De confirmarse negligencia en el manejo del expediente del asesino en serie Hermes Ávila, la privatizadora de servicios de salud correccional podría quedarse sin contrato.

En medio del escrutinio público sobre cómo una evaluación médica de la empresa privada Physician Correctional (PC) llevó a la excarcelación de un asesino en serie, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) tiene facultad para cancelar el contrato de PC, pero tiene también un historial de pasar por alto los incumplimientos de ese contrato.

Dos semanas después de cuestionamientos constantes sobre la responsabilidad del departamento en la muerte de Ivette Joan Meléndez Vega, por la liberación aparentemente irregular de su asesino, el convicto Hermes Ávila Vázquez, la secretaria Ana Ivette Escobar Pabón, dijo ayer a NotiCel que no iba a renunciar a su cargo.

“¿Quién se espera que pueda ocurrir algo de esa naturaleza”, cuestionó la funcionaria para justificar su decisión de no renunciar y en referencia al asesinato de Meléndez Vega a manos de Ávila Vázquez, quien la degolló como degolló a Celia López García en 2005. Se supone que el hombre estuviera cumpliendo pena de 122 años tras declararse culpable de ese delito, pero en 2023 fue liberado mediante un pase extendido disponible solamente para enfermos terminales.

También en sus primeras expresiones sobre el contenido del expediente de Ávila Vázquez, la secretaria dijo que lo refirió al Departamento de Justicia después de que una revisión preliminar arrojara “inconsistencias en la documentación, discrepancias en los diagnósticos y la ausencia de evidencia que confirme los diagnósticos hechos al confinado”. La discreción para otorgar el pase es de la secretaria después de varias evaluaciones al confinado solicitante, incluyendo de un panel médico de PC.

El presidente de PC, Raúl Villalobos, reaccionó sorprendido por los hallazgos y por lo que considera el tiempo corto en que otro contratista, UTI Corp. hizo la revisión preliminar del informe. Añadió que “los médicos que evaluaron el caso no autorizaron la excarcelación del recluso” y que no iba a dar detalles debido a la confidencialidad del expediente. Pero consignó que sus médicos confirmaron un diagnóstico de paraplejia, una condición que no es terminal.

Su aclaración de que sus médicos no autorizaron la excarcelación es inmaterial porque ninguna ley o reglamento faculta a los médicos a autorizar una excarcelación, sino que su rol es de proveer análisis clínico y diagnósticos que pueden ser la base de una decisión de excarcelación y, en este caso, Villalobos nada dijo específicamente sobre la alegación del DCR de que hay “ausencia de evidencia” que confirme el diagnóstico.

Ávila Vázquez había intentado en 2016 que se le diera un pase por una supuesta condición terminal, pero Corrección lo rechazó por inmeritorio debido a que, entre otras cosas, no padecía condición alguna que lo mantuviera a riesgo de morir en seis meses. Sin embargo, en 2023 se le concedió el pase. Entremedio de esas dos evaluaciones, el convicto había desatado unas 15 reclamaciones legales contra PC y algunos miembros de su equipo médico.

Si resulta corroborada la afirmación de Escobar Pabón de que el expediente refleja “ausencia de evidencia” que confirme el diagnóstico, el DCR tendría base para cancelar de inmediato el contrato de $73.7 millones que firmó con PC en septiembre de 2023 y que tiene vigencia hasta septiembre de 2028 para proveer servicios médicos a la población correccional.

En su página 43, el contrato indica que la negligencia sería una de las razones por las que se podría cancelar el contrato “efectivo inmediato” y, de suceder así, la empresa se obliga a relevar de responsabilidad al departamento por los daños que surjan debido a esa negligencia. La expresión de Escobar Pabón sobre la “ausencia de evidencia” y su anuncio de que refirió el expediente a Justicia ocurre un día después de que la familia de Meléndez Vega notificara al gobierno su intención de demandar al gobierno por los daños que le causó la liberación aparentemente ilegal de Ávila Vázquez. Los familiares estimaron los daños en $20 millones.

Si Corrección mantiene el contrato, no sería la primera vez que la agencia protege los intereses de PC ante acusaciones de que sus actos u omisiones resultaron en la muerte de personas.

Ya en septiembre del año pasado, días antes de la firma del contrato nuevo de la empresa con vigencia hasta 2028, el senador José Vargas Vidot había emitido un informe en el que recomendaba que el contrato no fuera renovado por las actuaciones de PC en el caso que conllevó la muerte Shannel Colón Ponce. Esta fue una madre de 23 años paciente de salud mental quien murió estando sumariada y bajo la custodia del DCR.

Como parte de los hallazgos de la investigación senatorial, se precisó que PC violentaba su contrato anterior al no emitir informes mensuales a Corrección sobre su gestión, que la agencia no fiscaliza las facturas y que “de forma negligente” le dieron un alta médica a Colón Ponce sacándola del área de servicios de salud correccional tras lo cual esta se suicidó en el penal.

El contrato que el DCR le firmó a PC días después de ese informe senatorial tenía un aumento de compensación de $20 millones, sin que se explique en el mismo qué cambio en la población correccional ameritaba el aumento. Una revisión del contrato revela que el gobierno le garantiza a PC unos niveles de compensación anual (hasta $15.7 millones en 2027) sin que se incluyan parámetros específicos de rendimiento. De hecho, como funciona es que la empresa diseña su propio presupuesto de año en año y negocia con el departamento cuáles serán los criterios para medir cumplimiento.

Villalobos y algunos parientes donan al máximo y de manera repetida a candidatos del Partido Nuevo Progresista, incluyendo el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y el senador Thomas Rivera Schatz. Por su parte, Escobar Pabón es la directora de movilización de la campaña de reelección de Pierluisi Urrutia.

Vea:

Inconsistencias y falta de evidencia para sustentar el diagnóstico de paraplejia de Ávila Vázquez

Fue “pasional”, dijo Hermes Ávila para justificar feminicidio del 2005