El gobernador Pedro Pierluisi firmó la Orden Ejecutiva 2023- 039 con que extiende la Declaración de Emergencia por Violencia de Género hasta el 31 de diciembre de 2024.

“Estamos enfrentando diversas manifestaciones de violencia física, sicológica, sexual y económica que representan un mal social complejo. Ante ello, es necesario trabajar tanto en la prevención como en la atención a víctimas teniendo como objetivo la erradicación de cualquier expresión de violencia de género. Con el estado de emergencia hemos instituido transformaciones en el manejo de este mal social y sus múltiples manifestaciones en el Poder Ejecutivo. Tales iniciativas se han implementado e integrado como política pública en las agencias del Gobierno de Puerto Rico. La obra que comenzamos el 25 de enero de 2021 con la Declaración de Emergencia no ha terminado y mucho menos nuestro compromiso inquebrantable con erradicar la violencia. Por ello, damos continuidad a las iniciativas y proyectos comenzados e implementados por el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité Pare)”, estableció el gobernador en la Orden Ejecutiva.

Puede leer la orden aquí:

La extensión de la Declaración de Emergencia, tiene como objetivo salvaguardar la asignación de recursos fiscales en los presupuestos de las agencias y el ofrecimiento de servicios esenciales por parte de las agencias y las organizaciones no gubernamentales expertas, así como continuar desarrollando e implementado el sistema de recopilación de datos. Del mismo modo, se seguirán estableciendo alianzas con los gobiernos municipales para ampliar la red de servicios y apoyo a personas en situaciones de violencia de género. Igualmente, se continuarán concretando acuerdos de colaboración entre los municipios y el Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección (COPOP) -adscrito a la Unidad de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del Negociado de la Policía- integrando a las policías municipales en el sistema de trabajo diseñado para la atención y diligenciamiento de las órdenes de protección y el patrullaje preventivo, como parte del plan de trabajo, objetivos y metas del COPOP.

La orden tiene como objetivo salvaguardar la asignación de recursos fiscales en los presupuestos de las agencias y el ofrecimiento de servicios esenciales por parte de las agencias y las organizaciones no gubernamentales expertas.

La Orden Ejecutiva establece que se continuarán ampliando las herramientas para el manejo, procesamiento y la atención de las órdenes de protección, en colaboración con el Poder Judicial, las agencias y las organizaciones no gubernamentales. Además, como parte de las acciones concretas, se implementará el adiestramiento y capacitación continua del personal público sobre los protocolos adoptados para la atención y manejo de la violencia de género en toda manifestación.

Igualmente, se desprende de la OE que las campañas de prevención y educación contra la violencia tendrán continuidad, así como el desarrollo de planes y programas necesarios entre las agencias y las organizaciones no gubernamentales para la atención y apoyo de las víctimas secundarias de la violencia de género, sobre todo los y las menores que son víctimas secundarias de feminicidios.

La Orden Ejecutiva establece que se continuarán ampliando las herramientas para el manejo, procesamiento y la atención de las órdenes de protección, en colaboración con el Poder Judicial, las agencias y las organizaciones no gubernamentales

Del mismo modo, se revisarán y establecerán programas efectivos para la rehabilitación dirigida a romper el ciclo de la violencia de género y se continuará implementando el currículo de equidad y respeto entre los seres humanos en las escuelas del sistema público de enseñanza.

Desde que el gobernador Pierluisi decretó el estado de emergencia en el año 2021, se ha adoptado legislación puntual, desarrollado protocolos e implementado medidas e iniciativas concretas en contra de la violencia de género tales como la creación del COPOP y el establecimiento de un sistema de recopilación y manejo de datos estadísticos sobre los casos de feminicidio, por parte del Instituto de Estadísticas, en conjunto con el Negociado de la Policía, el Departamento de Salud y el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico.

Entre la legislación aprobada, se destaca la Ley 32-2021 la cual requiere que en toda vista para determinar causa probable en delitos relacionados con la violencia de género, esté presente un representante del ministerio público, así como un intercesor de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Igualmente, como parte de la Ley 74-2023, se incorporó la violencia económica como una modalidad de violencia doméstica.

Con el propósito de capacitar a los empleados públicos que trabajan este tipo de casos, se implementaron cursos obligatorios sobre violencia de género dirigidos a fiscales, procuradores de menores, procuradores de familia y técnicos de asistencia social a víctimas y testigos del Departamento de Justicia; y se expandieron las unidades especializadas a las 13 fiscalías de distrito del Departamento de Justicia con el reclutamiento de 48 fiscales y personal de apoyo para la investigación y procesamiento de salones de entrevistas para víctimas sobrevivientes en las Fiscalías de Distrito.

Como parte de un sistema centrado en el apoyo a las víctimas sobrevivientes, en marzo de 2023 se actualizó el sistema de rastreo (tracking system) y se han procesado los datos de los safe kits en custodia del Instituto de Ciencias Forenses desde el año 2011 al presente, entre otras medidas establecidas como parte de la política pública del gobernador.