Ante las denuncias sobre dinero que nunca devolvió a médicos inversionistas de un plan de salud, el secretario designado de Salud emitió declaraciones que no están respaldadas por expedientes ni cronología de eventos.

La gobernadora Jenniffer González Colón mantuvo ayer su respaldo a Víctor Manuel Ramos Otero como designado secretario de Salud, a la vez que el funcionario hizo declaraciones escritas que no están respaldadas por los expedientes, ni la cronología de eventos, relacionados con los $1.4 millones que recogió entre médicos y proveedores para crear un plan de salud y que nunca les devolvió.

“No hay ninguna acusación, hay alegaciones. Son dos cosas bien distintas. Una cosa es una alegación, otra cosa es una acusación, no hay ninguna agencia estatal o federal que haya acusado al secretario de Salud de nada”, dijo la gobernadora al referir a Ramos Otero la contestación de las preguntas que surjan de la transacción en la que, siendo presidente del Colegio de Médicos Cirujanos (CMC), pidió aportaciones a casi 200 médicos y entidades del campo de la salud para crear un plan de salud, pero luego no les rindió cuentas ni les devolvió el dinero cuando el plan fracasó.

González Colón se refirió a un reportaje ayer en el que NotiCel recopiló datos relativos a la propuesta para crear CMC Care Health Plan (CMC Care) y entrevistó a cuatro de las personas que hicieron aportaciones, hasta de $50,000, después de que Ramos Otero les presentara la propuesta. NotiCel solicitó entrevista a Ramos Otero sobre este tema el 25 de febrero, pero no contestó hasta ayer, 11 de marzo, después de que se publicara el reportaje.

En su respuesta, alega que el calendario trazado para la creación de CMC Care se atrasó por el huracán María, que cuando entregó la presidencia del Colegio a Carlos Díaz Vélez en 2022 estaba todo listo para lograr la creación del plan y que fue éste el que no prosiguió.

“Cuando el Dr. Carlos Díaz asumió la presidencia del Colegio y del plan médico, ya todo estaba listo para su radicación ante la Oficina del Comisionado de Seguros. Durante la transición, se le entregó el estudio actuarial y se le presentó un nuevo inversionista, ya que el impacto del huracán María había detenido el interés de algunos posibles accionistas”, expresó Ramos Otero el lunes.

“Es fundamental enfatizar que fue el Dr. Carlos Díaz, en su rol como presidente del Colegio y del plan médico, quien tomó la decisión de no continuar con la directriz de la Asamblea General y de no presentar los estudios actuariales ni los documentos requeridos ante el Comisionado de Seguros”, añadió al apuntar también que manejó los fondos destinados a la creación de plan “con total transparencia”.

A los médicos y entidades que aportaron dinero, y lo perdieron, se les dijo que su inversión se depositaría en una cuenta de plica (escrow account). En este tipo de cuenta, el dinero solo puede moverse para propósitos preacordados. En este caso, ese propósito era comprar la licencia de Golden Cross Health Plan Corp. (GCHP) para usarla como licencia de CMC Care.

Pero tan temprano como junio de 2018, una carta del Comisionado de Seguros dirigida a Ramos Otero evidencia que se iba a cerrar el caso de la transferencia de la licencia de GCHP a CMC Care porque Ramos Otero no había entregado información actualizada sobre los inversionistas ni sobre el capital levantado. A esa fecha de junio, todavía había médicos haciendo aportaciones al fondo de inversión.

Un mes después, julio de 2018, Ramos Otero envió una carta a la Asociación de Médicos del Oeste, quienes invirtieron $35,000, para decirles que el Comisionado no había aprobado la compraventa de Golden Cross y que, por eso, “la cuenta escrow de CMC Care Holdings LLC se volvería operacional con el propósito de realizar las gestiones para obtener una nueva licencia de organización de seguros de salud”. Esta carta fue en respuesta a que ese grupo de médicos pidió que le devolvieran sus $35,000.

A esta comunicación, la Asociación contestó planteando que “en ningún momento se realizó una reunión de accionistas del plan para cambiar los planes establecidos para el uso del dinero de nuestra aportación” y que, a preguntas de uno de sus miembros, el doctor Elvin Vigo Paredes, en una reunión en Aguada, el mismo Ramos Otero le había dicho que el que quisiera retirar su aportación podía hacerlo.

