Un asignación de fondos que nunca cambia, y trucos legales, mantienen limitada a la Oficina Independiente de Protección al Consumidor.

Enseres dañados por fallas en el servicio eléctrico es probablemente la calamidad más cotidiana que sufren los residentes de Puerto Rico por el servicio pésimo de energía eléctrica que experimenta el país aún con la red a cargo de operadores privados.

Pero a quien único se le puede pedir remedio por eso es al mismo que provoca el daño, LUMA Energy, el operador privado de la red. Ese tema no se puede atender en la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), la dependencia que se creó en 2014 (cuatro años antes del esquema de privatización de la red) para orientar a los abonados y representarlos legalmente.

“Tú radicas la reclamación ante LUMA y son ellos mismos a los que les corresponde determinar si fueron responsables o no fueron responsables del daño provocado. Pones al consumidor en posición de desventaja porque, ¿cuál es la posibilidad de que ellos reconozcan que provocaron ese daño al consumidor? ¡Prácticamente ninguna!”, planteó la licenciada Hannia Rivera Díaz, directora de la OIPC.

El Proyecto del Senado 845 buscaba darle a la OIPC la facultad de representar a los abonados en casos de enseres y equipos dañados tanto ante el tribunal local, como en el federal y también ante LUMA. Pero fue derrotado en la Cámara de Representantes la semana pasada. El anterior director de la OIPC, José Pérez Vélez, es actualmente el cabildero interno de LUMA, particularmente para asuntos legislativos.

Rivera Díaz dijo a NotiCel que, con un aumento en su presupuesto, podría asumir esa responsabilidad. La oficina cuenta con $1.2 millones anuales fijados por ley. El dinero viene de la Junta Reglamentadora de Servicio Público (JRSP), la sombrilla donde están ubicados reguladores como el Negociado de Energía (NE). La oficina tiene nueve posiciones, cuatro de ellas vacantes al presente. La directora aseguró que se le ha hecho difícil reclutar y han llevado la carga hasta ahora los empleados actuales, pero que con más personal, y más fondos, podría llevar más casos y aumentar las tareas de orientación. El año pasado, la OIPC atendió 11,552 casos y este año van por 6,143.

Para poner en contexto el presupuesto de $1.2 millones de la OIPC, el negociado aprobó un presupuesto para todos los componentes del sector eléctrico, privados y públicos, que suma $1,315 millones. La OIPC no solo representa a consumidores ante el negociado, sino también el Negociado de Telecomunicaciones, el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos y el Programa de Política Pública Energética adscrito al Departamento de Desarrollo Económico. Esa ampliación de jurisdicción vino bajo la Administración Rosselló Nevarez en 2018 y ha resultado en diluir la misión y recursos de una entidad que originalmente estaba concentrada solo en energía.

LUMA ha dicho que mantiene el mismo proceso de reclamación por daños a enseres que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pero su presidente, Juan Saca Asencio, también comentó que si tienen que responder por todas esas reclamaciones se tendría que aumentar la factura. De hecho, el NE ordenó la semana pasada reiniciar el proceso para revisar la factura, que es la misma desde 2017.

Una cosa que puede suceder, explicó la directora, es que las personas lleven reclamaciones ante el negociado por problemas de fluctuación de voltaje y en esos casos se puede introducir evidencia de cómo la fluctuación ha dañado enseres.

El proceso de revisión de factura que se reinicia ahora, y otro que está pendiente este año para revisar el Plan Integrado de Recursos (PIR) son los dos en los que la OIPC puede entrar de lleno porque la ley los reconoce como interventores. Eso implica tener acceso a toda la información, presentar testigos e interrogar a los testigos de las demás partes. El PIR es el documento que establece las prioridades en las inversiones para mejorar la red y los proyectos a gran escala que se realizarán.

La oficina puede pedir la intervención en otros procesos, pero “depende del impacto que tenga en los consumidores el proceso que se esté llevando (y) tomando en consideración los recursos con los que cuento”, apuntó Rivera Díaz. Además, la directora de la OIPC retiene “discreción” para decidir cuáles solicitudes de representación acepta basándose en varios criterios dictados por reglamento que incluyen la “situación económica del solicitante”.

Otro tema muy vigente en el que la OIPC no entra es los sistemas de placas y baterías porque las compañías instaladoras no están bajo la jurisdicción del negociado, sino del Departamento de Asuntos del Consumidor. La excepción son las que, como Sunnova, vendan la energía, además de instalar el sistema. La oficina llegó a representar a unos 700 consumidores en un caso contra Sunnova.

La OIPC sí puede representar a consumidores en la objeción de sus facturas eléctricas, pero solo después de que agoten los remedios ante LUMA, que es quien tiene que atender ese tipo de reclamación en primera instancia. Si el caso no se puede resolver en LUMA, el abonado puede pedir someter una reclamación en el NE y podría tener la representación de la OIPC. En lo que va de este año, la OIPC ha conseguido un total de $202,738.42 en ajustes en la factura para 46 consumidores.

La dirección de la OIPC es un nombramiento de confianza del presidente de la JRSP, y del negociado, Edison Avilés Deliz.

El público puede contactar a la OIPC a través del número 787-523-6962, el correo electrónico info@oipc.pr.gov y en redes sociales bajo oipcpr.