El presidente de la firma publicitaria KOI, Edwin Miranda, y el exrepresentante ante la Junta de Contorl Fiscal (JCF) bajo la Administración Rosselló Nevares, Elías Sánchez, deben comparecer 'bajo apercibimiento de desacato' ante la Unidad de Crímenes Ciberneticos del Departamento de Justicia de Puerto Rico luego que negaran la entrega de sus móviles requeridos para la investigación del chat en la aplicación Telegram que le costó la gobernación al otrora mandatario.

Tanto el cabildero como el publicista se negaron a entregar sus celulares a Justicia mediante una moción en la que el abogado del primero, Jose A. Andreu Fuentes, pidió dejar sin efecto no solo la entrega del telefono, sino tambien la comparecencia presencial que se le requiere a Sánchez. Lo propio intentó Miranda a traves de su representante legal, Kendys Pimentel Soto. Sin embargo, el juez superior Alberto Luis Perez Ocasio hoy ordenó al comparecencia de ambos.

El Juez tambien deja claro que la orden de entregar los móviles fue conforme a derecho, no violenta la cláusula de autoincriminación, además de que la comparecencia no constituye testimonio ni tiene el alcance de una admisión de hechos.

Sin embargo, el Lcdo. Andreu Fuentes entiende que 'el tribunal se equivocó en la interpretación del alcance de los derechos constitucionales que cobijan a todos los ciudadanos de Puerto Rico. Para mí es inconcebible que, contrario a lo que ha establecido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en Puerto Rico no se reconozca que los ciudadanos tienen el derecho de negarse a entregar su celular cuando ello sea equivalente a proveer una declaración compelida o a renunciar al derecho de privacidad. Por eso apelaremos porque considero es una decisión errónea, que atenta contra los derechos de todos'.

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Entre los integrantes del chat, están el exgobernador, su entonces asesor legal Alfonso 'Falfo' Orona, el director de la Compañía de Comercio y Exportación (CCE), Ricardo Llerandi Cruz; el exsecretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier; el publicista Carlos Bermúdez Urbina; el exdirector de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Christian Sobrino Vega; el exsecretario del Departamento de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín; el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortes; el exsecretario de prensa Rafael Cerame, y el director de la Autoridad de los Puertos, Anthony Maceira.

Llerandi Cruz así como Maceira entregaron sus telefonos a Justicia. Otros que han comparecido han sido Bermúdez, Rosario Cortes y Orona. Maldonado Gautier compareció pero se negó a entregar el celular.

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El chat privado de Telegram y la divulgación de su contenido provocó protestas masivas hasta lograr la renuncia del gobernador, exacerbadas por las conversaciones que expusieron conductas homofóbicas y misóginas entre sus allegados, abordando tambien asuntos de política pública con el cabildero Sánchez cuando este ya no pertenecía al servicio público.

El pasado 2 de agosto, fecha en la que se hizo efectiva la renuncia de Rosselló Nevares tras semanas de manifestaciones multitudinarias, el Departamento de Justicia anunció la pesquisa sobre el controversial chat. Sin embargo, la actual gobernadora, Wanda Vázquez Garced, alegó en una entrevista que desde el mismo sábado en que se filtraron las conversaciones, se inició una investigación al respecto.

Varios mencionados en las conversaciones como Arnaldo Claudio, contra quien se conspiró para sacarlo de su puesto como monitor de la Policía, se han dado cita en Justicia. Claudio llevó el asunto hasta las autoridades federales al radicar una querella en el Negociado Federal de Investigaciones Criminales (FBI, por sus siglas en ingles) luego de que las conversaciones mostraran a los colaboradores de Rosselló Nevares discutiendo movidas para dejarlo fuera porque consideraban que tenía 'agendas', según dijeron.

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