Secretaria de Educación plantea que no es ilegal que su nombre esté en los bultos y que hubo competencia de suplidores para adquirirlo.

El suplidor de los bultos controvertibles que el Departamento de Educación (DE) adquirió con el nombre de la secretaria Yanira Raíces Vega es un empresario donante político activo que ha llevado a cabo distintos negocios públicos utilizando varias compañías.

La compra de 24,000 bultos a $10.39 cada uno ($249,360 total) que reveló el programa Rayos X dominó la discusión esta semana sobre el regreso a clases y, según la factura, la compra se realizó a Comercial HE LLC, con sede en Rincón, mediante orden de compra el 5 de julio pasado.

En una entrevista en Telemundo, Raíces Vega indicó que la compra fue por competencia y que hubo 14 suplidores competidores. Añadió que los maestros habían pedido que les regalaran bultos, que surgió de su equipo el ponerle el nombre de ella a los artículos y que no vio “nada inapropiado” en eso porque “no hay ninguna prohibición, nada ilegal”.

Ante los señalamientos de que ese tipo de bulto se consigue a 55 centavos en la tienda global Alibaba, en contraste con los $10.39 que pagó la agencia, la funcionaria ripostó que “yo no puedo comprar en Alibaba, ni en Capri ni en Pepe Gangas, el departamento tiene un proceso de compras y yo tengo que seguir ese proceso de compras”.

El suplidor escogido, Comercial HE LLC, es propiedad del matrimonio de Héctor Cortés Vargas y Elsa Torres González, quienes aparecen en el registro de donantes de la Oficina del Contralor Electoral (OCE) haciendo aportaciones al Partido Nuevo Progresista (PNP), y, de ese mismo partido, el representante novoprogresista Wilson Román López, el senador Thomas Rivera Schatz, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, y la organización Servidores Públicos Progresistas. Además, aportó al excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado Altieri.

Con Comercial HE, creada en noviembre de 2021, la pareja no aparece con contratos públicos, Con Realizate LLC, una empresa de adiestramientos creada en 2016, han tenido contratos desde 2017 con valor de hasta $24.4 millones en agencias como Educación, la Administración de Rehabilitación Profesional y la Administración de Familias y Niños. Con HCV Distributors, creada en 2004, han tenido contratos con valor de hasta $21 millones con Educación, la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, la Autoridad de Edificios Públicos y varios municipios. A título personal han realizado transacciones de alquiler o venta de propiedades con el gobierno desde 2009 por valor de hasta $1.8 millones, casi todas con la Comisión Estatal de Elecciones.

A través de HCV, en 2015, llegaron a un acuerdo con el Colegio de Ingenieros para resolver una querella ética contra un empleado suyo, el ingeniero Refat Abdelaziz Faris, porque este realizó trabajos relacionados a su profesión en el Municipio de Camuy. La violación ocurrió porque HCV, que era la que tenía el contrato con el ayuntamiento, no estaba autorizada a prestar servicios de ingeniería.

En 2021, el Tribunal de Primera Instancia desestimó una demanda que el matrimonio presentó a través de Realízate contra el presentador Josué Fonseca y periodistas de los espacios Jay y sus Rayos X y Jay en el 580, por supuestas expresiones difamatorias que estos realizaron con relación a los contratos de la empresa con Educación. El tribunal encontró que la presentación de la demanda y las alegaciones que contenía eran un intento de censura previa contra los demandados, y que la demandante fue “frívola”, “temeraria” y “contumaz” en el manejo del caso, por lo que impuso pago de $2,500 en honorarios de abogados a favor de cada demandado por temeridad.

Vea:

Yanira Raíces dice que no se arrepiente de colocar su nombre en 24,000 bultos

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