El exzar de energía de la Administración Pierluisi Urrutia se convirtió en directivo de una de un frente de Quanta aquí tan pronto terminó sus funciones públicas, uno de varios que cambiaron de lado.

El exsecretario auxiliar de Asuntos Energéticos de La Fortaleza hasta diciembre, Francisco Berríos Portela, se convirtió en enero en director de desarrollos comerciales para la empresa Quanta Services Solutions Puerto Rico (QSSPR), frente en la isla de la matriz de LUMA Energy LLC, Quanta Services, a la que el funcionario se supone supervisara y fiscalizara como zar de energía de la Administración Pierluisi Urrutia.

El cambio inmediato de lado que hizo Berríos Portela no fue el único entre gobierno y empresa privada que hubo en el área pública de energía y fondos de reconstrucción. Distinto a otros, el cambio de Berríos Portela no aparece en el portal de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), pero el funcionario proveyó copia de la misma, aunque no contestó varias preguntas que NotiCel le sometió porque “la compañía” las atendería. La OEG no encontró “impedimento” para que aceptara la oferta de QSSPR.

Berríos Portela anunció su nueva posición durante el fin de semana pasado en la red Linkedin. No detalló qué labores hace como director ‘senior’ de Desarrollo Comercial en QSSPR. “Estoy orgulloso de dirigir nuestros esfuerzos de desarrollo comercial, colaborando con socios locales para apoyar las necesidades de infraestructura de Puerto Rico”, dijo en el mensaje.

Además de su trabajo en Fortaleza, Berríos Portela fue presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cuando esa corporación pública aprobó el contrato de Energiza LLC para construir una planta de generación de 478 megavatios, la primera que el gobierno comisiona en décadas. Durante su estadía en Fortaleza, la esposa de Berríos Portela, Natalia Rosado Lebrón, fue nombrada directora de la Oficina de Comunicaciones de la Mansión Ejecutiva.

Quanta Services y ATCO son las dos empresas que forman el consorcio de LUMA para efectos de su contrato de operación de la red eléctrica de Puerto Rico. En 2023, un proceso en el Negociado de Energía (NE) dejó claro que QSSPR servía para que Quanta Services tuviera un ente en la isla con el que hacer contratos, específicamente con el gobierno, sin que las licitaciones o el contrato aparecieran directamente a nombre de la propietaria de LUMA. Un contrato de $95 millones que hizo QSSPR con el mismo LUMA es objeto de una disputa ahora con la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) por violentar la libre competencia que debe ocurrir en la contratación pública. El gobierno le tiene pagos detenidos a LUMA por esa contratación.

Cuando la entonces candidata a la gobernación Jenniffer González Colón dijo en agosto pasado que hacía falta un “zar de energía” para coordinar las entidades públicas en ese sector, la entonces secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, dijo que ya había ocho “entes fiscalizadores” del sector de energía y Berríos Portela remató asegurando que él era ese “zar” que describía la candidata.

“En agosto del 2022, el gobernador me designó secretario auxiliar de Asuntos Energéticos con funciones de coordinar, supervisar, fiscalizar todo lo que se está haciendo en el sector energético, no solamente lo que son los operadores privados sino el uso de los fondos federales que tenemos a través de Vivienda y de Desarrollo Económico. La función que hago forma parte del equipo que fiscaliza todo lo que tiene que ver con el sector energético en Puerto Rico”, expresó en agosto de 2024.

Sea con la aprobación de la planta de Energiza LLC, las licitaciones de proyectos de energía renovable privados o la reconstrucción de la red eléctrica encargada a LUMA, Berríos Portela coordinó, supervisó o fiscalizó los trabajos en los que ahora puede suplir “las necesidades de infraestructura” desde su posición nueva en Quanta.

Al aprobarle la consulta a Berríos Portela el jueves pasado, la OEG reconoció la facultad que tenía el funcionario para incidir en todo asunto relacionado con el sector de energía desde sus dos posiciones, en Fortaleza y la AEE, pero le aceptó su argumento de que su posición en la AEE no intervenía con trabajos de los operadores privados de la red y que no tomó “acción oficial” con relación a Quanta. También, le aceptaron que sus nuevas funciones no lo llevarán directamente ante la AEE porque son servicios dados a terceros, que son los que contratan con el gobierno.

Como condiciones, la OEG le puso que no ofreciera información directa o indirectamente a entidades o personas que comparezcan ante la Oficina de la Gobernadora, la AEE o el NE por dos años y que “tampoco podrá utilizar información confidencial o privilegiada adquirida en el ejercicio de sus funciones para enriquecer su patrimonio o el de un tercero”.

Además del caso de Berríos Portela, la OEG emitió al menos otras dos comunicaciones en consultas similares que reflejan su enfoque sobre la posibilidad de que se incurra en conflictos de interés cuando un funcionario sale del servicio público para una empresa de energía con la que tuvo relación en su agencia.

El 15 de noviembre le dijeron a la asistente de ingeniero en la Junta de Planificación, Andya Aponte Acosta, que no podía contratar con LUMA durante un año porque en sus funciones públicas hizo evaluaciones de daños a estructuras para determinar si necesitaban cumplir con reglamentación federal de inundaciones o no. Esas evaluaciones fueron a “estructuras relacionadas con los servicios que ofrece” LUMA.

Por otro lado, al licenciado Omar Vega Albino, compañero asesor de energía de Berríos Portela en Fortaleza, le permitieron irse con Putnam Solar Investment LLC porque las interacciones que había tenido con esa empresa desde su función pública “no constituyeron acciones oficiales”. Esto, aunque la relación de interacciones incluyó representar a Berríos Portela en reuniones con desarrolladores de proyectos (incluido Putnam), coordinar esfuerzos “entre las agencias del gobierno federal, el gobierno estatal” y compañías como Putnam, conversar con estos “sobre puntos relevantes de política pública” y recibir información “sobre el estatus de los proyectos críticos de energía renovable”.

La OEG autorizó también otra serie de movimientos de personal de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) a contratistas de esa agencia, como Genera PR LLC, DCMC LLC, e Innovative Emergency Management International, Inc.

Otro cambio fue que la jefa de legal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Shylene de Jesús, se movió a DLA Piper, el bufete que representa a LUMA.

Para leer la comunicación de la OEG, pulse aquí.

Vea:

Secretaria de la Gobernación: “No hace falta un zar, ya hay ocho”