Algunos de los temas protagónicos fueron el pago retroactivo al salario de fiscales y justicia salarial a las técnicas de víctimas y testigos.

La exfiscal del Departamento de Justicia, Janet Parra protagonizó las primeras horas de la vista de transición gubernamental en el día de ayer, donde le cuestionó al Secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, las razones por las que los técnicos de víctimas y testigos, aún no reciben un aumento en su cheque.

En la vista, no se divulgó cuánto cobran estos técnicos, que son los encargados de estar mano a mano con los familiares de las víctimas y actualizarles de cómo van las investigaciones del caso, pero si se dijo que está tan por debajo, que le pagan un diferencial de $96.00 que tampoco es suficiente.

Estas técnicas se encargan también de buscar ayuda profesional a los afectados, albergues, entre otros elementos.

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"En cuánto a los servicios directos a las víctimas del crimen, no cabe duda que el elemento más importante, son las técnicas. Ha llegado a nuestro conocimiento que muchas de esas técnicas que llevan más de 20 años ayudando a víctimas y testigos... no recibieron en el nuevo Plan de Clasificación y Retribución aumentos", dijo Parra.

"Ese plan lo que hizo fue que equiparó a las personas que llevaban menos tiempo con las personas que llevaban más tiempo. O sea, el seniority de esas personas no se premió y muchas de esas técnicas no recibieron ni un dólar de aumento. Sin embargo, a ellas se les da un diferencia porque ellas van a la escena...", añadió.

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Según Parra, el diferencial está muy por debajo del gran trabajo que tienen las técnicas. Sin embargo, dijo que a las taquígrafas sí se les da un diferencial de $400.

"Es exageradamente bajo para el trabajo que realizan nuestras técnicas. Muchas de ellas me han manifestado que han tenido que buscar otras formas de ingreso como limpiar en casas o vender comidas para poder suplementar el dinero que ganan", destacó Parra.

La propia exfiscal afirmó que sabía que Justicia había gestionado aumentos en el diferencial de las técnicas cuando ya el presupuesto estaba aprobado, lo que no entendía el porqué.

"¿Que ha hecho el Departamento si algo, para retribuirle a estas funcionarias públicas que tanto le han servido al Departamento?", preguntó Parra.

"Para empezar, la premisa de la que usted parte no es correcta, es falsa. Nosotros reconocemos que ese mismo problema que usted vio, lo vimos nosotros. Hicimos varias peticiones.. nos reunimos con ellas en varias ocasiones, lo que pasa es que no procedió la solicitud de nosotros. Pero, para cualquier persona que vaya a ser el próximo secretario, es una de las asignaciones que tiene que hacer", le contestó Emanuelli.

En defensa, Emanuelli aseguró que los esfuerzos aunque fallidos que hicieron fueron escribir notificaciones y pedir reconsideración a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OARTH) para añadir las técnicas en el presupuesto.

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"Estamos hablando de los diferenciales que se dan, eso no tiene que ver con la clasificación y retribución. Estamos hablando de los esfuerzos... para que el diferencial ayudara en algo", destacó Parra.

La subsecretaria de Justicia, Mónica Rodríguez, explicó que los diferenciales solo se otorgan aquellas personas que hacen funciones adicionales a las funciones de su puesto.

"En este caso, luego de hacerse toda la evaluación, pues no se les podía otorgar legalmente un diferencial a determinado puesto porque no hacen unas funciones adicionales o distintas a las que están en su clasificación", indicó Rodríguez.

Parra no quedó satisfecha con las explicaciones del componente de Justicia y dijo, en conferencia de prensa, que ve igual el Departamento de Justicia desde que renunció a su puesto en la agencia.

"Yo lo veo igual... no podemos decir que es 100% malo todo, pero las razones por las que yo me fui del Departamento, están ahí. Un secretario que básicamente eran sus dos funcionarias las que contestaban las preguntas y esa fue una de las razones por las que me fui, porque yo entendía que estaba enajenado del Departamento y que su toma de decisiones no eran las correctas", concluyó.

Careo para hospedar miembros de la policía en albergue de testigos

Janet Parra, también trajo a la discusión de la vista, el albergue de testigos que fue abandonado por años y que está en gestiones para volverse habilitar en su totalidad.

El albergue está siendo remodelado gracias a fondos federales de FEMA y ARPA. Todos los fondos están obligados, por lo que no hay riesgo de perder el dinero federal.

La primera fase se proyecta terminar el 20 de diciembre de 2024 y la segunda fase tiene que estar terminado antes del 31 de diciembre del 2026.

