La mandataria atacó al exfuncionario sobre la premisa falsa de que se había callado las irregularidades hasta que salió del cargo, cuando realmente el exsecretario hizo un referido de investigación en medio de su periodo en el cargo.

La gobernadora Jenniffer González Colón usó premisas falsas para criticar al exsecretario de Agricultura, Ramón González Beiró, por su manejo del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), el barrilito oculto que los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) crearon en la Autoridad de Tierras (AT), dependencia que el exfuncionario supervisaba como presidente de su Junta de Directores.

Al pedírsele una reacción sobre que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) había ampliado su investigación sobre el FMM para incluir al exrepresentante novoprogresista Antonio Luis “Tony” Soto Torres y a su exasesor legislativo, José Miguel Huerta Torres, la mandataria indicó que la investigación debe llegar “a sus últimas consecuencias”.

Pero entonces, cuando la conferencia ya se movía a una pregunta de otro tema, González Colón planteó que quería decir algo más y arremetió contra González Beiró.

“El secretario de Agricultura sabía de todo esto y no dijo nada cuando estuvo en el cargo. Yo creo que eso también habla de por qué esperar ahora que salió del cargo para hablar de estas cosas”, dijo para añadir que le iba a dar una instrucción al actual secretario de Agricultura, Josué Rivera Castro, a que revise a ver si González Beiró había hecho algún referido sobre este o cualquier otro asunto “porque yo no quiero que entonces en dos años el secretario se acuerde que hay otro caso allí que nunca se refirió”.

Esto, a pesar de que en febrero de 2022 fue materia de cobertura periodística y de discusión pública el referido que hizo González Beiró como presidente de la junta de la AT al Departamento de Justicia por lo que había encontrado en el manejo del FMM. Al mismo tiempo, el exfuncionario le pidió la renuncia a la entonces directora ejecutiva de la AT, la agrónoma Dorally Rivera Martínez, por este mismo tema.

En septiembre de 2022, Justicia le hizo un referido a la OPFEI con la recomendación de que realizara una investigación contra esta, la exdirectora de Finanzas de la AT, Astrid Rivera Febres, y contra el ingeniero Miguel Santiago Irizarry. En noviembre el panel de jueces de esa oficina asignó a un grupo de fiscales para la investigación que ha seguido su curso hasta que el viernes pasado los fiscales investigadores pidieron ampliar el tiempo para rendir su informe y también incluir entre los investigados a Soto Torres y Huertas Torres. Todas estas etapas fueron materia de discusión pública. Es de ese desarrollo más reciente, el del viernes pasado, que se le preguntó hoy a la gobernadora.

Tres de los involucrados en este caso, -Soto Torres, Rivera Martínez y Santiago Irizarry-, aparecen con donativos tanto a González Colón, como al exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia y otros candidatos penepés.

González Beiró fue uno de los jefes de dependencia que defendió su labor durante la Administración Pierluisi Urrutia en las primarias del año pasado, cuando la entonces comisionada residente, González Colón, dijo que los botaría a todos si se convertía en gobernadora. Luego, el agricultor de profesión apareció entre los donantes para la campaña a la gobernación de González Colón.

Fue en las vistas de transición que González Beiró le pidió al gobierno entrante que legislaran para quitarle la responsabilidad del FMM a la AT por los estragos que había causado en la estructura de esa agencia el tener que estar respondiendo constantemente a las instrucciones de los legisladores de distrito sobre el desembolso de asignaciones como la de $1.5 millones que está bajo investigación y que se otorgó a una entidad sin experiencia en construcción para que canalizaran la quebrada Margarita en Guaynabo. Al día de hoy, el trabajo no está realizado y el dinero está desaparecido.

A preguntas de NotiCel, confirmó que conoce sobre los pedidos para canalizar la quebrada Margarita desde que era representante y también como comisionada residente “porque buscamos fondos federales para la canalización de esa quebrada”. No detalló si consiguió fondos para ello. “Esto es algo que afecta los vecinos de la zona”, apuntó.

En diciembre pasado, la Oficina de la Contralora emitió una auditoría en la que concluyó que el FMM es ilegal y que su manejo y distribución se hizo sin controles y con conflictos de interés. Tan solo entre abril de 2021 a julio de 2022, ese fondo acumuló $44.2 millones provenientes de una partida del Impuesto sobre las Ventas y Uso. El fondo sigue en operación hoy, acumulando dinero y recibiendo instrucciones de legisladores de distrito para su repartición sin transparencia ni supervisión.

La gobernadora se mostró opuesta a eliminar el FMM, aunque nada indicó sobre si debe mantenerse en la AT.

“Eliminar una asignación presupuestaria que los legisladores tienen para identificar áreas comunes, yo no creo que sea la alternativa. Yo creo que está en quiénes tomaron el dinero, si hicieron o no se hicieron la obra, eso es lo que tenemos que buscar, que no se pierda esa inversión”, expresó.

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