A ninguno de los médicos con los que NotiCel habló se le devolvió su dinero.

Copia de un cheque cancelado en poder de NotiCel demuestra que ocho meses antes de estas conversaciones sobre la devolución del dinero, en noviembre de 2017, Ramos Otero vació la cuenta plica de CMC Care en la cuenta de otra entidad, CMC Care Holdings LLC (Holdings), que está en otra institución financiera y que solo controlan él y el doctor Roberto Pérez Nieves, extesorero del Colegio. El incorporador único de Holdings, que sigue activa hoy, es Ramos Otero. En sus declaraciones escritas, el secretario designado de Salud no aludió a esta entidad corporativa de la cual llegó a cobrar salarios una pariente suya.

“Inicialmente, el plan estaba diseñado para ofrecer cobertura a pacientes bajo el modelo Medicare Advantage; sin embargo, en el proceso se decidió modificar su estructura para convertirse en un plan de salud de cubierta comercial. Esta decisión llevó a realizar cambios en la administración de la cuenta bancaria y en otros aspectos operacionales del proyecto”, dijo Ramos Otero en sus expresiones escritas sin precisar quién, y cuándo, autorizó esta modificación de la estructura.

Por su parte, Díaz Vélez dijo a NotiCel que es “totalmente falso” que Ramos Otero hubiera entregado información sobre el plan al momento de dejar la presidencia porque no hizo transferencia formal ni de la administración del Colegio ni de CMC Care. El actual presidente del Colegio dijo que todavía hoy está encontrando documentos relativos a CMC Care entre otros expedientes de la entidad.

Precisó que, además de los $1.4 millones que levantó entre médicos y entidades, la propuesta de crear un plan de salud tuvo autorizada una asignación de $600,000 por parte de la Junta de Directores del Colegio, la cual también se gastó. Como vicepresidente de la Junta en ese momento, Díaz Vélez era una de las firmas alternas en la cuenta de banco, pero después de que Ramos Otero creó Holdings, solo el secretario designado y Pérez Nieves eran las firmas autorizadas. Confirmó que la Junta aprobó la propuesta de Ramos Otero de embarcarse en la creación de un plan de salud, pero no recibían informes detallados sobre su desarrollo o el uso del dinero. En enero de 2022, esa cuenta de Holdings tenía unos $900, dijo. En marzo de 2022, Ramos Otero se negó a entregarle información sobre Holdings, acotó.

Las afirmaciones de Ramos Otero, sin apoyo documental, de que en 2022 todo estaba listo para que el plan arrancara contrastan también con las aseveraciones que le hizo al tribunal como presidente del Colegio en el mismo abril de 2022. Como parte de una demanda que sometió la entidad contratada para desarrollar el plan, Health Management Initiatives Group Inc. (HMIG), Ramos Otero aseguró al tribunal que la reclamación de cobro de esta entidad no procedía porque había incumplido su contrato.

El incumplimiento fue que realizó sus labores “de manera que raya en lo incompetente, siendo esa una razón primaria por la cual el plan de salud ideado por los demandados no pudo concretarse previo al Huracán María”. “Aun cuando HMIG se vendió como el experto en la materia, la autorización para participar en los planes federales de salud fue cancelada por la incompetencia del demandante. Además, la Oficina del Comisionado se negó a autorizar que HMIG fuese el administrador del plan de salud por dudas del regulador en torno a legalidad de ciertas transacciones pasadas de los principales de dicha empresa”, añadió al reclamar que, a ese momento, HMIG todavía no le había entregado al Colegio cierta “propiedad intelectual e información confidencial”.

Ramos Otero hizo esa comparecencia judicial a través de la hoy secretaria designada de Estado, Verónica Ferraiuoli Hornedo, quien era representante legal de las dos cosas, del Colegio y de Holdings.

“La realidad es que el doctor Víctor Ramos conoce el sistema de salud, ha impedido el cierre de varias instituciones de salud en el pueblo de Utuado, en Cabo Rojo recientemente, y no estamos en las de improvisar. Este tema es bien delicado y máxime en términos de fondos federales”, dijo la gobernadora en defensa de su candidato y en referencia a los casi $7,000 millones en fondos estatales y federales sobre los que tiene poder el secretario de Salud.

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