Ayer entró en vigor una ley que vuelve a darle discreción total a los tribunales sobre la imposición de grilletes en casos de violencia doméstica, a pesar de advertencia a la Legislatura desde hace por lo menos dos años.

La violación de ley que cometió una jueza y que dio paso a que el autor de la Masacre de Yauco no tuviera un grillete en el tobillo al cometer los crímenes será, desde este ayer, una conducta perfectamente legal para los magistrados del país, convirtiendo el asunto en una mera discreción.

A pesar de que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) lo está advirtiendo formalmente a la Legislatura desde al menos febrero de 2022, el 4 de febrero de 2024 entró en vigor un proyecto de ley de la autoría del presidente del Partido Popular Democrático (PPD), el representante Jesús Manuel Ortiz González, que devuelve a los jueces toda discreción para imponer el uso de supervisión electrónica como condición de fianza en casos de violencia doméstica.

El nuevo estado legal que se crea a partir del domingo es una manifestación de la falta de consistencia que ha tenido el tratamiento legislativo sobre la fianza en estos casos y que, para la OPM, no tiene explicación.

Mediante acción bipartita en 2009, la Ley 99 estableció la política pública de que en los casos de violencia doméstica agravada el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) estaría obligado a recomendar, y el tribunal obligado a imponer, el grillete electrónico para imputados bajo ciertos artículos de la Ley de Violencia Doméstica (Ley 54). Como un punto adicional, la legislación proveyó que el tribunal también estaba obligado a poner grillete “en caso de reincidencia (de la Ley 54), irrespectivamente del artículo que se haya incumplido, con o sin recomendación (de PSAJ)”.

Esa ley estaba vigente el 19 de enero de 2024 cuando la jueza municipal de Ponce, Ginny Vélez Carreras, determinó que no iba a imponer supervisión electrónica a Wilfredo Santiago Figueroa, contra quien había encontrado causa por maltrato sicológico bajo la Ley 54. La determinación de la jueza ocurrió a pesar de que el informe de PSAJ divulgaba que el hombre tenía antecedentes bajo la Ley 54 y que la recomendación en el mismo era que se le impusiera grillete. La fiscal Alexandra Aulet Morales tampoco pidió el grillete. Dos semanas después, el hombre mató a su expareja, Linnette Morales Vázquez, su madre, su hermano y luego se suicidó.

En agosto de 2023, esa disposición de la ley de 2009 se alteró mediante un proyecto de Ortiz González que tuvo el resultado de ampliar la cantidad de delitos para los que PSAJ recomendaría grillete. Ahora sería para cualquier delito bajo la Ley 54 pero, a la vez, dice que esa recomendación de PSAJ estará sujeta a la “discreción del tribunal, de acuerdo a la prueba presentada”. Con esto, el tribunal ya no está obligado a poner grillete en ningún delito bajo la Ley 54.

Lo de la “discreción del tribunal, de acuerdo a la prueba presentada” apareció por primera vez en el récord legislativo en junio de 2023 en la versión del proyecto que aprobó la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado que preside Migdalia I. González Arroyo, sin que el informe de la medida aluda a ese punto. La procuradora interina de la OPM, Madeline Bermúdez Sanabria, dijo no saber de dónde salió el lenguaje, aunque sí que la oficina que entonces dirigía la jueza de apelaciones Lersy Boria Vizcarrondo advirtió que sería un problema. Ortiz González no estuvo disponible para entrevista sobre esto con NotiCel.

Sin atender la advertencia, el Senado aprobó ese lenguaje y el Gobernador lo convirtió en la ley 89 de 2023, que entró en vigor el 4 de febrero. La alteración del lenguaje en esta legislación ocurrió bajo el manto de la intención legislativa del proyecto, que era obligar el uso de una aplicación digital que avisa a la víctima cuando su agresor está cerca, llamada EMPOWER.

Tan reciente como el 17 de enero pasado, días después de que Santiago Figueroa quedara sin grillete y días antes de que se convirtiera en un asesino suicida, en una vista cameral se volvió a lanzar la advertencia de cómo la ley aprieta por un lado, pero libera completamente por el otro.

Laura Hernández Gutiérrez, directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Departamento de Justicia, anticipó que el nuevo marco legal que hay desde el domingo es problemático porque, al ponerle a la fiscalía el peso de presentar prueba para que el juez imponga grillete “las vistas de Regla 6 van a ser tan complejas como las vistas preliminares”. “Van a durar un mundo, no vamos a tener nada uniforme ni vamos a tener certeza de qué va a ocurrir en esas vistas”, añadió al asegurar que no tenía “la mejor idea” de por qué la ley volvió a darle discreción al tribunal sobre el grillete.

Aunque el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dijo el jueves que “se está preparando proyecto de ley para enmiendas técnicas a la Ley 89”, Bermúdez Sanabria dijo que su oficina no ha sido consultada por Fortaleza sobre esto. La procuradora interina admitió que fue solo después de la Masacre de Yauco que la corrección a la Ley 89 “ha crecido en importancia”, a pesar de las advertencias de su oficina.

Pierluisi señaló que el proyecto busca eliminar la discreción en al menos dos instancias: cuando hay reincidencia y cuando se ocasiona grave daño corporal.

La postura de la OPM, la cual la procuradora interina asegura que no ha enfrentado resistencia en ninguno de los lugares donde la ha discutido, incluyendo en la Oficina de Administración de Tribunales, es que la obligatoriedad del grillete se amplíe a todos los delitos relacionados a violencia de género (no solo los enumerados en la Ley 54) y que no esté condicionada a reincidencia.

Eso es un alcance mayor al que tiene la única medida radicada hasta ahora para enmendar la Ley 89 y quitarle discreción a los tribunales en la imposición de supervisión electrónica. El Proyecto de la Cámara 2012, de la representante novoprogresista Wanda del Valle Correa, busca que el grillete “se imponga de manera no discrecional… a todos los imputados de la comisión de cualquier delito tipificado (bajo la Ley 54)”. Específicamente se elimina la frase de a “discreción del tribunal, de acuerdo a la prueba presentada”.

En una conferencia de prensa el viernes, el presidente cameral Rafael Hernández Montañez, dijo que se aprobaría esta semana un proyecto que radicaron él y los representantes Luis Ortiz Lugo y Ángel Peña Ramírez para “establecer de manera clara e inequívoca la obligación de los tribunales de imponer la supervisión electrónica en todos los casos de violencia doméstica (y) para incluir la supervisión electrónica en todo caso donde se configure conducta criminal constitutiva de violencia doméstica, aunque no surja de la Ley 54”, pero el texto de la medida no estaba disponible.

Todos los casos de violencia doméstica que surjan hasta que los poderes legislativos y ejecutivo se pongan de acuerdo sobre el cambio que aprobarán a la Ley 89 tendrán el beneficio de que el grillete es a discreción del tribunal, dependiendo de la prueba que fiscalía presente, y no una obligación, como la que se supone que se hubiera activado contra el autor de la Masacre de Yauco.

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