La exfiscal de Justicia, le preguntó a Emanuelli si veía posible que los edificios que no se están utilizando del albergue, puedan ser alquilados al Negociado de la Policía para hospedar policías que vivan lejos de su hogar.

"Se habló que algunas de las estructuras del albergue se le alquilaran por ejemplo, a miembros de la policía. Sabemos que hay policías que tienen que viajar a distancia o que viven en pueblos lejanos y muchos de ellos tratan de buscar hospedaje en el área metropolitana. Se había hablado de entrar en un acuerdo para darle parte del albergue...", dijo Parra.

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"A nuestro despacho no llegó eso y si hubiera llegado, yo lo hubiese denegado. Eso es un albergue para proteger las víctimas y testigos del Gobierno...", contestó Emanuelli.

"Eso significa que para usted preferiría que el albergue se siga deteriorando....¿eso significa para usted tener policía que estén en el albergue y de una vez allegar fondos porque el Negociado estaría pagando por tener esos agentes ahí, usted prefiere que no se utilicen, que se deterioren a tener ese tipo de colaboración?", le cuestionó Parra.

"Si usted un policía allí que trabaja las ocho horas, usted no puede por disposición legal ponerlo a trabajar, velando a los testigos... eso es ilegal... ese albergue se hizo para víctimas y testigos", insistió Emanuelli.

Parra al finalizar la vista, aseguró a la prensa que el secretario de Justicia nunca entendió su premisa y que la idea de alquilarle al Negociado era "matar dos pájaros de un tiro".

Emplazan a Justicia y otras agencias para acelerar pagos retroactivos a fiscales

La lucha por un aumento salarial a los fiscales se vio durante todo el periodo de la pasada Asamblea Legislativa. Pero, aunque ese aumento salarial se aprobó, los fiscales aún no reciben su ajuste en el cheque .

Parra fue quien preguntó de dicha situación y aprovechó a emplazar al Departamento de Justicia, para que acelere en la gestión.

La jefa de fiscales, Jessica Correa, dijo que Justicia ha cumplido con dos de los tres ajustes de salario que se enmendaron en el cuatrienio y que esperan que antes del 31 de diciembre estén al día con el nuevo ajuste.

El dinero está ahora mismo en manos de Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

"Vamos a emplazar a OGP, Hacienda y todos los que tengan que tengan que ver con el retroactivo los antes posible", dijo Parra.

La Ley que se enmendó al nuevo ajuste fue la Ley 101- 2024, mejor conocida como "Ley de la Judicatura".

Con esta aprobación, los fiscales de distrito ganarían un 15% más que la escala máxima salarial de un abogado principal en el gobierno. Estos abogados comienzan ganando $71,400, pero la escala más alta es de $107,000

Los fiscales IV ganarían un 98% ($104,860) de la escala aplicable al fiscal de distrito y no 87% como dispone la Ley 105-2022, que fue la ley con que se aprobó el año pasado un incremento salarial de menor escala para estos profesionales. De la misma forma, los fiscales III ganarían el equivalente al 95% ($101,650) del salario del fiscal de distrito (y no 85%) y los fiscales II el 90% ($96,300) de lo que gana el fiscal de distrito y no el 80%.

En el caso de los fiscales I, ganarían el 80% ($85,600) de lo que ganan los fiscales de distrito, los procuradores de menores y los procuradores de familia el 90% de lo que ganan los fiscales de distrito.

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Departamento de Justicia defiende su gestión

A pesar de las horas de incomodidad que tuvo a bien el componente de Justicia frente al Comité de Transición entrante, Emanuelli resaltó los logros obtenidos en el cuatrienio, comenzando con resaltar que tienen una tasa de convicción de 94%, en representación de las víctimas en los casos criminales en etapa de juicio.

Durante el cuatrienio, los fiscales presentaron 85,969 casos en los tribunales a través de las 13 fiscalías de distrito.

Entre estos casos, se encuentran el procesamiento de líderes de organizaciones criminales peligrosas que se dedican a la comisión de delitos violentos y el trasiego de sustancias controladas, así como de crímenes intrafamiliares.

Mientras, la División de Delitos Económicos, según dijo Emanuelli, logró restituir al gobierno cerca de $9 millones al erario por virtud del procesamiento de personas y corporaciones que cometieron fraude y evasión contributiva, mediante una alianza investigativa con el Departamento de Hacienda para combatir estos delitos que impactan los fondos y servicios públicos.

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