Domingo Emanuelli responde a señalamientos de la auditoría de la Oficina de la Contralora.

El Departamento de Justicia alegó hoy que la auditoría realizada por la Oficina del Contralor, para el periodo de 2018 al 2023 contiene información publicada de forma “incompleta, inexacta y que induce a error”.

El secretario, Domingo Emanuelli Hernández, expresó su desacuerdo con los hallazgos de la auditoría, que denotan el supuesto desconocimiento sobre los procesos jurídicos por los que se rigen la agencia. Además, cuestionó que se omitiera la respuesta del Departamento, que desmiente aseveraciones contenidas en el informe y aclara las medidas implementadas para atender varias situaciones que ocurrieron previo a su incumbencia.

“Cada uno de los hallazgos fue respondido y aclarado con datos y evidencia. Sin embargo, la publicación incompleta omitió la respuesta de la agencia, induciendo a error y dando la impresión equivocada de la existencia de deficiencias administrativas por situaciones, en su mayoría fuera del control del Departamento, que surgieron previo a nuestra incumbencia y que han sido atendidas y corregidas”, manifestó Emanuelli Hernández en declaraciones escritas.

Lea detalles del informe en: Contraloría retrata un desastre administrativo en el Departamento de Justicia

El secretario informó que, desde mayo de 2022, el Departamento de Justicia implementó un nuevo sistema para el registro y pago de nómina mediante el cual se descuenta automáticamente cualquier balance por licencia de enfermedad u otro concepto. El sistema está integrado al Departamento de Hacienda y evita que se incurra en pérdidas por balances de cuentas por cobrar.

Asimismo, indicó que desde el inicio de sus funciones el Departamento ha realizado las gestiones de cobros de balances de años previos a su incumbencia, incluyendo la deuda de $103,350 desde el 2019, que corresponde a un empleado que falleció de cáncer. Afirmó que para asegurar el pago de las deudas, el Departamento de Justicia ha presentado acciones de cobro ante los tribunales y ha referido al Departamento de Hacienda 98 casos de cobro; dato que también omitió la publicación divulgada.

El señalamiento de la Contralora indicó que un empleado del Departamento de Justicia cobró $103,350 de fondos públicos mientras se ausentó, por enfermedad, del 2019 al 2021, sin contar con el balance para cobrar la astronómica suma de dinero.

Sobre el empleado que cobró $103,350, se indica en el informe de la Contralora que su supervisor era un fiscal de Distrito y que el secretario auxiliar de Recursos Humanos también conocía la situación de falta de balance, pero no suspendieron el pago de nómina hasta el 2021.

“La actual administración ha tenido que lidiar responsablemente con situaciones heredadas, que incluyen instrucciones impartidas por administraciones anteriores hasta la pérdida de datos como consecuencia del huracán María, en el año 2017”, lee un comunicado enviado por Justicia.

En el informe también se indica que el Departamento de Justicia tiene 138 demandas pendientes de resolución en el foro judicial. “Esto denota falta de conocimiento sobre los procesos judiciales en Puerto Rico. Son los tribunales los que adjudican, emiten las resoluciones y controlan el calendario de los procesos judiciales. Por lo que presentar esto como un hallazgo es un error”, añadió el titular de Justicia.

De igual forma, las afirmaciones de la Oficina del Contralor sobre la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del DJ “reafirman el desconocimiento del manejo de los casos criminales”.

“Las investigaciones en la DIPAC no se pueden enmarcar en un periodo de tiempo para cada investigación, ya que su complejidad y las controversias legales no son iguales”, dice el comunicado.

Según Justicia, el tiempo que conllevan las investigaciones se puede ver afectado por un sinnúmero de variables externas, fuera del control del fiscal, tales como: la cantidad de sospechosos; la disponibilidad de testigos; las controversias a resolver; el tiempo que se toma la contestación de los requerimientos o la entrega de evidencia solicitada; la evidencia pericial y análisis técnico o especializado, entre otros.

Agrega Justicia que los fiscales adscritos a la DIPAC investigan con la mayor diligencia las querellas y procesan aquellos casos donde haya prueba más allá de duda razonable que sostenga la convicción por el delito imputado. Además, se han designado fiscales adicionales para atender la mayoría de las investigaciones en curso.

La DIPAC se rige por lo establecido en la Ley Núm. 205-2004 y existe reglamentación vigente que regula los procesos investigativos de los fiscales del Departamento de Justicia. “El Departamento ha sido diligente en revisar la política pública y órdenes administrativas conforme a las leyes, cuando resulta necesario”, indica el comunicado.

Finalmente, se informó que el Departamento ha realizado las gestiones requeridas para contratar un nuevo encargado de la propiedad tras la renuncia de la persona que ocupó el cargo hasta octubre de 2021.

“Se han publicado cerca de cuatro convocatorias y se han realizado entrevistas, sin embargo, por razones que no están bajo nuestro control, no se ha podido llenar el puesto vacante. La escala salarial no resulta atractiva para las personas entrevistadas. Mientras se completa el proceso de contratación, el director de Servicios Auxiliares está a cargo de dicha encomienda”, dijo el secretario.

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