Los cambios que la Cámara de Representantes introdujo al proyecto sobre aumento de salario de jueces incluye sus propuestas de salarios nuevos para legisladores.

Los cambios que la Cámara de Representantes introdujo al Proyecto de Senado 1292, y que produjeron el rechazo de la Cámara Alta, incluían un aumento de 60% para todos los legisladores que elevaría el salario base de estos funcionarios a los segundos más altos en todo Estados Unidos, detrás de los legisladores estatales de Nueva York.

El PS 1292 es la medida que ya había aprobado el Senado para viabilizar el aumento de salario a los jueces. En el presupuesto hay $11.2 millones separados para cubrir este aumento, sujeto a que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) diera su visto bueno, lo que ya ocurrió en julio pasado.

Los salarios de los jueces, igual que los del gobernador, jefes de agencia, legisladores rasos, portavoces, presidentes de comisiones de Hacienda y Gobierno y presidentes legislativos, están fijados por ley. Por esto, se dio por sentado que era necesario una enmienda a la Ley de la Judicatura para ponerlo en vigor.

A pesar de que hace cuatro meses están las condiciones para tramitar el aumento legislativamente, la Cámara no lo hizo y su presidente, Rafael Hernández Montañez, llegó a decir que tendría que considerarlo la próxima legislatura porque entendía que ese aumento tenía que ir atado a una revisión de escalas en el liderato de los demás poderes constitucionales y eso no sucedería ahora.

El viernes pasado, a días del cierre de sesión, los jueces recurrieron al tribunal mediante dos recursos con los que buscan una sentencia que declare que no hace falta ninguna otra acción legislativa para que entren en vigor los aumentos. El juez superior Anthony Cuevas Ramos realizó una vista ayer y debe emitir sentencia en los próximos días que probablemente sea elevada al Tribunal Supremo de inmediato.

El martes en la noche, mientras se desarrollaban las acciones en los tribunales, el comité de conferencia que tenía el 1292 rindió un informe con todos los cambios que sufrió la medida y que incluían las propuestas de aumento salarial para gobernador, jefes de agencia y legisladores, junto con el de los jueces.

El Senado derrotó la medida a viva voz.

Una revisión de ese informe provee el detalle del plan de Hernández Montañez para revisar salarios con el argumento de que todos los poderes constitucionales son iguales, por lo que las compensaciones de sus líderes deben ser comparables. El proyecto argumenta también que los legisladores son los únicos que se han bajado el sueldo cuando en 2013 se eliminaron las dietas y reembolso de transportación.

El plan parte de las escalas aprobadas para los jueces y establece que, igual que el salario propuesto para el Juez Presidente, tanto el gobernador como los presidentes legislativos deben ganar $154,556 anuales. Eso implica un aumento de 121% a la paga de $70,000 que recibe el gobernador y de 40% a los $110,663 que reciben ahora los presidentes legislativos. El salario del gobernador no cambia desde 1989, pero también es el único funcionario público que dispone de residencia, comidas, cocineros, casas de vacación y otros beneficios pagados con fondos públicos. En Estados Unidos, los salarios de gobernadores van de $70,000 (Maine) a $201,680 (California).

Otros aumentos legislativos que incluyeron en el 1292 son de 61% para llevar el salario de los vicepresidentes a $144,480 (el salario propuesto para jueces asociados del Tribunal Supremo), 54% para llevar el salario de portavoces y presidentes de comisiones de Hacienda y Gobierno a $130,579 (el salario propuesto para jueces apelativos) y de 60% para que todo legislador raso gane $118,133.

Cualquier aumento aprobado para legisladores no es inmediato, sino que entrar en vigor en la sesión legislativa siguiente a la de la aprobación. Los aumentos de los jueces pueden entrar en vigor de inmediato y, en el caso del Supremo, son aumentos que disfrutan hasta los 70 años.

Todos los aumentos propuestos para el Legislativo son proporcionalmente mayores a los que la Junta aprobó para el Judicial y colocarían el salario básico del legislador raso puertorriqueño como el segundo mayor de todas las legislaturas estatales de Estados Unidos.

El legislador aquí estaría superado solo por los $142,000 que recién se aprobaron los legisladores del estado de Nueva York. A los de Puerto Rico le seguirían los de California, con $110,459.

El nivel de aumento contrasta con los $21,967 que el Censo registra como la mediana de ingreso para los hogares en la isla. En Nueva York, la mediana de ingreso por hogar es $75,910 y en California $85,300. Todavía en 2013, cuando la compensación promedio de los legisladores era $125,000, el salario de estos funcionarios resultaba de los mayores en todo Estados Unidos.

Las escalas que la Junta aprobó para el Judicial implican 24% de aumento para llevar el salario del Juez Presidente a $154,556; 20% para llevar el de los jueces asociados a $144,480; 24% para llevar el de los jueces apelativos a $130,579; 32% para llevar el de los jueces superiores a $118,133 y 32% para llevar el de los jueces municipales a $91,764.

Para el Ejecutivo, y además del gobernador, los cambios al proyecto proponen aumento de 20% para llevar el salario del secretario de Estado a $144,480 (como un juez asociado), y de 11% para llevar el de los secretarios de agencia a $118,133 (como un juez superior).

Al atar la cantidad de salarios de posiciones en distintos poderes constitucionales, las enmiendas también refuerzan un mecanismo que se ha tratado de desechar con las revisiones salariales recientes que aprobó la Junta: el que múltiples salarios estén fijados con referencia a otros, con el resultado de que si el de referencia sube, también suben todos los demás que tiene atado.

En comparación, en el gobierno federal el salario del presidente es $400,000 anuales, el del Juez Presidente $286,700, el de los jueces supremos $274,200, el de los congresistas (incluyendo el Comisionado Residente) $174,000, el de los líderes de mayoría y minoría $193,400 y el del presidente de la Cámara $223,500.

La medida justificaba esta revisión del salario en todo el liderato gubernamental con que ya se habían aprobado nuevas escalas para los empleados del gobierno, aumento en el salario mínimo para el sector privado, a los maestros, bomberos, oficiales correccionales y fiscales y procuradores, pero el nivel de aumento que tuvieron estos no alcanza la proporción de los aumentos que se proponían en el 1292.

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