Los empleados judiciales tuvieron su primera revisión salarial en 25 años, pero el ente fiscal le recortó $8 millones a la propuesta original de la OAT.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) recortó $8 millones a la propuesta que sometió la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) para revisar por primera vez en 25 años los salarios de los empleados del Poder Judicial, lo que dejó un ajuste que, en promedio, es de $345 mensuales pero que, en casos individuales, resultó en la decepción de muchos empleados.

“Va a haber empleados desilusionados por una expectativa que hubieran tenido… a nosotros nos chocó cuando vimos las cartas”, dijo la jueza presidente, Maite Oronoz Rodríguez, al informar los detalles del plan de retribución nuevo ayer junto al juez administrador, Sigfrido Steidel Figueroa. La jefa del Poder Judicial hizo el comentario cuando NotiCel le preguntó por información que había trascendido de que había empleados con 30 años de servicio cuya revisión significó un aumento de solo $13 mensuales.

Esas cartas que Oronoz Rodríguez se estuvieron distribuyendo ayer a toda prisa, incluso mientras ocurría la conferencia de prensa, y se esperaba que el Departamento de Hacienda pudiera hacer los justes para incluir los aumentos en la nómina del 15 de agosto. El primer cheque bajo el plan nuevo va a ser más grande porque el mismo es retroactivo al 1 de julio, por lo que tendrá el aumento de más de un mes. La Jueza Presidenta y el Juez Administrador no pudieron identificar cuáles puestos habían recibido los aumentos más bajos, pero sí que hay nueve empleados que no recibieron ninguno y que el aumento más alto, $1,830 mensuales, fue para la posición de asesor legal.

El Poder Judicial tiene 4,109 empleados, sin contar 386 jueces, que se dividen 70% en empleados de carrera y 30% en funcionarios de confianza.

Entre los de carrera, las nuevas escalas van de $1,788 mensuales a $4,402 y las anteriores eran de $1,379 a $3,399. Mientras, entre los de confianza, las escalas nuevas son de $2,275 a $7,255 mensuales y las anteriores eran entre $1,497 a $4,922.

Tras dos años y medio de intercambio con la Junta, lo obtenido es “el mejor plan posible”, dijo Oronoz Rodríguez.

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Tanto el Poder Judicial como la Junta proponían que su versión de los aumentos respondía al “mercado laboral”, pero la visión de la Junta de ese “mercado laboral” resultaba en $8 millones menos que la visión de la Judicatura. Oronoz Rodríguez dijo que la divergencia surgió porque ambas partes usaron fuentes y estadísticas distintas sobre el “mercado laboral”. La OAT también propuso, sin éxito, que algunas posiciones no podían compararse con el “mercado laboral” debido al “elemento de confidencialidad requerido en los procesos judiciales”.

Los aumentos autorizados suman $18.5 millones y la propuesta original sumaba $26.6 millones. La diferencia está disponible para un programa de incentivos por productividad que la OAT todavía discute con la Junta. Oronoz Rodríguez dijo también que el recorte de la Junta se debió también al deseo del ente de que el Plan de Retribución en el Poder Judicial fuera consistente con el plan de retribución del Poder Ejecutivo y recordó que el año pasado todos los empleados recibieron aumento de $200 mensuales.

Aparte los $26.6 millones autorizados para aumentos en los funcionarios judiciales, la JSF autorizó $11.2 millones para aumentos a los jueces, pero esto requiere acción legislativa porque son salarios fijados en ley. “El que sobre dinero de los empleados no nutre el fondo de los jueces y el bajar el fondo de los jueces no le nutre el dinero a los empleados, son totalmente separados”, dijo la Jueza Presidenta para aclarar que los cambios en las escalas de empleados no benefician ni perjudican las escalas de jueces.

Oronoz Rodríguez admitió que, tal y como criticó la Asociación de Empleados Judiciales, los empleados no fueron consultados para el Plan de Retribución porque entiende que no procede y que lo que procede es que se le consulte para la próxima etapa, que es un Plan de Clasificación donde se revisarían las categorías de puestos para concluir si hay posiciones que ya son necesarias y si faltan otras que no están contempladas hoy.

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