Cuando era portavoz en la Cámara de Representantes, la gobernadora tronó contra la repartición de dinero público para “comprar votos”, pero hoy lo avala.

Cuando el Partido Popular Democrático (PPD) quiso hacer cambios al Fondo de Mejoras Municipales (FMM), el barrilito de asignaciones legislativas, en 2014, la entonces portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Jenniffer González Colón, se opuso porque eso era “para comprar votos en el año eleccionario”.

Hoy que es gobernadora, y cuando ese mecanismo de donativos legislativos está bajo investigación criminal por casos constatados de malgasto millonario y con señalamientos de ilegalidad de parte de la contraloría, la hoy gobernadora opinó que eliminar el barrilito “no es la alternativa”.

Lo que la portavoz criticaba en 2014 era el Proyecto de la Cámara 1816, de la autoría de los populares Rafael Hernández Montañez y el entonces presidente cameral, Jaime Perelló Borrás. La medida buscaba que el dinero que venía del Impuesto sobre las Ventas y Uso para la disposición de los legisladores se usara para empleos, además de para obras.

La medida fue aprobada en la Cámara, pero murió en el Senado.

En una comunicación que tituló “el PPD se da por perdido en el 2016”, González Colón criticó que “ante el desespero del Partido Popular al verse perdidos en el 2016, recurren ahora a revivir el tan polémico barrilito en la legislatura para así poder comprar votos con la otorgación de pagos de servicios, ofrecimiento de empleos temporeros, entre otros”.

“Ya queda claro la razón por la cual se está considerando aprobar esta medida. Esto es para comprar votos en el año eleccionario. Estos fondos van a ser asignados por los legisladores, y en vez de construir obra permanente en los municipios, van a asignarlos a cualquier compañía de su preferencia para que cree empleos temporeros y así tratar de ser reelectos. Esta medida se prestará para favoritismo ya que no establece un proceso formal de evaluación para la selección de la compañía que pueda ofrecer un servicio más costo efectivo para atender las situaciones de las comunidades”, añadió en su denuncia.

Dijo también que los fondos se iban a malutilizar y perder si la medida se convertía en ley.

En ese momento, las asignaciones del FMM requerían que se presentara legislación, se discutiera en los cuerpos y se aprobara. Pero en 2020, no antes de que se vieran perdidos sino después de que en efecto perdieron el control de la legislatura en las elecciones, la mayoría legislativa del PNP enmendó la ley para que la repartición ocurriera de manera oculta, simplemente con que los senadores o representantes por distrito manden alguna comunicación a la Autoridad de Tierras (AT) indicando cantidad y recipiente. De esta manera, la asignación no tiene que ser por legislación, no se presenta en el pleno, no requiere votación y está fuera del ojo público.

En una auditoría en diciembre, la Oficina del Contralor concluyó que este mecanismo es inconstitucional y denunció que se están repartiendo decenas de millones de dólares en fondos públicos está ocurriendo sin controles y sin fiscalización.

Además, una investigación criminal de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) en contra de exempleados de la AT por el manejo del FMM fue ampliada para incluir al exrepresentante penepé por Guaynabo, Antonio Luis Soto Torres y su exasesor José Manuel Huertas Torres. Estos están involucrados en la asignación de $1.5 millones a una organización sin fines de lucro asociada con una iglesia, el Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc. (CCSF), para canalizar la quebrada Margarita en Guaynabo. Ese trabajo nunca se hizo y el dinero no está en la cuenta del centro.

También, una investigación de NotiCel ha revelado que Huertas Torres y su esposa tuvieron roles conflictivos con relación a estos donativos en la Legislatura, en la AT y en la propia organización sin fines de lucro. Se reveló también que el CCSF recibió $6.6 millones en asignaciones legislativas por conducto del FMM de parte de los legisladores del PNP, Carmelo Ríos Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Luis “Junior” Pérez Ortiz, Yashira Marie Lebrón Rodríguez y Wanda Soto Tolentino. Los contratos para recibir los fondos no eran precisos sobre qué obras eran las que se iban a realizar con el dinero.

Ante estos señalamientos, se le preguntó a González Colón la semana pasada si ese barrilito debe permanecer y esta contestó que “eliminar una asignación presupuestaria que los legisladores tienen para identificar áreas comunes, yo no creo que sea la alternativa”. “Yo creo que está en quienes tomaron el dinero si hicieron, o no se hicieron, la obra, eso es lo que tenemos que buscar, que no se pierda esa inversión”, abundó.

Entonces, atacó al exsecretario de Agricultura, Ramón González Beiró, por no hablar del barrilito en la AT cuando estaba en el cargo. En realidad, el funcionario hizo referidos criminales con relación al barrilito en 2022, cuando era presidente de la Junta de Directores de la AT.

Por otro lado, el Senado derrotó mediante descargue la semana pasada una medida de la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, que hubiera redirigido el dinero del FMM para nutrir el retiro de los policías.

Vea:

JGo: Crean barrilito para comprar votos con empleos temporeros

Más dinero público, más legisladores y más conflictos en esquema de pastor con el barrilito

Senado derrota medida para que el "barrilito" fuera destinado al retiro de los policías