De contador público autorizado y fundador de la cuarta firma de auditoría más grande en Puerto Rico, el empresario Fernando Scherrer Caillet se convirtió en la madrugada del miercoles en uno de los seis arrestados por el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en ingles) por un alegado esquema de corrupción y fraude en el Departamento de Educación y en la Administración de Seguros de Salud (ASES).

Tal como informó fiscalía federal el miercoles en la mañana, Sherrer Caillet, un asiduo donante de campañas políticas, está acusado de fraude contra el Gobierno de los Estados Unidos, fraude electrónico, conspiración para defraudar al Gobierno de los Estados Unidos y conspiración para lavar dinero.

Como parte del esquema, tanto en Educación como en ASES, asesores de BDO contratados realizaban tareas con acceso a información privilegiada y daban órdenes sin ser empleados ni contratistas directos del gobierno, figurando como eje central Alberto Velázquez Piñol y Scherrer Caillet, tambien activo donante durante la campaña electoral del hoy gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Sin embargo, esta no es la primera vez que una empresa de Scherrer Caillet maneja información sensitiva en el sector público.

En lo que podría catalogarse como el proyecto más lucrativo del empresario, Scherrer Caillet fundó en el 2000 la compañía de contabilidad Scherrer Hernández & Company, junto a Gabriel Hernández.

Entre el 2008 y el 2012, la empresa acumuló alrededor de $13.67 millones en contratos con el Gobierno de Puerto Rico al rendir servicios de contabilidad, consultoría administrativa y auditorías a agencias como la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el Departamento de la Vivienda, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública y el ahora quebrado Banco Gubernamental de Fomento (BGF), entre otros.

Como parte de sus tareas, la firma se encargó de asistir al BGF en la certificación de empleados públicos elegibles para acogerse a la Ley 70 de 2010 de retiro incentivado, así como introducción de datos y la organización de documentos de personal. Es decir, por un salario de $1,564,125 en nueve meses, la firma de contabilidad tuvo acceso a información privilegiada de los empleados públicos del país y abonó a la toma de decisiones del gobierno respecto a ese estatuto.

En otro contrato, este de medio millón de dólares con OGP, la empresa tenía a su haber la evaluación de la compensación y los records de nómina de la Policía de Puerto Rico, con el fin de precisar las escalas salariales de ciertos policías.

En la UPR, la empresa estuvo a cargo de ayudar en la preparación de los estados financieros auditados de la institución educativa bajo la presidencia de Miguel Muñoz Muñoz. A traves de los años, lo estados financieros auditados han sido uno de los documentos que la institución entrega con atrasos a la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), lo que a su vez ha representado una amenaza para la acreditación de la universidad.

Previo a su relación contractual con el gobierno a traves de esta empresa, Scherrier Caillet se desempeñó como vicepresidente ejecutivo y principal oficial financiero de FirstBank del 2006 al 2009, espacio en el cual impulsó, según su perfil de Linkedin, 'las iniciativas de aumento de capital, la implementación y mejoras de las mediciones de riesgo de tasa de interes y las herramientas de información. Las directrices de precios mejorados para prestamos comerciales y contribuir al levantamiento de todas las órdenes de cese y desistimiento por parte de las agencias reguladoras'.

Entre 1990 y 2000, laboró en la empresa PwC, luego de adquirir su bachillerato en Contabilidad de la Washington University en St. Louis. Posteriormente, adquirió un MBA en Finanzas en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill.

En su perfil digital, se catalogó como un experto en el cumplimiento de los requerimientos del Securities Exchange Commission (SEC, por sus siglas en ingles). Además, 'conocido por sus pares por su pasión profesional en ayudar a las compañías a escapar de sus problemas financieros. Dedicación, conocimiento en la industria y pasada experiencia lo convierten en un candidato idean para ayudar a las empresas que necesiten un consultor para identificar, manejar y ejecutar formas para superar la condición económica difícil', según el portal.

En el fue miembro del Comitè Evaluador de Candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP) para las elecciones de ese año. Y, no empece a sus contrataciones recurrentes, tambien en el 2012 Scherrer Caillet y Hernández anunciaron la fusión de Scherrer Hernández & Co. con la red global de BDO International. Para ese año, BDO International ocupaba el quinto lugar entre las compañías de contabilidad más grandes del mundo, por lo que esperaban ampliar su cartera de clientes y atraer contrataciones de quienes previamente tenían que buscar en otras aguas lo que no conseguían a nivel local, como es el caso de la firma de certificaciones internacionales.

Con esta movida, la entidad se convirtió en lo que hoy conocemos como BDO Puerto Rico, lo que ayudó a posicionar a la firma entre las más codiciadas por el gobierno local y que al presente ha llegado a acumular más de $10 millones en el Departamento de Educación solamente.

Además de 'managing partner', Scherrer Caillet se desempeñaba como director en la División de Asesoría de Negocios de BDO Puerto Rico.

El registro de contratos de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico revela que hay unos 156 contratos de BDO con diversas agencias de gobierno, como Educación, y su empleador principal: el Departamento de Hacienda, que ha suscrito varios convenios a razón de seis millones de dólares cada uno, entre otros.

En mayo del año en curso, luego de que el Gobierno de Puerto Rico cancelara sus contratos con la firma a raíz de las investigaciones federales, BDO Puerto Rico despidió a 39 empleados con el fin de 'reorganizar la división de consultoría gubernamental'.

A Scherrer Caillet se le impuso la mayor fianza para quedar en libertad hasta la vista de causa entre todos los arrestados, por un total de $2 millones, la cual prestó en horas de la tarde. Además del empresario, el FBI arrestó a la exsecretaria de Educación, Julia B. Keleher, a la exdirectora de ASES, Ángela Ávila Marrero, al subcontratista de las dos agencias Velázquez Piñol, y las hermanas Mayra y Glenda Ponce Mendoza.

Mira la acusación federal emitida pulsando aquí.