Comunidades piden al Negociado de Energía que la evaluación de la extensión del contrato a la carbonera se posponga hasta después de Navidades.

Con tan solo tres días laborables y basándose en un documento en el que todos los elementos claves estaban tachados, el Negociado de Energía (NE) pretendió que el público se enterara y comentara sobre las enmiendas de contrato que negoció la generadora AES Puerto Rico (AES) con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y que conllevan un nuevo cargo que aumentará las facturas de los abonados.

Así lo denunciaron varios grupos comunitarios que llegaron el lunes a la vista pública que el NE citó par recibir comentarios sobre la enmienda al contrato. El regulador del sector energético citó la vista el 13 de noviembre, pero no fue hasta el 16 de noviembre a las 7:29 pm que la AEE sometió al récord público un informe sobre las enmiendas al contrato. El documento tenía todos los términos claves tachados por un acuerdo de confidencialidad al que llegaron la empresa y la corporación pública. El 17 fue viernes y la semana siguiente tuvo solo dos días laborables debido a los feriados de Descubrimiento de Puerto Rico y el fin de semana largo de Acción de Gracias.

Una de las tachaduras encubre el monto del nuevo “Pago de Estabilización para la Transición Verde” que la generadora de carbón cobraría por convertir su planta de Guayama en una finca solar. Lo que, en esencia, es un pago de dinero público para que AES siga operando en la isla sin enfrentar por cuenta propia, como un costo de hacer negocios, las consecuencias que le representan la ley de 2019 que mandata que para el 2028 hay que eliminar la generación de energía con carbón en la isla y que prohíbe la extensión de contratos de generación que usen esa fuente de energía fósil.

Ante el tiempo acortado de evaluación pública y la censura de los términos claves, los comparecientes a la vista pidieron que se someta un documento que exponga claramente los términos de las enmiendas al contrato y que la evaluación de las mismas se posponga hasta después de las Navidades. El NE no ofreció de inmediato un remedio para esa solicitud, pero la petición de aprobación de las enmiendas establece que la negociación de los términos es para que se firme el 1 de diciembre. El NE interrogó a la AEE y AES sobre los términos, pero lo hizo durante una vista igualmente confidencial el 21 de noviembre. El público puede comentar por escrito hasta el miércoles.

En enero de 2022, y tras un reclamo judicial de acceso a la información, el Centro de Periodismo Investigativo reveló que desde el 2021 el principal ejecutivo de AES, Jesús Bolinaga Serfaty, emitió un ultimátum a la AEE sobre que cancelaría su contrato de generación por “fuerza mayor” si no se le proveía un paquete de rescate económico que incluía asumir control de la planta de Guayama y darles un contrato solo como operador, y que el gobierno asumiera los gastos de operación, así como $150 millones en costos ambientales.

La “fuerza mayor” a la que aludió el ejecutivo se traduce a la ley de 2019 que les obliga a transicionar a otra fuente de energía que no sea carbón y que les prohíbe depositar en la isla las cenizas que son resultado del proceso de generación. Sin embargo, su contrato original ya tenía una prohibición de ese tipo.

AES puede generar hasta unos 500 megavatios de energía, lo que representa cerca del 18% del consumo diario promedio en la isla. Su contrato actual expira en 2027 y la empresa ya falló en el repago de una emisión de bonos que le hizo el propio gobierno a través de la Autoridad para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, Médicas y de Control Ambiental de Puerto Rico (AFICA).

La ley de 2019 fue resultado de la presión de las comunidades, tanto las circundantes a la planta de AES en Guayama, como a las de 14 municipios en los que la carbonera llegó a desechar cenizas. Las denuncias incluían la invasión del polvo de cenizas en los hogares y problemas de salud graves.

“Enmendar el contrato es burlarse de las víctimas”, planteó en la vista José Santos, de la Red Continental Cristiana por la Paz. “El absurdo de esto es que la gente que está enferma por la planta, le van a subir la luz para que siga contaminándolos”, apuntaló el secretario de Asuntos Ambientales del Partido Independentista Puertorriqueño, Víctor Alvarado Guzmán.

“Ni siquiera sabemos en cuánto se propone aumentarle el pago a AES… en lugar de comentarios, lo que tenemos es preguntas”, resaltó por su parte la licenciada Ruth Santiago, miembro del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca.

“Nos tienen que someter toda la información, esta tachaera de papeles no es permitido”, exigió Myrna Conty, coordinadora de la Coalición Antiincineración, al pedir que la vista se mueva a enero “con toda la información sin tachaduras”. “¿Quién puede evaluar documentos que sean tachados?… es que se cae de la mata… esto es como un cheque en blanco”, enfatizó.

Algunos de los participantes de la vista recordaron que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia fue abogado de AES. Según el registro de cabilderos, el bufete O’Neill & Borges, en el que trabajó el gobernador antes de asumir el cargo, son los cabilderos de la empresa.

Para ver el informe de la AEE sobre las enmiendas al contrato de AES, pulse aquí.