto para acordar y canalizar el esquema de sobornos y comisiones ilegales a cambio de contratos de recogido de desperdicios sólidos.
Incluso, Santamaría Torres aceptó en el comunicado que emitió después de su declaración de culpabilidad que entidades con las que no tenía vínculo formal, como Island Builders Corp. y VIP Healthcare Solutions Inc., también estaban involucradas en el esquema de contratos públicos a cambio de sobornos.
Tanto Santamaría Torres como Delgado Montalvo devolvieron dinero, y relojes de lujo en el caso del exalcalde de Cataño, como parte de sus acuerdos de culpabilidad federal, pero esa devolución, así como las incautaciones a las que se exponen los otros tres acusados, no compensan las deudas contributivas ni los eximen de las acciones administrativas y criminales que el gobierno de Puerto Rico puede presentarles.
Los otros acusados son el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, el codueño de Asphalt, Mario Villegas Vargas, y Radamés Benítez Cardona, exayudante especial del alcalde de Trujillo Alto, José Cruz Cruz.
Además de las acciones de Hacienda, los contratistas y empresas involucradas en la parte de Cataño del esquema son objeto de tres demandas del municipio para declarar nulos los contratos debido a que son producto de un acto ilegal. De declararse nulos, todo el dinero público pagado a las empresas sería objeto de recobro, por lo que el municipio también pidió embargos preventivos, de los cuales ya el tribunal aprobó uno contra Island Builders Corp. y Santamaría Torres.
Vea:
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