Del mismo modo, el gobernador rechazó las alegaciones de "atornillamiento” de 1,700 empleados que buscan reubicación a través de la Oficina de Gerencias y Presupuesto

El gobernador, Pedro Pierluisi negó que su gobierno esté ejecutando un plan de atornillamiento al atender 1,700 solicitudes de transacción de personal que, desde el pasado 3 de junio, ha estado recibiendo y atendiendo la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Además, Pierluisi se expresó sobre las iniciativas con que se buscan aumentos salariales para los paramédicos del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas (NCEM) y para el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) indicando que la Junta ya hizo unos señalamientos sobre el plan de clasificación y retribución con que se incrementaría el salario a los paramédicos, mientras que el proyecto de ley del Cuerpo de Vigilantes del DRNA está en proceso de ser sometido a una certificación.

“Eso está trillado ya. Ahora estamos en otra coyuntura porque aquí tenemos una Junta de Supervisión que ha trabajado de la mano del Gobierno y es la que autoriza cualquier nuevo reclutamiento”, indicó Pierluisi sobre las alegaciones de atornillamiento. Dicha expresión hace referencia al proceso de acomodar a un empleado que durante un cuatrienio ocupaba un puesto de confianza en una nueva plaza de carrera para garantizarle empleo.

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El dato sobre las 1,700 transacciones fue publicado hoy por El Vocero.

A su vez, Pierluisi dijo que se colaboran con la Junta para reclutar personal en plazas de carrera que están vacantes y aseguró que “hay un reclutamiento competitivo en cada una de esa plazas”.

“Cuando estamos hablando de plazas de reclutamiento para plazas de carrera, eso tiene bendición de Junta de Supervisión”, añadió el gobernador penepé durante una conferencia de prensa en Bayamón. Asimismo, aseguró que podía dar su palabra de que el proceso de reclutamiento se está haciendo correctamente y con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal.

Por otro lado, ante preguntas de la prensa referente al aumento salarial de algunos servidores públicos, Pierluisi Urrutia explicó que en al caso de los vigilantes, “la Junta ya hizo unos señalamientos e indicó que el proyecto es inconsistente con la orden de confirmación del plan de ajuste del gobierno.”

“También le pidió a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AFAF), o puede ser la Oficina de Gerencias y Presupuesto (OGP) un estimado del impacto fiscal que tendría”, añadió.

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Sin embargo, con respecto al aumento del Cuerpo de Vigilantes, el gobernador expresó que el proyecto lo acaba de firmar hace unos días, por lo que aún están en el proceso de someter una certificación para la Junta de Supervisión Fiscal conforme a la Ley PROMESA para indicar si es o no consistente con el plan fiscal.

“Es todo un proceso. La realidad es que en estas cosas, la Junta tiene la última palabra”, añadió.

Asimismo, puntualizó que, de entender que “la objeción de la Junta es una insalvable y que recurrir al tribunal es una causa perdida, reconociendo si es que eso pasa, la objeción que levanta la Junta tiene validez jurídica pues no se lograría el propósito de la Ley.

“A estas alturas, yo lo único que puedo decir es que yo firmé las dos leyes y deseo que reciban esas alzas salariales, pero reconozco que la Junta tiene, para bien o para mal, la última palabra.”, dijo Pierluisi.