Asesor de “Tony” Soto corrió todas las bases en caso de quebrada Margarita
En la transacción millonaria objeto de una investigación criminal, el asesor José Miguel Huertas Torres aparece vinculado con el legislador que autorizó la asignación, la agencia que la tramitó y la entidad que la recibió.
El exasesor legislativo José Miguel Huertas Torres ejerció funciones en todos los lados de la asignación legislativa de $1.5 millones, por la cual ahora la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) lo investigará junto al exrepresentante, su exjefe, el novoprogresista Antonio “Tony” Soto Torres.
La transacción es solo una entre decenas que ocurrieron, y ocurren, bajo el controvertible Fondo de Mejoras Municipales (FMM), pero se ha tornado emblemática y el viernes pasado la OPFEI notificó que estaba ampliando su investigación de ese fondo para centrarse en esta asignación para la canalización de la quebrada Margarita en Guaynabo, y para incluir en la pesquisa a Soto Torres y Huertas Torres.
El FMM fue el mecanismo que la mayoría legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP) identificó para ocultar las asignaciones de dinero que los legisladores de distrito realizan a personas y entidades específicas. Lo que ante se conocía como el “barrilito”, que ocurría sobre la mesa en los plenos legislativos y requería votación pública, ahora se hace dentro de la Autoridad de Tierras (AT) sin transparencia, solo con una comunicación del legislador dando la orden sobre el desembolso del dinero.
En el caso de la quebrada, entre julio de 2020 y junio de 2021, Soto Torres tramitó desde su oficina legislativa dos asignaciones que totalizan $1.580 millones al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc. (CCSF), una entidad sin fines de lucro que preside el pastor Heriberto Andújar Otero, también incorporador de la Iglesia Defensores de la Fe Cristiana de Naranjito, Inc.
Según documentos judiciales y una entrevista en Ey Boricua a Dorally Rivera Martínez, exdirectora ejecutiva de la AT que también está bajo investigación, Huertas Torres laboró en la comisión de Soto Torres que hizo la asignación al CCSF, luego en la AT fue el técnico que tramitó la asignación y luego, en junio de 2024, fue el representante del CCSF que acudió al tribunal de quiebras para someter una solicitud de protección bajo esa ley federal.
La comparecencia de Huertas Torres en la quiebra de la entidad que recibió el dinero sin realizar los trabajos está cargada de sospecha, y no solo por quién compareció.
CCSF recurrió a la quiebra dos años después de que la AT los demandara para recobrar el dinero, tres meses después de que el tribunal le ordenara en corte abierta no sacar el dinero de sus cuentas y justo cuando la representación legal de la AT se disponía a deponer a los miembros de su Junta de Directores. Los miembros de la Junta designaron a Huertas Torres como tesorero, lo autorizaron a radicar la quiebra y renunciaron después de eso.
Con la radicación de la quiebra, se detuvo el caso civil en momentos en que se discutía la consignación de ese dinero en el tribunal, así como desacato y sanciones contra el CCSF por no cumplir con las órdenes de consignar.
Pero la quiebra no fue real. Apenas dos meses después de radicada, la entidad solicitó retirar la solicitud de quiebra sin haber sometido ninguno de los documentos que de ordinario se usan para comenzar a organizar la disolución o reorganización de una entidad en quiebra.
Cuando el caso civil se reanudó después de que el CCSF retirara su solicitud de quiebra, Andújar Torres compareció personalmente en el caso en octubre del año pasado para indicar al tribunal que todos los miembros de la Junta habían renunciado en una reunión el 12 de julio y que, “al presente, el Centro Comunitario no tiene una junta de directores conformada o activa, ni oficiales o empleados”.
Según documentos del caso, la entidad dijo que del dinero que le asignaron le quedaban $1,380,250.78 porque ya habían hecho algunos desembolsos. Entre los que habrían recibido parte del dinero para los trabajos se enumera al ingeniero Carlos J. Mendoza Angulo y a Better Structural Solutions Corporation.
El propio Andújar Otero dijo bajo juramento en enero de 2024 que el dinero se mantenía en la cuenta de la entidad en el Banco Popular. Pero, cuando el banco entregó el estado de cuenta, el balance en ese enero eran solo $408.74. Por esto, la AT pidió el lunes al tribunal que lo refiriera al Departamento de Justicia para investigarlo por perjurio.
Esto implica que el dinero no existía cuando el tribunal le ordenó que no lo desembolsara, ni cuando le ordenó que lo consignara ni cuando Huertas Torres sometió la quiebra en nombre del CCSF. Aparenta que tampoco existía cuando la CCSF estaba oponiéndose a la consignación argumentando que la AT no podía, por un lado, reclamarles que no habían hecho la canalización y, por el otro, impedirles que usaran ese dinero para pagar por los trabajos.
En agosto de 2022, como parte de su contestación a la demanda y su única argumentación al tribunal sobre los méritos del caso, el CCSF le echó la culpa al gobierno por no tener la obra completada porque dijeron que no les habían dado permisos todavía.
La entidad también abordó el hecho de que de que no tienen experiencia en proyectos de construcción y que ellos mismos no habían realizado el trabajo para el que se les dio la asignación legislativa con dinero público, sino que subcontrataron a otras personas. El CCSF “podía válidamente subcontratar aquellos recursos técnicos que fueran necesarios para la realización de las obras y el estado cuando firmó los acuerdos conocía qué era y a qué se dedicaba la parte demandada”, dijeron. “No hubo falta de información al respecto”, subrayaron.
Ademas de su trabajo con Soto Torres, Huertas Torres aparece como asesor en la nómina de la oficina del senador novoprogresista Carmelo Ríos Santiago durante el cuatrienio de 2017 a 2020, cuando se tramitó la asignación legislativa. El hombre es donante de varios candidatos del Partido Nuevo Progresista.
Huertas Torres no ha hecho expresiones públicas mientras que, tras revelarse que era un nuevo objeto de investigación, Soto Torres dijo por escrito que “mi trayectoria como funcionario público fue una transparente e íntegra donde siempre procuré tomar las mejores determinaciones para atender de manera eficiente las necesidades de mi distrito y Puerto Rico en cumplimiento con la Constitución y las leyes aplicables”.
Soto Torres, quien era una estrella ascendente en el alineamiento legislativo del penepé, renunció a su escaño sorpresivamente en febrero de 2021, entre la fecha del primer contrato de la AT con el CCSF y el segundo. En ese momento, dijo que su renuncia se debía a que tenía que ocuparse de negocios familiares.
La designación de un FEI para Soto y Huertas es una ampliación de una investigación ya existente contra la exdirectora de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, la exdirectora de Finanzas, Astrid Rivera Febres y un ingeniero de la agencia, Miguel Santiago Irizarry.
Historias relacionadas:
Tony Soto renunció desencantado
FEI investiga al exrepresentante Antonio Soto y su consultor
Truco del barrilito oculto de los legisladores se tragó a la Autoridad de Tierras, según secretario