Federales quieren atender “violaciones potenciales” en La Parguera y el acuerdo de 1978 los limitaba, así que lo cancelaron.

Una carta del Cuerpo de Ingenieros anuncia su intención de procesar las violaciones ambientales que ocurren en La Parguera y arroja duda sobre si el proyecto que busca legalizar las casetas que allí ubican podrá inmunizar a sus propietarios.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE en inglés) entiende que el Acuerdo de Entendimiento (MOU en inglés) que firmaron en 1978 con el gobierno de Puerto Rico para asumir actitud de manos afuera en La Parguera lo limitaba para lo que ahora quieren hacer, que es procesar violaciones ambientales en esa área.

Esta postura queda clara en una carta que el Cuerpo envió el lunes al senador Eliezer Molina Pérez, quien les había sometido un referido el 16 de enero. El referido fue motivado por la movida escandalosa del secretario designado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, de firmar una orden administrativa para legalizar la ocupación de casetas en esa reserva natural y conseguir la desestimación de los casos pendientes en la agencia por violaciones en esa área.

Esta orden fue la primera acción oficial que hizo Quiles Pérez el mismo día que la gobernadora Jenniffer González Colón anunció su designación. Según testimonio del funcionario durante una interpelación en el Senado, el documento se lo presentó Samuel Acosta Camacho, quien se convirtió en su asesor y también es el jefe de oficiales examinadores de la agencia. Una de las oficiales que supervisa Acosta Camacho tiene pendiente ante sí la querella de la agencia para una multa de hasta $25,000 contra los suegros de la gobernadora por construcción ilegal y destrucción de mangles en una propiedad que tienen en La Parguera. La orden instruía a los oficiales a desestimar los casos pendientes. Tras una petición del Senado, Quiles Pérez hizo una enmienda cosmética que no impide que los oficiales desestimen los casos. Acosta Camacho trabajó a favor de la campaña de González Colón.

La gobernadora mantiene su apoyo a Quiles Pérez y reforzó su orden sometiendo, como uno de los solo tres proyectos que ha sometido a la Legislatura, una medida que convertiría en ley los preceptos de la orden. A saber, legalizar las construcciones ilegales en la reserva natural y establecer un esquema para que puedan tener permisos del gobierno de Puerto Rico por hasta 40 años, lo cual puede ser renovable.

Es en este contexto que USACE decidió rescindir el MOU de 1978.

“Aunque el MOU fue bien intencionado, limita las opciones de permisos y cumplimiento del Cuerpo de una manera que ya no se alinea con nuestros planes de atender las actividades no autorizadas dentro de La Parguera y otras áreas”, planteó el comandante de distrito de USACE, coronel Charles Decker, quien apuntó a Nelson R. Colón como el jefe de regulaciones de la entidad y que está a cargo de este tema.

La carta no menciona la orden de Quiles Pérez ni el proyecto de González Colón. Lo que dice es que su terminación del acuerdo ocurre porque están “revaluando nuestras estrategias y enfocando nuestra atención en áreas de mayor incidencia de violaciones potenciales, como La Parguera”. La referencia a violaciones potenciales es a las leyes de navegación de aguas y protecciones ambientales federales que están vigentes y seguirán vigentes aún si el gobierno de Puerto Rico crea un esquema legal para las propiedades residenciales en La Parguera.

De hecho, una lectura del MOU deja claro que el mismo limitaba las opciones del Cuerpo porque, aunque no renunciaban a su poder bajo las leyes federales, le creaban al gobierno de Puerto Rico un periodo de 12 años en el que sería el DRNA el que se encargaría de La Parguera. El propósito final que se supone que el DRNA cumpliera bajo el MOU era acabar con toda la posesión privada en el área, evitar construcciones nuevas y crear un esquema en el que el uso de cualquier instalación fuera estrictamente recreacional, de visitas ocasionales. Específicamente, el lugar debía convertirse en algo similar a dos ejemplos que contiene el MOU: Boquerón y Monte del Estado.

Los 12 años pasaron y hoy ya son 47 años sin que el gobierno haya cumplido con las responsabilidades que le impuso el acuerdo porque todavía es un área de propiedades privadas, que han aumentado en cantidad y huella y que ahora, por virtud del proyecto, se quedaría así por al menos 40 años más. El proyecto es copia de uno de 2016 que fue aprobado en la Legislatura, pero vetado por el entonces gobernador, Alejandro García Padilla, ante la oposición del DRNA.

“Entendemos que el gobierno de Puerto Rico considera que el MOU expiró”, dice la carta a Molina Pérez como una de las justificaciones para que USACE decretara finalizado el acuerdo.

“El MOU fue suscrito como un esfuerzo conjunto para gerenciar los recursos ambientales y ecológicos peculiares de La Parguera, así como sus retos regulatorios, basado en las circunstancias específicas al momento de su ejecución”, añade.

Según el MOU, las circunstancias que se buscaban atender eran “la invasión no autorizada de las áreas costeras, la construcción ilegal y desordenada de muelles privados y casetas de pilotes en las áreas de manglares de La Parguera (que) representa una situación indeseable y una amenaza al ecosistema, y que también constituye una violación no autorizada de las aguas navegables de los Estados Unidos”.

La querella contra los suegros de la gobernadora es, precisamente, por corte no autorizado de manglares y construcción ilegal de una terraza para la que hincaron 30 pilotes rellenados con cemento.

Para leer la carta de USACE y el MOU, pulse aquí.

Vea:

Eliezer Molina adelanta intervención de la EPA en La Parguera

Primera acción del secretario del DRNA: archivar caso contra suegros de la gobernadora, entre otros