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Corrección investiga por qué confinado acusado de asesinato estaba libre bajo Ley 25

La secretaria, Ana Escobar, quiere saber si había suficiente evidencia para otorgarle pase extendido.

La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar.
Foto: Archivo/Juan R. Costa

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) inició una investigación interna para conocer las razones por las cuales se le otorgó un pase extendido, bajo la Ley 25, a Hermes Ávila Vázquez, a quien se le acusa de asesinato en primer grado por la muerte de Ivette Joan Meléndez, ocurrida el domingo en Manatí.

La secretaria del DCR, Ana Escobar, dijo la investigación debe arrojar si los estudios médicos del confinado estaban hechos y si había suficiente evidencia que demostrara “que realmente, dentro de los factores limitantes que él tenía, como una persona que tenía paraplegia”, merecía el pase extendido que otorga esa ley a personas con enfermedad terminal.

“La agencia trabaja con la información que los médicos le proveen. Yo no he visto el expediente médico. He visto parte del expediente social y criminal de la persona. Nosotros estamos en un proceso investigativo para analizar esta situación preocupante con las evaluaciones médicas y más aún ya yo ordené el reingreso de esta persona a prisión”, dijo la funcionaria en entrevista durante el programa televisivo “Jugando pelota dura”.

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“En el momento en que nosotros tengamos toda la información recopilada de la investigación, si tenemos que hacer pública la situación… puedo pedir la cancelación del contrato de esas personas que trabajan en la agencia”, indicó.

Escobar dijo que la compañía que atiende los servicios de salud de la población correccional es Physician Correctional.

“Ya me comuniqué con el presidente de esta compañía, que es doctor Raúl Villalobos a los efectos de que se me de un informe completo, con carácter de urgencia, para atender esta situación y lo que tenga que hacer, (si es) la cancelación del contrato no me va a temblar el pulso para hacerlo”, manifestó.

Esta mañana, el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Manuel Quilichini, dijo que la condición de salud de Ávila Vázquez no llenaba los requisitos para que el Departamento de Corrección lo dejara libre bajo el amparo de la Ley 25-1992.

Quilichini fue director de Salud Correccional, la oficina que evalúa y recomienda la excarcelación, mediante un pase extendido, de los confinados con enfermedades terminales.

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