La Asociación de Empleados Judiciales envió una carta a la Junta de Supervisión Fiscal para que se agende una reunión lo antes posible.

Los empleados del sistema judicial reclamaron en la mañana del lunes, frente a las instalaciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que se conceda el aumento salarial con carácter de urgencia para lograr sobrellevar la inflación en Puerto Rico.

De igual manera, aprovecharon para señalar que no se sienten representados por la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez ya que, según indicaron, no los respalda como ellos lo necesitan.

Según denunciaron, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) cuenta con $8.1 millones destinados al aumento salarial de los empleados y desconocen si la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) solicitó. La denuncia la realizan posterior a la aprobación de un aumento salarial retroactivo al 1 de julio de 2023, a los jueces del Sistema Judicial en la isla.

“Yo no soy el que debería estar aquí reclamando. Aquí quien tenía que estar era la jueza presidenta, ellos tendrían el respeto que se merecen si estos compañeros los vieran de una manera diferente y hubiesen estado aquí con nosotros”, denunció Amílcar Gerena Román, presidente de la Asociación de Empleados Judiciales.

“Por eso estamos aquí manifestándonos para hacer un reclamo justo hacia la JSF y a la Oficina de los Tribunales porque hay $8.1 millones destinados en la OGP para aumento a los empleados y queremos que ese dinero sea enviado inmediatamente al patrono para que los compañeros que fueron impactados negativamente por la implementación del Plan de (Clasificación) y Retribución sean reconocidos por sus años de servicio”, continuó.

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Gerena Román dijo, además, que el Plan de Retribución y Clasificación impactó de manera adversa al 60% de los empleados al omitir el criterio de años de su servicio.

Como parte de los esfuerzos para ser escuchados, la Asociación envió una carta a la JSF con el fin de que accedan a reunirse lo antes posible.

“Le enviamos una carta a finales de semana solicitándole una reunión al director ejecutivo de la Junta, (Robert) Mujica para llevarle nuestros reclamos y nuestros requerimientos al respecto. Ya nosotros hemos tenido reuniones con la Junta, pero prácticamente se pasan el balón tanto la Junta como la Administración de los Tribunales y queremos que estos reclamos sean atendidos genuinamente”, destacó.

A pesar de que los empleados judiciales no están en contra del aumento salarial de los jueces, sí destacaron que hay falta de voluntad para darles su compensación monetaria.

“Aquí el aumento de los jueces se lo dieron ellos mismos. El juez Anthony Cuevas decidió que ellos merecían un aumento, porque si yo quisiera, iba a un espejo y decía que quiero un aumento de $5,000 al mes porque lo necesito y me levanto y ya lo tengo…pero a nosotros no hay quien nos represente. La jueza presidenta, ella misma me admitió que el dinero está designado pero que la Junta lo tiene paralizado. Entonces, ¿cómo el gobernador puede conseguir a través de la Junta un dinero para unos sí y para otros no? ¿Por qué nosotros no nos hemos tirado a la calle a paralizar el sistema? ¿Esa entonces es la alternativa que ellos quieren?”, señaló Josefine Cruz, empleada del Centro Judicial de Bayamón.

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“Hay veces que no hemos podido ni reportarnos a trabajar y tenemos que faltar por días de enfermedad o por vacaciones porque no tenemos dinero ni para la gasolina. Sin embargo, hay jueces que, si el carro se le dañó, le consiguen uno o los van a buscar; y no es que tenemos algo en contra, por mí le pueden dar un millón a los jueces, vivir en Dubai y trabajar remoto, con eso no hay problema, ¡pero que sean justos con nosotros!”, continuó Cruz.

Según se indicó en la conferencia de prensa, ya hay 1,600 solicitudes enviadas por parte de los empleados para que se implemente el Plan de Clasificación y Retribución.

Otro reclamo que se expresó, fue la imposición de seminarios, vacunas y la reducción del pago del bono de navidades de $1,000 a $600.

“Los ahorros que se han logrado es porque a nosotros nos descuentan días. Por ejemplo: después de Acción de Gracias nos quitan un día. Yo llevo cuatro años que no cojo vacaciones porque todos los años la rama judicial nos quita días obligados y los días que ellos deciden. Con eso se hizo un ahorro, pero ¿a quién le dieron ese ahorro?”, cuestionó Cruz.

A pesar de que no descartan un paro cercano, la Asociación de Empleados Judiciales aprovechó hacer un llamado al gobernador Pedro Pierluisi.

“El llamado es al gobernador,ya que vemos que el poder judicial y su administración no han sido diligentes. Que el gobernado tome la batuta y de instrucciones públicas tanto a la Junta como a la jueza presidenta para que reconozcan a los trabajadores de la rama judicial”, puntualizó Gerena Román.

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