El comité de transición entrante dejó mucho sin discutir sobre el contrato controvertible de Physician Correctional Services.

El contrato de la empresa Physician H.M.O. Inc. (también Physician Correctional Services o PCS), el que más controversia le generó este cuatrienio al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), particularmente por el caso del asesino en serie Hermes Ávila Vázquez, provocó intercambios limitados y superficiales en la vista de los comités de transición el lunes.

El caso de Ávila Vázquez protagonizó la discusión pública el verano pasado, poco antes de la primaria entre el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y la hoy gobernadora electa, Jenniffer González Colón. El hombre fue arrestado por degollar a una mujer, pero lo que desató la fiscalización sobre el DCR y PCS fue que entró al cuartel caminando, cuando se supone que estaba parapléjico y que por eso le habían dado un pase que lo libró de estar preso cumpliendo condena por otra mujer que había degollado también. PCS y sus médicos proveen los servicios de salud correccional y fueron los encargados de evaluarlo clínicamente y de recomendar que le dieran el pase.

Durante la sesión de la tarde de la vista de transición con agencias de seguridad, que se extendió por seis horas hasta las 8:00 pm aún dejando para otro día al Departamento de Justicia, a la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, le preguntaron en dos ocasiones por el contrato de PCS. Su contestación fue la misma y el comité entrante lo dejó ahí: que no le canceló el contrato a PCS por el episodio de Ávila Vázquez porque una auditoría que encomendó reveló fallas en el manejo de documentos, pero no violaciones al contrato ni en la prestación de servicios; y que una investigación de Justicia no había encontrado conducta criminal, sino solo posible mala conducta profesional de parte de los médicos de PCS.

Añadió que el Senado todavía no ha emitido su informe final sobre el caso de Ávila Vázquez. La secretaria tampoco ha entregado a PCS un plan de acción correctiva. No hubo preguntas sobre cómo Uticorp, los encargados de la auditoría, testificaron en una vista senatorial que habían encontrado incumplimiento de contrato, que los informes de servicio sobre los que PCS basa su facturación no permiten precisar qué servicio prestaron ni el estado de salud de los confinados y que todo esto ameritaba un plan de acción correctiva. Plan que Escobar Pabón rechazó.

PCS es propiedad de Raúl Villalobos Diaz, un exdirector del área de salud correccional en el DCR que sirvió hace 30 años, y que, junto a su hermano, Javier, contratan los servicios de salud a los confinados desde 2018. En 2023, la agencia hizo un requerimiento de propuestas para renovar el contrato y volvió a llevárselo PCS porque, según la secretaria, el otro licitador no cumplía. El contrato actual está vigente hasta 2028 por $73.7 millones.

Nadie en el comité entrante le preguntó a la secretaria, pero del mismo Plan Estratégico que la agencia entregó como parte de su información de transición surge que esa evaluación de propuestas de 2023 se hizo sin métricas sobre el desempeño del contratista. El plan consigna que desde 2021 no se ha hecho nada para “realizar una evaluación del gasto en servicios de salud por confinado e identificar iniciativas para generar ahorros”. Tampoco nada para desarrollar “una lista actualizada de empleados de salud correccional (directos, contratados, etc.) esbozando las funciones y responsabilidades clave, para validar los niveles actuales de personal”.

Según la Oficina del Contralor Electoral (OCE), los Villalobos fueron donantes de Pierluisi Urrutia. No se reflejan donativos a González Colón para esta elección, pero sí que ambos, y otras personas asociadas a ellos y a PCS, apostaron con donativos múltiples a los que desde enero serán los presidentes legislativos, el senador Thomas Rivera Schatz y el represetante Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

Por ejemplo, en un mismo día, el 24 de julio pasado, Raúl, Javier y otros allegados dieron $13,000 en total a ambos presidentes legislativos entrantes. Hay donativos también a otros miembros de la delegación legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La secretaria mencionó varias veces que se retira de la agencia el próximo 30 de diciembre tras 38 años de servicio. Pero no hubo preguntas sobre la denuncia que hicieron candidatos primaristas del Partido Popular Democrático (PPD) en abril pasado de que, como jefa de la agencia, autorizó un plan de reclasificación con el que su puesto de carrera, inspectora de seguridad correccional, obtuvo un aumento de salario de $44,000 anuales (de $73,000 a $117,000).

