Se sustentó en un estudio realizado en el 2023 por Foundation for Puerto Rico.

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) aseguró en la vista de transición gubernamental, que en Puerto Rico hay solo 4,800 residencias bajo la Ley 22, de un universo de 1.6 millones de propiedades residenciales y 300,000 que están en desuso, descartando la idea de que la implementación de la Ley 22 ha afectado la compra de viviendas en la isla por los altos costos.

No es un secreto que la llegada de los grandes beneficiarios de la antigua Ley 22 (ahora Ley 60) a Puerto Rico, ha sido de sabor amargo para muchos inversionistas locales, quienes constantemente denuncian que gracias a la entrada de extranjeros a la isla, la capacidad de compra de vivienda ha disminuido sustancialmente, abonando aún más en el crecimiento de rentas a corto plazo como conocemos como los Airbnb.

"La Ley 22 son propiedad de 4,800 unidades residenciales en Puerto Rico. Hay sectores que utilizan una narrativa de que los precios en Puerto Rico han aumentado por estos individuos y la realidad del caso es que la data no sustenta eso...", expresó Carlos Fontán Meléndez, director de la Oficina de Incentivos para Negocios del DDEC.

"Hay otros elementos que han ocurrido en Puerto Rico del 2020 para acá. Han estado subiendo las propiedades, han aumentado de $300,000 a $400,000. La gente se quiere mover a espacios más amplios desde la pandemia", añadió.

El estudio que realizó Foundation for Puerto Rico en el 2023 que sustenta lo que mencionó Fontán Meléndez, también explica que hay lugares en la isla en los que sí tuvo efectos negativos la ahora Ley 60 con el precio de las propiedades, "pero que sea la razón específica y primordial para este aumento en el valor pues es inmeritorio hacer esa aseveración", apuntó Fontán Meléndez.

Historia relacionada: Organizaciones piden al Congreso fiscalizar la ley 22

La actual Ley 60 es una consolidación entre la Ley 20-2012 y la Ley 22- 2012 que provee exenciones contributivas a corporaciones que exportaran servicios con el fin de atraer capital extranjero y fomentar desarrollo económico.

Las corporaciones que tienen decreto de la ahora Ley 60-2019 gozan de una tasa de 4% y un 60% sobre patentes municipales. También le cubre intereses, dividendos y ganancias de capital. La exención es a nivel local, así que se pagarían solo los impuestos federales.

Lo cierto es que tan reciente como el pasado mes de mayo, un grupo de sobre 40 organizaciones locales y de la diáspora solicitaron al Congreso a investigar y fiscalizar los beneficiarios de la antigua Ley 22 (ahora Ley 60).

En una carta liderada por el Centro para la Democracia Popular (CPD) las organizaciones solicitan al gobierno federal que atienda al fin su responsabilidad de fiscalizar a beneficiarios de Ley 22 que estén evadiendo impuestos federales y/o estatales. Sin embargo, puntualizaron que debe ser la Asamblea Legislativa de Puerto Rico quien legisle sobre el asunto y solicitan al Congreso que no intervenga en legislación local.

El gobierno local defiende la Ley 22 de residentes inversionistas. Según datos oficiales del mes de mayo 2024, se trata del tercer grupo que más paga contribuciones con $190 millones y, de se total, $144 millones son contribuciones sobre ingresos.

Historia relacionada: DDEC responde a resolución de las congresistas Velázquez y Ocasio Cortez sobre la Ley 22

Cidre enfatiza que hace falta desarrollo económico sostenible

Al inicio de la vista de transición, Manuel Cidre fue descrito como un secretario transparente tras puntualizar los retos que ha tenido y puntualizar las áreas de oportunidad que existen en el DDEC.

"Hay una cita suya que me dejó un poco preocupado al abrir su ponencia dice: desarrollo económico sostenible, el gran ausente de nuestro desarrollo económico, ¿qué usted quiere decir con eso?", preguntó Marcos Rodríguez Ema.

"Si mi intención en esta vista de transición fuera alguna otra cosa que no sea servir a Puerto Rico, posiblemente no hubiese dicho esa frase... Sin embargo, hay que ir un poco a la historia y yo creo que en algún momento hemos confundido actividad económica con desarrollo económico sostenible y a eso es a lo que me refiero. Obviamente los grandes cambios, las grandes decisiones que se toman cuando la bonanza económica lo permite es un poco más sencillo...", contestó Cidre.

Un espacio de oportunidad que consideró Cidre es maximizar la industria agrícola para así crecer el desarrollo económico sostenible.

Historia relacionada: Denuncian incompetencia del DDEC en pagos a trabajadores de programa contra el dengue

"Crear desarrollo económico en Puerto Rico partiendo de fondos federales solamente o partiendo de la industria foránea, es caer en la trampa del pasado. Tenemos que utilizar ese capital de fondos federales y esa industria foránea que hoy representa el 45% del producto interno bruto de Puerto Rico para desarrollar la industria local", sostuvo Cidre.

"Donde yo veo oportunidad es precisamente en esos sectores que tienen números negativos como es el caso de la agricultura y el cine. Puerto Rico tiene del 100% de la tierra disponible, tiene 30% disponible para agricultura. Lo que tenemos para sembrar aquí no da para levantar un sector agrícola poderoso. Sin embargo, entre los activos que tiene el país, hay una cantidad de edificios que no sirven para manufactura tradicional, pero si se adaptan a la manufactura alimentaria...", puntualizó.

Las vistas de transición se dieron de forma muy armoniosa a diferencia de los demás jefes de agencia.

Historia relacionada: El DDEC tiene $1.6 millones para capacitar trabajadores de la industria de ciencias vivas