El 48% de estas infracciones se produce en los municipios.

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) publicó su tercera radiografía de la corrupción (R3) en el servicio público para actualizar, analizar y fiscalizar el problema de la corrupción en Puerto Rico.

En el más reciente estudio, encontraron que el 52% de los querellados que infringieron en la ley de Ética trabajaba en agencias y corporaciones públicas y un 48% en municipios, siendo en su gran mayoría puestos de supervisores.

De igual manera, la OEG levantó la alerta al descubrir que el R3, al igual que los pasados estudios, la violación más generalizada y significativa a la ética está relacionada directamente a la utilización de las funciones y deberes del servicio público.

Desde el 2011 han realizados dichos estudios. La Radiografía de la Corrupción I del 1990 al 2009, la Radiografía de la Corrupción II de 2009 al 2016 y la tercera desde el 2012 al 2022.

La más reciente ampliación de la Radiografía de la Corrupción III (R3-10), explora características generales del servidor público que violó la Ley Orgánica de la OEG durante ese espacio de tiempo.

“En esta radiografía incluimos información sobre el tiempo en el servicio público, la supervisión, los puestos ocupados, beneficios obtenidos y los artículos del código que se han visto afectados con más frecuencia”, explicó Luis Pérez Vargas, director ejecutivo de la OEG.

“La Radiografía de la Corrupción es una iniciativa de la OEG desde el 2011, diseñada para maximizar el contenido de sus Resoluciones finales y a su vez adquirir conocimiento a través de los procesos de prevención y fiscalización”, continuó.

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Dichas resoluciones de la OEG, son documentos públicos en los cuales se establece la determinación final sobre las querellas presentadas en contra de servidores y ex servidores públicos que infringen con la Ley.

En esta radiografía se evaluaron 190 resoluciones emitidas bajo la ley vigente 1- 2012.

El 31% de los participantes fue del género femenino y el 69% del género masculino. La investigación se llevó a cabo en 70 municipios.

Los ocho pueblos restantes, están con casos activos por violación a la ley de Ética. Entre ellos: Arecibo, Isabela y Aguadilla.

La R3 reveló que los servidores públicos que más cometen violaciones a ley llevan laborando entre cero a cinco años con un 43%, seguido por los servidores público que llevan más de 20 años en el servicio con un 20%. Un aumento de 7% en comparación a la última Radiografía de la Corrupción (R2).

En el periodo estudiado, también hubo un incremento de un 21% en los servidores públicos de alto perfil que violaron la ley, en comparación con un 19% que concluyó la R2.

Entre estos se encuentran alcaldes con un 10%, jefes de agencia con un 6%, directores de área con 24% y el 60% otras posiciones.

Entidades gubernamentales

De la información recopilada, surgió que casi la mitad de los servidores y ex servidores públicos que violaron la ley en el periodo de 10 años, eran empleados municipales.

Las agencias obtuvieron el 54% y los municipios el 46%.

“Resaltamos que, en comparación con la R2, hubo una disminución de un 4% de servidores públicos que utilizaron los deberes y facultades de su puesto para realizar acciones antitéticas y un aumento de u 3% en el uso indebido de propiedad pública”, detalla el informe.

Los deberes y facultades resultaron en un 59%, la propiedad 39% y el área de información y otros al 2%.

Beneficios obtenidos por las acciones antitéticas del servidor público

El 41% obtuvo beneficios a través de contratos, nombramientos, privilegios políticos, entre otros, el 37% fue con dinero y el 22% por uso indebido una propiedad pública.

El 37.3% utilizó fondos públicos de manera indebida, el 25.4% fue por uso de equipos, el 13.4% por utilización de vehículos oficiales, el 4.9% tarjetas de créditos, entre otras propiedades públicas.

“De igual manera, el estudio refleja que hubo un aumento de un 10% en las personas o entidades privadas que se beneficiaron. Por las acciones antitéticas del servidor público que violó la ley y de un 5% cuando un partido o candidato que fueron los beneficiados”, sostiene los resultados.

Así como las violaciones más frecuentes al Código de Ética establecidos en ley ha sido por sus deberes y facultades.

Violaciones sobre informes financieros

Se refleja que de las resoluciones emitidas por la OEG sobre informes financieros, la mayor cantidad de servidores y ex servidores públicos violaron la ley al no presentar su informe.

El 58% no presentó el informe, el 42% no presentó información.

Sin embargo, de la información estudiada surge que más de la mitad de los servidores o ex servidores públicos que se procesaron en la OEG aceptaron la falta mediante un acuerdo de transacción.

El 66.7% llegó un acuerdo y el 33.3% tuvo audiencia.

“La OEG ha prevalecido en el 96% de los casos donde se ha procesado servidores públicos o ex servidores por violación a la ley, y en los casos donde los casos los querellados han acudido a revisión judicial al Tribunal de Apelaciones o Supremo”, concluye el estudio.

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“Reconocemos que el problema de la corrupción persiste y no desaparecerá del todo. La OEG estará pendiente a las acciones improcedentes que inciden contra la rectitud que debe permear en el gobierno”, destacó Pérez Vargas.

Durante esta década, la OEG ha resuelto sobre 300 casos entre la ley de Ética actual y la anterior.

Dados a los resultados, sometieron 11 postulados para la transformación gubernamental.

Entre ellos está: recuperar el principio en el reclutamiento de servidores públicos con el fin de seleccionar a los más aptos bajo una estructura de competencias y rescatar las evaluaciones de despeño para conocer las fortalezas y debilidades del servidor público.

Radiografía de la Corrupción I (R1)

“En el R1 se encontró que más de la mitad de los querellados ocupaban puestos de mediana gerencia y, en su mayoría, tenían entre uno a cinco años en el servicio público. Las violaciones incluyeron una amplia gama de conductas, entre ellas, los servidores públicos obligados a presentar el informe financiero ante la OEG y los que utilizaron el puesto y las funciones para adelantar intereses”, destaca el informe.

Radiografía de la Corrupción II (R2)

“Los daros de la R2 reflejaron que un 77.78% de los servidores públicos que incurrieron en violaciones a la normativa ética tenían funciones de supervisión. Allí se destacaron los puestos de alcalde, directores de recursos humanos, miembros de la junta de subastas, legisladores municipales, entre otros. Por otro lado, los beneficios no permitidos más frecuentes fueron en dinero, propiedades, nombramientos, contratos y aumentos de salario”, sostiene los resultados.

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