El Inspector General de Vivienda federal pide más controles para detectar fraude con los $20,000 millones asignados a la isla para recuperación de los huracanes, pero la agencia local y la federal creen que está exagerando.

La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD) alertó en una auditoría que el Departamento de Vivienda de Puerto Rico (DV) refleja un cuadro “descontrolado” y “caótico” que no permite detectar efectivamente los peligros de fraude que hay en el uso de los $20,223 millones que el gobierno federal ha asignado a esa agencia local para atender la recuperación de los huracanes Irma y María.

La auditoría es de octubre, pero se hizo pública ayer. Los inspectores estuvieron en la isla entre noviembre de 2022 y febrero de 2023 para hacer una evaluación que cubría procesos realizados en el DV entre 2018 y 2022. Vivienda local maneja un borrador del informe desde agosto pasado.

“Los procesos gerenciales del DV para mitigar los riesgos de fraude o no existían o eran de naturaleza reaccionaria”, dice el informe al adjudicarle un nivel “ad hoc” a los esfuerzos de detección de fraude en la agencia local, según el criterio de mejores prácticas antifraude que los inspectores aplicaron.

“Un nivel de madurez ad hoc significa que los procesos gerenciales de riesgo de fraude son desorganizados, incluso caóticos, y que los esfuerzos antifraude no están documentados y se conducen de un amanera ad hoc, descontrolada y reactiva”, abundaron.

Tanto HUD como el DV disputaron los hallazgos del OIG señalando que se han implantado los controles que requieren las regulaciones federales y que lo que los inspectores pretenden es cambiar las reglas del juego para que los fondos estén sujetos a un programa de detección de fraude que el secretario de Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, calificó como “aspiracional” en su contestación formal a la auditoría.

Pero el OIG rebatió estas reacciones e insistió en sus recomendaciones, particularmente que el DV lleve a cabo “evaluaciones regulares sobre riesgo de fraude o que tenga una unidad dedicada solo a detectar fraude que pueda ayudar a identificar riesgos nuevos o emergentes de fraude”.

“Hacer esto está en el mejor interés de la habilidad de Puerto Rico para usar fondos federales de manera efectiva y eficiente y así apoyar sus necesidades a largo plazo de recuperación de desastres y de mitigación”, subrayó el OIG.

“El DV considera que las actividades antifraude que tiene en vigor son suficientes y que establecer medidas adicionales, como un procesos de avalúo de riesgo, no eran necesarias porque no se le había llevado a su atención ninguna instancia de fraude o de hallazgos relacionados a fraude. Sin embargo, no tener hallazgos relacionados a fraude o instancias reportadas de fraude puede ser señal de lo opuesto, de que los controles para la detección de fraude pueden ser ineficientes y que se deben tomar más acciones para mejorar su efectividad”, expone el informe.

Ante la queja de HUD de que el inspector estaba pretendiendo forzarlos a tomar medidas a nivel de todos los recipientes de fondos de desastre solo por hallazgos relacionados a uno solo (Puerto Rico), el inspector le recordó a la agencia que los más de $20,000 millones asignados a la isla la hacen la segunda recipiente más grande de todo Estados Unidos en fondos de los programas Community Development Block Grant Disaster Recovery and Mitigation (CDBG-DR y CDBG-MIT).

De hecho, el informe provee un conteo de cuánto dinero realmente se ha desembolsado de esos $20,223 millones asignados. Esa contabilidad, vigente hasta julio pasado, concluye que a seis año del desastre, solo se han desembolsado 10.5% de los fondos, o unos $2,141 millones. Los $20,223 incluyen casi $2,000 millones destinados a mejoras en la red eléctrica. Recientemente, HUD aprobó a Vivienda una extensión en la fecha límite para el uso de esos fondos y ahora vencen en 2029.

Vivienda tiene subcontratado el manejo de fondos federales a la empresa Horne LLP, que comenzó su relación con la agencia en 2018 y que, según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, ya suma $205 millones en su contratación con Vivienda. La más reciente extensión es de $80 millones para cubrir entre 2022 y 2025.

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