Se trata de la funcionaria que tenía la responsabilidad de darle seguimiento a la familia de Kalianys Isabel Soto Roque, asesinada por su padrastro en Aibonito.

El Departamento de la Familia ha optado por no revelar el resultado de una investigación administrativa que realizara sobre el desempeño de una trabajadora social que tenía a su cargo el núcleo familiar de una bebé que fue asesinada en un residencial de AIbonito.

La agencia ya tomó una decisión disciplinaria sobre la empleada, pero la secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez Troche dice que está impedida, a pesar de que se trata de un asunto de alto interés público, revelar los hallazgos debido a que la trabajadora social puede apelar la determinación, un trámite que puede demorar meses o años.

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A principios de mayo, Rodríguez Troche adjudicó en este caso y otro de Guayama que el sistema había fallado y que no le temblaría la mano al tomar una determinación. Sin embargo, la misma agencia que pide cooperación a la ciudadanía para que reporten casos de maltrato ahora levanta el manto de la confidencialidad cuando se cuestiona si funcionarios que presuntamente no hicieron su trabajo enfrentaron consecuencias.

Por lo tanto, no se conoce ni el castigo ni las defensas, si alguna, que levantara la trabajadora social.

“En el caso de Aibonito, aunque la investigación concluyó, las partes concernientes ya fueron notificadas de las determinaciones tomadas. Aun así, a los empleados les asiste el derecho de solicitar una vista informal previo a adjudicación final, recurso que están agotando. Por tanto, en cumplimiento con las garantías administrativas, legales y constitucionales que, como funcionaria y como agencia debemos procurar, estoy impedida de dar cualquier información hasta tanto se agoten todos los recursos del debido proceso al que tienen derecho. Una vez concluido el mismo, estaremos en posición de informar lo que resulte en la determinación final“, sostuvo Rodríguez Troche.

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Este es el caso de la infante Kalianys Isabel Soto Roque, asesinada a manos de la pareja de su madre, Yaniré Roque Lupiáñe y quien vivía en condiciones infrahumanas. Trascendió al momento del crimen en diciembre del año pasado que los vecinos de la familia en el residencial Proyecto Villa de la Rosa, en Aibonito, habían hecho denuncias a la agencia sobre el patrón de abuso que vivía la niña.

El padrastro de la niña, Jovanie Aponte Ríos, ya se declaró culpable por el crimen y podrían enfrentar una sentencia de 50 años. El juicio contra la madre, Yaniré Roque Lupiañez, comenzó ayer.

NotiCel solicitó que a Rodríguez Troche que especificara en qué reglamento o proceso por escrito se indica que el nombre de la funcionaria y la decisión tomada no puede ser divulgada. Se limitó a indicar que hay que respetar el debido proceso de ley.

“Aunque reconozco el interés público ante casos como estos, también tengo una responsabilidad de procurar que mis acciones o declaraciones no violenten los derechos que le asisten a los empleados, conforme a las leyes y reglamentos del Gobierno de Puerto Rico”, indicó Rodríguez Troche.

“Toda persona que sea afectada por una determinación adversa por una agencia está cobijada por el debido proceso de ley. Mientras estén corriendo los términos apelativos, tienen derecho a que su información se trabaje con cuidado y discreción porque aún la decisión podría cambiar”, insistió.

El otro caso bajo investigación guarda relación con el hallazgo, en abril de varios menores viviendo entre roedores y cucarachas, mientras se encontraban mal vestidos y sucios, en el residencial Luis Palés Matos, en Guayama.

Rodríguez Troche había revelado que la familia tenía expediente con la agencias tras recibir un referido del Departamento de Educación. En mayo sostuvo que el caso estaba en “proceso” disciplinario y que la trabajadora social no trabajaba para la dependencia.

“Esto no ha afectado la investigación, la cual continúa, ya que solicitamos que se ampliara el marco investigativo para así atender las posibles ramificaciones”, indicó Rodríguez Troche.