Las argumentaciones de la defensa y el ministerio público en el caso de la Secretaria del Departamento de Justicia, y elevado a la consideración del tribunal por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), precisaron hechos sobre las actuaciones de los funcionarios en este caso que quedan consignados para la historia.

Antes de salir airosa, a Vázquez Garced se le imputaban violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y el Código Penal que giraban en torno a una alegada intervención indebida en el caso de Tyrone Torres Betancourt.

El ahora convicto se declaró culpable de escalar y robar en la vivienda en que se encontraba la hija de la funcionaria, acto que cometió junto a Francisco Soto Velilla.

Del proceso del viernes pasado, se desprenden dos episodios particulares, uno de ellos que no fue considerado como un elemento constitutivo de delito, pero que esboza la participación de Vázquez Garced en el proceso judicial de los convictos. Otro, en cambio, que demuestra el nivel de secretividad que imperaba en La Fortaleza y los funcionarios que laboran allí, pues tenían conocimiento del asunto desde hace varios meses.

Ambas cosas fueron planteadas por el fiscal especial Ramón Mendoza Rosario y no fueron rebatidas por los abogados de defensa Jose Andreu Fuentes y Hector Rivera Cruz. Lo que se conoce de la prueba se desprende de las argumentaciones orales porque las declaraciones juradas no han sido publicadas.

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La reunión con los fiscales

En su exposición, el fiscal especial Mendoza Rosario abordó la reunión que Vázquez Garced sostuvo con la jefa de Fiscales, Olga Castellón Miranda, así como otros fiscales quienes resultarían ligados al caso de los jóvenes procesados por el crimen sufrido por la hija de la titular de Justicia.

De acuerdo al recuento de Mendoza Rosario, el cónclave se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2017, cuatro días despues de los hechos delictivos, el 7 de diciembre.

Esta fue la reunión en la que Vázquez Garced reveló haber participado casi un año despues, al ser abordada por la prensa. No obstante, en abril, cuando NotiCel cuestionó el trato otorgado a este caso, la Jefa de los Fiscales negó participación alguna de la Secretaria.

'El incidente donde la hija de la Secretaria fue víctima de un escalamiento se atendió como cualquier otro incidente, tanto por la Policía como por los fiscales del Departamento de Justicia. La Secretaria nunca intervino con la investigación ni el procesamiento del caso. El caso fue atendido como cualquier otro asunto, como dicta la ley. La propiedad pública robada (una computadora portátil) estaba bloqueada y se recuperó, por lo que no se afectaron labores ni se perdió información. Por tratarse de un asunto familiar y personal, la Secretaria no va a emitir comentarios', Castellón Miranda (abril 2018).

No fue hasta hace un mes que se comentó la participación de la Secretaria en la reunión, sin embargo, no se discutieron los detalles que trascendieron en la vista y que no fueron negados por la defensa.

El encuentro fue citado por Castellón Miranda, pero Vázquez Garced pidió un cambio de sede para llevarla a cabo en su oficina en el Departamento de Justicia, pormenores atribuidos a la declaración jurada de la Jefa de los Fiscales.

Allí tambien se ventiló la estrategia de acusación y la postura que tomaría el Departamento de Justicia respecto a Torres Betancourt, a quien no le ofrecerían un acuerdo, y Soto Velilla, a quien se persuadiría para testificar en contra de su coacusado, ambas instrucciones de Vázquez Garced. Esta intervención de Vázquez Garced es una involucración en el encausamiento de un delito que difícilmente puede ejecutar cualquier otra madre de una víctima. Los abogados de la Secretaria argumentaron exitosamente en la vista ante la jueza Yazdel Ramos Colón que Vázquez Garced reaccionó en este caso con dos roles: el de una sencilla madre de víctima que estaba preocupada por el caso de su hija y el de una funcionaria gubernamental de alto nivel que tenía que prepararse porque no sabía si un simple escalamiento implicaba una amenaza a su seguridad como funcionaria y la de su familia.

'Esa discusión sobre esa estrategia de litigación del ministerio público que se discute en esa reunión está por escrito en el acuerdo final con el coacusado, aunque no hacía falta. Lo primero que dijo fue 'bueno, aquí no hay ningún problema, pero el tiene que testificar contra aquel'', expresó Mendoza Rosario durante la vista.

Del mismo modo, Mendoza Rosario aludió a la designación vertical de un fiscal para atender el caso de Torres Betancourt.

'Hay otras pruebas mediante declaración jurada y otra documentación que prueba que se liberó un fiscal para hacer más nada, más que trabajar con ese caso. El fiscal asignado al caso indicaba que tenía instrucciones una y otra y otra y otra vez', señaló Mendoza Rosario en referencia al fiscal Francisco González Muñiz, quien a su vez estaba alineado para testificar en la vista a favor de la Secretaria de Justicia, pero en última instancia la defensa decidió no sentarlo en el banquillo.

Cuando NotiCel estuvo presente en la vista del 3 de abril en contra de Torres Betancourt, el fiscal González Muñiz aseguró que no era un caso en que mediaba un trato preferencial.

'Es un caso donde hay huellas digitales, es un caso donde hay una confesión, es un caso donde hay testigos oculares, es un testado donde hay fotografías. Es lo que llamamos un burrito amarrao', aseguró González Muñiz (abril 2018).

Por otra parte, Mendoza Rosario mencionó la designación de una Asistente Tecnica de Víctimas particular para el caso, una que en esa vista de abril cuestionó la presencia de la prensa porque intentaban mantener el caso confidencial. Ese cuestionamiento de la presencia de prensa en sala por parte de una Asistente Tecnica de Víctimas no es común en una jurisdicción en la que hay un derecho constitucional a juicio público.

