La obligación de votar solo adelantado sobrecarga una forma de participación electoral que le ha dado victorias a ese partido en las últimas dos elecciones.

Con dominio en el legislativo, ejecutivo y judicial, el Partido Nuevo Progresista (PNP) presentó un proyecto de ley para extender el sufragio a las personas domiciliadas en Puerto Rico que no sean ciudadanos americanos, pero esas personas solo podrían participar mediante voto adelantado, la modalidad que le ha dado ventaja a ese partido en las últimas dos elecciones y que también ha retado las capacidades logísticas de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

El Proyecto del Senado 125, que radicó el portavoz del PNP, y dominicano, Gregorio Matías Rosario, no es el primer intento de extender el derecho al voto a residentes no ciudadanos, pero el elemento de que estos electores solo podrían votar en modalidad adelantada no estaba en las otras ocasiones que se intentó.

En las últimas dos elecciones, la estructura del PNP ha dominado el voto adelantado, logrando revertir resultados municipales y legislativos que se registraron la noche de la elección con el voto presencial en colegios. Planteado originalmente como una excepción al voto presencial por circunstancias especiales de la persona, el voto adelantado se ha ido ampliando hasta cubrir a todo elector con 60 años o más, aunque no pueda evidenciar ninguna limitación para acudir al colegio el día de la votación.

Ninguna de las categorías actuales de voto ausente especifica que esa es la única modalidad que va a estar disponible para ese elector. Pero el proyecto de ley indica que “en el caso de los ‘electores residentes’, el voto adelantado será el único mecanismo por el cual estos podrán ejercer su derecho al voto”.

La exposición de motivos del proyecto no plantea la razón por la que esta nueva categoría de “electores residentes” solamente pueden participar mediante el voto adelantado.

Igual que en intentos anteriores, abrir espacio para “electores residentes” implica una serie de cambios en el resto del Código Electoral.

Entre los cambios están una papeleta estatal nueva para que estos electores solo puedan votar por el gobernador, ya que por disposición federal no pueden votar por un cargo federal, como es el comisionado residente.

También, se enmendaría el Código Electoral para excluirlos de votar en las primarias presidenciales y disponer qué proceso tienen que seguir para poder inscribirse. El requisito básico de inscripción sería por lo menos un año de residencia en la isla previo a la elección y tener “estatus migratorio de residente legal permanente”. Aunque para los demás votantes la tarjeta electoral no es necesaria porque se les permite otras formas de identificación al votar, para los “electores residentes”, la tarjeta electoral que se les expedirá será necesaria.

Distinto a otras versiones de la legislación, el proyecto sometido este año especifica que, a la hora de contar los votos de estos “electores residentes”, la CEE debe tramitarlos bajo un colegio especial en cada precinto electoral. “Este colegio podrá constituirse en conjunto con cualquier otro colegio que se establezca para el voto adelantado en cada precinto electoral, en la fecha que se determine para tales efectos”, indica la medida.

Al momento de su elección al Senado por primera vez el cuatrienio pasado, para sustituir a otro senador penepé, Matías Rosario celebró y resaltó que nació en la República Dominicana. Previo a ser senador, se desempeñó como miembro de la Policía y sus actos de violencia hacia un individuo, precisamente dominicano también, fue uno de los episodios que provocó que el Departamento de Justicia interviniera con la Policía y la sometiera al proceso de reforma en el que todavía sigue.

Este proyecto no es el único que el PNP ha radicado este cuatrienio sobre el proceso electoral.

El presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, sometió el Proyecto del Senado 71, para crear una licencia de cinco días con paga que se le pueda extender a empleados de gobierno para realizar labores en la CEE. El beneficio estaría disponible desde el 1 de julio del año de la elección general hasta que termine el escrutinio y es adicional a la disposición que ya tenía el Código Electoral de que ningún jefe de dependencia pública puede negarse si un empleado le pide irse a trabajar a la CEE mediante el mecanismo de destaque, lo que significa que la agencia le sigue pagando el salario, aunque la persona esté trabajando para un partido.

En la Cámara de Representantes, el presidente Carlos Méndez Núñez sometió una medida que convierte en vinculante cualquier decisión de una Comisión Local que no haya sido revisada por la CEE si ocurre en los 30 días previos a la votación. La Comisión Local es el organismo que se crea con jueces del Tribunal de Primera Instancia para decidir controversias electorales en las distintas regiones del país. Lo más común en ese foro son las recusaciones.

También, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló sometió un proyecto para darle a los funcionarios electos la ventaja de que, si van a reelección, pueden someter el informe financiero certificado por la Oficina de Ética Gubernamental, en vez del Informe de Estado de Situación Financiera Revisado que se le requiere ahora a todos los candidatos y que implica la retención de los servicios de un contador público autorizado. La medida también mandataría que los cursos que toman todos los funcionarios electos sean modificados en casos de funcionarios que sean reelectos.

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