Expertos que renunciaron a su participación reiteraron que no cumple con los objetivos de buena gobernanza.

Expertos que hasta recientemente formaron parte de las mesas convocadas para el proyecto Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (IDEAR) del Departamento de Educación (DE), recomendaron a la Asamblea Legislativa la paralización de dicho proceso porque no cumple con los elementos básicos de buena gobernanza.

El reclamo lo hicieron durante una vista pública de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado de Puerto Rico en la que participaron la consultora en política educativa Janice Petrovish; la representante de la Liga de Ciudades, Enery López Navarrete; la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet; y el consultor en política pública Enrique Colón Bacó.

Allí reiteraron que renunciaron al Comité IDEAR el 16 de abril del año en curso dado que su desarrollo contradecía los principios acordados.

“En las mesas en las que participamos solicitamos información sobre algunos puntos y compartimos recomendaciones que no fueron atendidas por el personal encargado del Departamento de Educación, y la compañía de asistencia técnica contratada por este. Al renunciar, hicimos unas recomendaciones para encaminar el proyecto”, lee la ponencia que recoge las opiniones de los cuatro deponentes.

Dado a que IDEAR no cumple con los elementos básicos de buena gobernanza, recomendaron la paralización del proceso de descentralización actual y que se desista de establecer el primer Local Education Agency (LEA) en agosto de este año.

“No entendemos la urgencia de querer establecer una estructura de gobernanza en la que su conceptualización ha limitado la participación de las personas más cercanas a nuestros estudiantes”, indican.

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Recomendaron además que se requiera la publicación de los criterios utilizados para la constitución de las LEA; priorizar un sistema de mérito a la hora de realizar nombramientos, una transparencia amplia para un presupuesto basado en los costos para educar a los estudiantes, y la evaluación del proceso de descentralización.

“Creemos y defendemos la educación pública como un derecho constitucional y como herramienta fundamental para el desarrollo humano y capital social en el país. Por ello apoyamos la escuela pública, no sectaria y gratuita; y un proceso de descentralización genuino basado en una verdadera participación ciudadana, la despolitización del sistema y el establecimiento de! sistema de mérito y evaluación para el nombramiento de sus ejecutivos”, establecieron.

Recalcaron a lo largo de la ponencia que el DE tiene un modelo actual de gobernanza centralizada, que es lo opuesto a la descentralización y es además, el único organismo responsable de todos los poderes administrativos, políticos y fiscales de la educación pública K-12 en Puerto Rico.

“La propuesta de descentralización del DEPR, solicitada por la Orden Ejecutiva 2023-014 del 22 de mayo del 2023 pretende desburocratizar su compleja maquinaria administrativa para lograr mayor eficiencia y, por tanto, mayor calidad de los servicios ofrecidos”, recordaron.

Resaltaron como un elemento importante de ese proceso su total despolitización. “El principio de despolitización tiene que retomarse y convertirse en centro de las discusiones como un elemento medular de! nuevo diseño”, sostiene la ponencia.

Indican al respecto que esa fue una preocupación constante y destacada en las consultas ciudadanas, por lo que se reconoció la necesidad de asumirlo como un elemento medular del nuevo diseño.

“Si bien sabíamos que sería difícil el manejo del tema, pues va a la esencia de las estructuras actuales, no puede ser ignorado y eliminado de las deliberaciones, como ocurrió”.

En un proceso de descentralización el principio de la participación ciudadana debe ser medular, agregan y afirman que “la participación ciudadana permite entender, y por ende atender mejor, las necesidades de las poblaciones a servir. Además, promueve el empoderamiento de las comunidades escolares para demandar transparencia y provocar los cambios necesarios para mejorar el sistema. También, fomenta la fiscalización y la corresponsabilidad efectiva ayudando a reducir la politización del sistema”.

“Un proceso de participación no es informar a las comunidades escolares o grupos interesados las decisiones tomadas, sino proveer los espacios y las estructuras necesarias para una gobernanza participativa”, subrayaron.

Se hizo además la denuncia de que en el caso de los pilotos de IDEAR, se contempló la creación de Consejos Asesores a nivel regional (CAL) para apoyar la administración y planificación de las Oficinas Regionales de Educación o LEA. “No obstante, los reglamentos propuestos y la política pública actual mantiene concentrado el poder desicional en manos de! Secretario(a) del DEPR”.

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Abogaron por aumentar la cantidad de recursos que llegan a los salones de clase en Puerto Rico y señalaron que Puerto Rico invierte menos por estudiante que todos los estados de Estados Unidos.

“Puerto Rico reportó al Departamento de Educación federal que su gasto por estudiante fue de $7,127 en el 2021, una cantidad menor a la de todos los estados de EE.UU. El gasto por estudiante de los estados de EE.UU. osciló en el 2021 entre $8,820 (Iowa) y $28,104 (Washington, DC.), con un promedio de $15,031.57 para todo EE. UU”.

De la misma forma expresaron preocupación porque del presupuesto que le asignan al DEPR, un por ciento menor está dedicado a costos de 'instrucción' en los salones de clase. También aquí Puerto Rico destina una proporción menor del presupuesto de educación a 'gastos de instrucción' que todos los estados de EE. UU.

“Según lo que el Departamento de Educación de Puerto Rico le reporta al gobiemo federal, en el 202I el DEPR solo dedicó 38. I% de su gasto total a estos 'gastos de instrucción'. Esta proporción dedicada a 'gastos de instrucción' esta muy por debajo del promedio de 51.8% de todo EE. UU”.

“Yo quiero establecer la importancia de este proyecto en aras de que Puerto Rico tiene que reestructurarse administrativamente y no puede utilizar la estructura de Gobierno vigente. El presupuesto no da, y tenemos un déficit presupuestario entre 400 y 500 millones de dólares […] Ustedes hacen unas recomendaciones y renuncian a este proceso porque entienden que no se están realizando las cosas como dicen las reglas”, expresó el presidente de la comisión, Javier Aponte Dalmau.