Tras el asesinato de tres personas y el suicidio del asesino, se multiplicaron las promesas de acción y tres proyectos legislativos fueron sometidos, pero, hasta hoy, nada concreto ha resultado.

Cuando Wilfredo Santiago Figueroa se suicidó el 24 de enero pasado después de matar a su expareja y el hermano y la madre de esta, los poderes públicos cumplieron con el libreto que se ha instaurado hace años con feminicidios que capturan la atención del país: hubo expresiones de indignación, apuntar dedos para repartir culpa, reuniones de grupos de trabajo, promesas de investigación y radicación de proyectos de ley.

Pero, cuatro meses después y con la sesión legislativa ya en su último tramo, de los proyectos radicados no se ha aprobado ninguno y las investigaciones prometidas no han sido publicadas.

El expediente del caso de Santiago Figueroa refleja que un evento que pudo haber sido determinante en el resultado fue que la jueza municipal de Ponce, Ginny Vélez Carreras, decidió el 10 de enero que no iba a ponerle grillete electrónico cuando encontró causa para arresto por maltrato sicológico bajo la Ley 54. Esto, a pesar de que desde 2009 era obligatorio poner grillete cuando se encuentra causa bajo ciertos delitos de Ley 54 o cuando se trata de un reincidente, también bajo esa ley. La fiscal Alexandra Aulet Morales tampoco pidió el grillete.

Tras la decisión de causa para arresto, la vista preliminar quedó pautada para dos semanas después, el 24. Esa vista no ocurrió porque el abogado de defensa pidió más tiempo. Ese día en la tarde fue que la fiscalía se movió para pedir que se le pusieran grillete y esa noche el hombre mató a su expareja, Linnette Morales Vázquez, su hermano, Luis Miguel Morales Vázquez, a la madre de ambos, Lizzette Vázquez Vélez, y luego se suicidó.

La obligación de poner grillete electrónico que aplicaba en el caso de Santiago Figueroa expiró automáticamente por disposición de ley el 4 de febrero, debido a que un proyecto relacionado a monitoreo e violencia doméstica que presentó el representante popular, y precandidato a la gobernación de ese partido, Jesús Manuel Ortiz González, cambió la disposición para que fuera discrecional de los jueces y no obligatorio. Esa es la ley todavía hoy y casos como el de Santiago Figueroa no llevan obligatoriamente grillete electrónico.

Como secuela de la masacre hubo tres proyectos legislativos, todos en la Cámara de Representantes y uno de ellos de la Administración Pierluisi Urrutia. Las medidas buscaban revertir para que volviera a ser obligatorio el grillete electrónico, entre otros aspectos del procesamiento criminal de la violencia doméstica, pero ninguno se ha aprobado.

El que más lejos llegó fue el P de la C 2013, que introdujo el presidente del cuerpo, Rafael Hernández Montañez, con miembros de las delegaciones de los partidos Popular Democrático y Nuevo Progresista. Fue aprobado en la Cámara el 6 de febrero y desde entonces está dormido en el Senado. La Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico, a cargo del mismo presidente del cuerpo, José Luis Dalmau Santiago, tuvo el proyecto bajo su consideración desde febrero hasta el 17 de mayo. En ese periodo no se realizó ninguna vista, pero salió un informe que está sometido a la Comisión de Reglas y Calendario, que preside Javier Aponte Dalmau. Este es el paso previo a que se someta a votación en el pleno.

El informe dice que será “compulsoria” la imposición de grillete electrónico como condición de fianza en todo caso bajo la Ley 54 o bajo cualquier otra ley en la que la relación entre el victimario y la víctima cumpla con la definición de “relación de pareja” que aplica en casos de violencia doméstica. “Los tribunales vendrán obligados a imponer supervisión electrónica en todos los casos de violencia doméstica”, añade, al ordenar también al Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) a que los informes que preparan para el tribunal a la hora de imponer fianza reflejen estas nuevas obligaciones y la necesidad de definir la relación que hay entre victimario y víctima.

El informe atiende también otro aspecto totalmente distinto, que había creado controversia, de establecer un sistema de posicionamiento global (“GPS”) para que la víctima pueda detectar si una persona objeto de una orden de alejamiento violó el perímetro.

Además de este trayecto legislativo, la masacre provocó promesas de investigación en el Poder Judicial, el Departamento de Justicia y por parte de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). La Oficina de Administración de Tribunales (OAT) inicialmente indicó que relevó a la jueza Vélez Carreras de casos de violencia doméstica como medida preliminar de una investigación más amplia. Pero ese es el único resultado conocido de estas investigaciones.

Hace un mes, el Tribunal de Primera Instancia concedió una solicitud de la OPM para que se ordenara al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a entregar el informe que PSAJ preparó en el caso de Santiago Figueroa. La entrega ocurrió pero la Oficina, que había dicho que solo le restaba ese documento para terminar su investigación, todavía no ha hecho ningún anuncio sobre esto. La OPM tiene la facultad de imponer multas a otras dependencias públicas si identifica y fundamenta que fallaron en proteger a alguna mujer.

Ninguna de las tres entidades que anunciaron investigaciones respondieron si tenían actualización de las mismas para este reportaje.

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