Durante la primaria, hubo crítica reiterada a la secretaria porque, a la vez que ejercía su cargo, era la directora de movilización de la campaña primarista del gobernador. Uno de sus críticos fue Jonathan Alemán Arce, oficial correccional que las autoridades federales comenzaron a investigar por supuesto narcotráfico mientras estaba en destaque en el Capitolio, pero que luego lo convirtieron en informante y encubierto para acusar a la exrepresentabte penepé, María Milagros Charbonier.

Alemán Arce dijo que Escobar Pabón lo persiguió políticamente por apoyar a González Colón en la primaria. El lunes no hubo preguntas del comité entrante sobre la politización de la agencia y, mientras las vistas ocurren, el DCR le paga su salario con fondos públicos a Alemán Arce para que, mediante el mecanismo de destaque, sea uno de los funcionarios de piso del PNP para el escrutinio general en la Comisión Estatal de Elecciones. Esto lo captó el lente de NotiCel.

Cuando se le hicieron preguntas, en vez de meramente planteamientos de postura o aspiracionales de parte de los miembros del comité entrante, Escobar Pabón no tuvo respuesta satisfactoria a por qué el aumento de sueldo de los oficiales correccionales se financió con fondos federales no recurrentes que justamente se acaban este año (algo que sucede con aumentos para otros empleados públicos, como los maestros); tampoco sobre por qué no había tomado acción con ocho empleados involucrados en el caso de Ávila Vázquez.

Inicialmente, quedó muda también cuando se le desglosaron casi una docena de informes vitales para la operación de prisiones que nunca fueron actualizados este cuatrienio, o que están atrasados. Por ejemplo, perfil del confinado adulto, perfil del confinado menor, perfil de confinadas, fugas y capturas, detección de narcóticos dentro de los penales, querellas de menores por maltrato institucional, medidas disciplinarias contra confinados, razón de muertes de confinados, registros e incautaciones y sobre reincidencia. Luego, la funcionaria dijo que era que los informes no estaban publicados, pero que existían.

Entrada la tarde, fue el turno del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y todos sus componentes. Como han hecho todo el cuatrienio, el secretario de la agencia, Alexis Torres Ríos, y su subordinado, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, evitaron disputarse en público el poder que se disputan tras bastidores y ningún miembro del comité entrante apretó esa llaga. Torres Ríos usó el ejemplo de que la sombrilla de agencias que es el DSP es como un matrimonio, que pueden tener diferencias entre las partes pero, al final del día, son un matrimonio.

Sobre si la estructura del DSP, creada en la Administración Rosselló Nevarez, ha funcionado, ninguno de sus componentes dijo que lo eliminaría o que lo cambiaría radicalmente. Torres Ríos enfatizó en que la estructura ha generado economías, pero el miembro del comité entrante, Marcos Rodríguez-Ema, le ripostó que a pesar de lo mucho que la mencionaba, ninguno de sus documentos de transición precisan cuánto había sido esa economía. Sobre cambiar la estructura, López Figueroa se limitó a decir que la estructura es la que dice la ley y él sigue la ley. Antes del cambio, la posición de López Figueroa se conocía como Superintendente de la Policía y era el verdadero jefe de seguridad del país. El oficial defendió que este cuatrienio se ha registrado la incidencia más baja de asesinatos, con 2,162.

El licenciado Rafael Freytes Cutrera, comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), dijo que este cuatrienio la dependencia no había realizado investigaciones de corrupción pública, de crimen organizado ni tampoco confiscaciones al amparo de las leyes de crimen organizado. Adujo que esto fue porque la ley requería cambios que había empujado, pero la legislatura no había atendido.

Sin embargo, la miembro del comité entrante y exfiscal, Janet Parra Mercado, lo corrigió indicando que le consta que habían hecho investigaciones y radicado cargos de crimen organizado porque ella manejó los casos cuando fue directora de Crimen Organizado en Justicia.

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