Estos datos, enfatizados en sala por el FEI, fueron refutados por la defensa bajo el argumento de que se trataba de la Secretaria de Justicia ejerciendo sus funciones oficiales.

'Todo lo que hizo la Secretaria de Justicia en este caso, fue garantizarle los derechos [a su hija] que se le garantizan a todos. ¿Dónde está la ilicitud de una Secretaria de Justicia de ver el expediente de los delitos cometidos en la casa de su hija? ¿Que ley que el fiscal haya dictado aquí dice que la Secretaria no puede ver los delitos? No la hay. Es falsa, es demagogia', exclamó el licenciado Andreu Fuentes.

Sin embargo, la realidad es que, mientras el expediente de un caso en el tribunal está disponible para examen público, las víctimas de delito, ni el público, tienen acceso al expediente de los fiscales que integra no solamente evidencia sino investigación y estrategia. Es a esto que tuvo acceso Vázquez Garced como funcionaria pública que, además, era la madre de una víctima de delito. Como Secretaria, Vázquez Garced tiene acceso a la información que contesta preguntas sobre este caso que ya no tendrán contestación porque el arreglo con el acusado evitó que se desfilara prueba en corte abierta sobre elementos como la manera en que Torres Betancourt llegó al hogar, cómo fue que ocurrió el escalamiento, la relación que tenía con el coacusado Soto Velilla, quien es pariente del esposo del yerno de la Secretaria, y todo lo que rodea a los equipos oficiales del Departamento de Justicia que fueron parte de la propiedad robada.

El abogado subrayó la importancia que tenía para la Secretaria conocer los detalles del crimen contra su hija, pues como parte de sus funciones se encuentra dilucidar si se trataba de un ataque a su familia a modo de tomar represalias por la ejecución de sus labores.

'Ese funcionario tiene el derecho de seguridad propia para ella o el y para su familia', apuntó.

Por lo demás, Andreu Fuentes preguntó de varias formas en que se benefició Vázquez Garced al condenar a Torres Betancourt, quien tenía antecedentes penales y al momento de cometer el acto estaba bajo probatoria, a 15 años de prisión en vez de 35, siendo este familiar lejano del yerno de la funcionaria.

El manejo de La Fortaleza

Aunque la discusión masiva del caso contra Vázquez Garced tomó auge el 1 de noviembre, luego de que este medio revelara que la funcionaria era el foco de una investigación colateral de la OPFEI, miembros de la Mansión Ejecutiva conocían de imputaciones en contra de la Secretaria desde abril.

Ese mes, y tras la declaración de culpabilidad de su hijo, Nayda Betancourt Colón acudió a La Fortaleza en donde relató lo que ella entendía como una intervención indebida por parte de Vázquez Garced.

Allí, fue recibida por un ayudante de la entonces subsecretaria de la Gobernación, Itza García Rodríguez, quien, al conocer del asunto, lo remitió al principal asesor legal del Gobernador, Alfonso Orona Amilivia.

Este acto, tal como declaró en múltiples ocasiones, fue tomado por la Secretaria de Justicia como un intento de intimidarla y obstaculizar la pesquisa referente al lío de WhatsApp. Este caso involucraba a García Rodríguez y más de una docena de funcionarios públicos y concluyó con la radicación de cargos criminales contra el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Rafael Ramos Sáenz.

Orona Amilivia, de acuerdo a su declaración jurada citada por Mendoza Rosario, le pidió a Vázquez Garced que se expresara antes de que las alegaciones fueran remitidas a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). La solicitud se dio en una reunión celebrada en los predios de La Fortaleza.

Castellón Miranda, por su parte, alegó que en aquel momento Vázquez Garced nunca le informó que habría una investigación etica en su contra. No obstante, le pidió que continuara con el procedimiento relacionado al referido de la alegada intimidación. Es Castellón Miranda, entonces, quien remitió los documentos a la OPFEI, pues se inhibió del proceso.

'Comunicación de Wanda Vázquez a Jefa de Fiscales revela que le estaba pidiendo que sigan hacia adelante con alegaciones de Nayda Betancourt, porque ella entiende que es una forma de intimidarla a ella, que es una forma de obstaculizar una investigación que ella está llevando a cabo', relató Mendoza Rosario en la vista.

El 13 de abril, Vázquez Garced envió una carta al gobernador Ricardo Rosselló Nevares en la cual confirmaba que había advenido en conocimiento de las alegaciones en su contra, por lo que las refirió a las autoridades pertinentes.

'¿Que es lo primero que dice la Secretaria? 'Investiguen eso a ver si es que hay que investigar. Estamos abiertos a cualquier investigación por las autoridades pertinentes. Investigue a ver si hay que investigar, pero tambien que investigue una intimidación en su contra'', justificó, por su parte, el abogado Andreu Fuentes.

El 1 de noviembre, el Gobernador confirmó la existencia de una investigación etica contra Vázquez Garced y el referido que realizó su equipo a la OEG. La pesquisa de esta agencia no ha culminado.

Al finalizar la vista con la declaración de no causa en su contra, la Secretaria de Justicia aseguró que la investigación fue viciosa y catalogó el proceso como uno amañado y atropellante contra ella y su familia. De manera simultánea, Rosselló Nevares la reinstaló a su cargo, pero los fiscales de la OPFEI todavía tienen la opción de intentar someter los cargos otra vez mediante un procedimiento de vista de causa para arresto en alzada.