Dentro del paquete de 10 medidas se incluye una enmienda a la Ley de Armas de Puerto Rico.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, anunció hoy que firmó un paquete de 10 medidas legislativas incluyendo el Proyecto de la Cámara 273 que enmienda la Ley de Armas de Puerto Rico para que a toda persona que dispare un arma de fuego desde un vehículo de motor o acuático, se le suspenda la licencia de conducir o de navegación por un periodo de cinco años a partir de la extinción de la pena recibida.

Por lo tanto, y previo a tener este tipo de licencias suspendidas por el periodo establecido, las personas que disparen armas de fuego en estos vehículos podrán incurrir en delito grave con pena de reclusión por un periodo de 20 años y de tener agravantes la pena puede ser aumentada a 40 años. El Departamento de Justicia no encontró impedimento legal para que la medida se convirtiera en ley. Además, los Departamentos de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Seguridad Pública (DSP) y Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) favorecieron la nueva ley.

Pierluisi también firmó el Proyecto de la Cámara 517 que enmienda la Ley para Autorizar a la Policía de Puerto Rico la Expedición de Antecedentes Penales a los fines de disponer la eliminación automática de las convicciones de delitos menos graves si la persona convicta no se encuentra en el Registro de Personas Convictos por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, en el Registro de Personas Convictas por Delitos de Corrupción o en el Registro de Personas Convictas por Violaciones a la Ley para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica.

Por otra parte, y en aras de fomentar el desarrollo socioeconómico de los predios de la Antigua Base Naval de Roosevelt Roads en Ceiba, el gobernador convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 1430, a esos fines. Esta nueva ley dispone que, entre el 1 de julio de 2024 y el 1 de julio de 2069, el 50 por ciento del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) que sea cobrado por los comerciantes en los Proyectos de Mejoramiento en la Estación Naval y que no esté gravado, se transfiera a la Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos de Roosevelt Roads. Los fondos serán transferidos trimestralmente por el Departamento de Hacienda e ingresarán a un fondo separado por lo que no formarán parte de los ingresos totales anuales del Fondo General.

Por lo tanto, el Fondo para el Mejoramiento de la Estación Naval, será utilizado por la Autoridad para, entre otras cosas, proveer préstamos para proyectos de mejoramiento en los predios que incluyen, pero no se limitan, a marinas, hoteles, condohoteles, facilidades y edificios de ventas al detal, facilidades recreativas y de entretenimiento, entre otros, siempre y cuando cumplan con las leyes, reglamentos y ordenanzas estatales y municipales aplicables. También, se podrán financiar obras de construcción y mantenimiento por la Autoridad en la Estación Naval y se autoriza que el 25 por ciento disponible en cada año fiscal sea provisto por la Autoridad a los municipios de Ceiba y Naguabo para la ubicación de nuevos negocios, así como financiar mejoras de capital y construcción, reconstrucción o rehabilitación de proyectos de desarrollo económico.

El gobernador también dio paso a la Resolución Conjunta de la Cámara 569 que transfiere la responsabilidad, operaciones, organización y mantenimiento de la Banda de Conciertos de Puerto Rico a la Corporación de las Artes Musicales. También, firmó el Proyecto de la Cámara 1826 para que todo acreedor financiero-concesionario de venta de vehículos de motor y gestor de licencia relacionada con vehículos utilice las plataformas digitales provistas o autorizadas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Asimismo, el primer ejecutivo dio paso al Proyecto de la Cámara 1797 para incluir la palabra ‘veterana’ en las tablillas de vehículos de motor.

Pierluisi firmó la Resolución Conjunta de la Cámara 256 para que el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI), evalúe la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, de las instalaciones de la Escuela Amalia Marín al municipio de Guayama. También, firmó el Proyecto de la Cámara 1626 que declara el último domingo del mes de agosto de cada año como el Día del Paso Fino.

Del mismo modo, el gobernador Pierluisi firmó la Resolución Conjunta de la Cámara 473 para que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) así como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) realicen un estudio sobre el tránsito en la carretera estatal PR-19 y la intersección con la Avenida Ramírez de Arellano para descongestionar el tránsito de vehículos de motor. Otra medida convertida en ley es la Resolución Conjunta de la Cámara 373 que designa varios kilómetros de la carretera PR-146 en Ciales con el nombre de Frank Campos López.

Por otra parte, y dejando claro que se debe continuar previniendo el fraude gubernamental e incentivar que las personas lo denuncien, el gobernador explicó que la Constitución de Estados Unidos, así como la de Puerto Rico, reconocen el derecho a la confrontación y que ya hay leyes de avanzada con disposiciones anti represalias, razón por la cual emitió un veto expreso al Proyecto de la Cámara 1014. Esta medida pretendía enmendar la Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas-Contratos y Servicios del Gobierno a los fines de limitar la discreción de intervención por parte del Estado en estos pleitos, ampliar los derechos del delator y otros fines relacionados.

“Tanto la Constitución de Estados Unidos como la Constitución de Puerto Rico reconocen el derecho a la confrontación, garantía constitucional que según redactado el Proyecto no se protegería. Mantener la confidencialidad del delator en la etapa del proceso judicial es contrario al debido proceso de ley, pues la parte demandada podría quedar en un estado de indefensión y sin posibilidad de contrainterrogarla o dirigir requerimientos en el proceso de descubrimiento de prueba. Esto cobra más relevancia en los procesos judiciales de naturaleza criminal, donde existe el derecho a la confrontación. Es sabido que el derecho o principio de la confrontación opera en la etapa de juicio y su objetivo principal es evitar la celebración de juicios mediante declaraciones ex parte y deposiciones que priven al acusado la oportunidad de examinar y contrainterrogar personalmente a los testigos”, explicó Pierluisi en su veto.

“Asimismo, advierto que el posible efecto de dejar de considerar al Gobierno de Puerto Rico como parte indispensable en estos pleitos es que se tengan que desestimar múltiples investigaciones y casos, pues con las enmiendas propuestas a la Ley de Reclamaciones Fraudulentos a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno esta dejaría de ser una Ley análoga a la Ley de Reclamaciones Fraudulentos Federal y las acciones no se podrían continuar tramitando en los foros federales. Lejos de afectar las reclamaciones instadas por personas privadas, la participación del Gobierno fortalece estas acciones y viabiliza que se otorguen los remedios solicitados”, añade el documento.