La DIPAC sugirió no iniciar una investigación preliminar, refrendada por el secretario de Justicia.

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente aceptó el viernes la recomendación del Secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, de no investigar al alcalde de Vieques, Jorge Corcino Acevedo, ante supuestos actos de corrupción atribuibles a este, ordenando el archivo del caso.

El secretario Emanuelli Hernández remitió al Panel el análisis de una correspondencia anónima supuestamente redactada por residentes de Vieques, mencionando un esquema de corrupción pública institucional. Entre las imputaciones figura que el alcalde y el director de Obras Públicas Municipal, Ángel Rivera, incurrieron en infracciones de ley con pagos en efectivo a empleados para trabajar horas extras y doble turno, declaró Emanuelli Hernández.

La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia revisó un video sometido por los querellantes, sin poder confirmar la identidad de los autores ni la presencia del alcalde Corcino Acevedo u otros empleados municipales. Además, se expone que el alcalde autorizó el uso de computadoras municipales para crear la compañía “LOS Compy, LLC”, pero el DJPR indica que no hay evidencia del uso de este equipo.

Otras irregularidades y violaciones imputadas incluyen conflicto de intereses, pero la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) tiene jurisdicción administrativa en este asunto, y no se cumplen los requisitos de los artículos 4 y 8 de la Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. La investigación de la DIPAC refutó otras imputaciones, como la falta de seguridad en Vieques, siendo una interpretación de los denunciantes y no reflejando delito.

Tras evaluar todas las denuncias, el Departamento de Justicia sostiene que no hay información ni evidencia para establecer los requisitos de la ley mencionada. La DIPAC sugirió no iniciar una investigación preliminar, refrendada por Emanuelli Hernández.

El Panel, tras considerar el memorando del Departamento de Justicia y la evidencia recopilada, acoge la notificación y ordena archivar el caso, remitiéndolo a la Oficina del Contralor de Puerto Rico y a la OEG para las acciones que consideren pertinentes.