El recurso legal plantea que no hace falta ninguna otra acción legislativa para que la Oficina de Gerencia y Presupuesto desembolse al Poder Judicial los fondos para los aumentos.

Un juez de apelaciones demandó hoy al Gobierno de Puerto Rico para que desembolse a la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) los fondos correspondientes al aumento de salario de los jueces que el presidente de la Cámara de Representantes dijo que no se consideraría este cuatrienio el cual ató a una revisión también del salario de los legisladores.

El recurso es uno extraordinario por el hecho de que se trata de un juez pidiendo a otro juez que decrete que su interpretación sobre lo que ha pasado con la discusión del aumento a los jueces se ajusta al derecho. También, porque la negativa del presidente cameral, Rafael Hernández Montañez, ya produjo expresiones de queja del pleno del Tribunal Supremo. Este sería el foro final que resolvería la demanda radicada.

Las peticiones y argumentos en el escrito también son llamativos.

El juez de apelaciones Ricardo Marrero Guerrero pide al tribunal que emita una orden contra la Oficina de Gerencia de Presupuesto (OGP) para que esa dependencia de la Oficina del Gobernador desembolse a la OAT los $11.2 millones que están separados en el presupuesto para el aumento salarial retroactivo al 1 de julio de 2023.

Pero hacer la transferencia de fondos es solo una parte de la mecánica de dar los aumentos. La otra es saber cuánto es que se va a aumentar.

Los jueces son de los pocos funcionarios públicos, fiscales son otros, cuyo salario está especificado al chavo en una ley. Como hicieron los fiscales esta semana y como intentaron hacer los jueces en 2019, un cambio de esos salario de ordinario requeriría una enmienda a la ley, con aprobación en Senado, Cámara y firma del gobernador.

Sin embargo, la demanda pide que el tribunal concluya que no es necesario legislar para cambiar específicamente los salarios en la Ley de la Judicatura porque, por referencia, ya esa escala de salarios estaría cambiada.

¿Cómo estaría cambiada sin estar enmendada la ley?

Porque, según el pleito, la Resolución Conjunta 39 en la que ambos cuerpos legislativos aprobaron el presupuesto vigente contenía la partida de aumentos y porque el plan fiscal vigente autoriza los aumentos con el único requisito de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) avale las escalas.

Aún así, la demanda reconoce que el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, pareció implicar en una carta a OGP que habría que cambiar la ley para conceder los aumentos. Pero el argumento de los abogados José Andréu Fuentes y Frank Torres Viada, representantes del juez demandante, es que la JSF no tiene autoridad para concluir cómo es que, bajo el “derecho constitucional puertorriqueño”, se va a ejecutar el aumento de salario. El documento plantea, por tanto, que la autoridad para entender aprobado el aumento salarial viene de la forma en que el presupuesto del gobierno y el plan fiscal interactúan bajo la Ley PROMESA, pero entiende que la forma de ejecutar ese aumento es un asunto que no tiene nada que ver con los procesos de supervisión de ese ente fiscal.

“[D]ebe tenerse presente que no corresponde a la JSF interpretar ni decretar cuáles son las prerrogativas y deberes constitucionales de cada rama del gobierno en nuestro sistema de separación de poderes, pues ello se trata de un asunto de derecho constitucional puertorriqueño. Más aún, esto se trata de un asunto de estricto derecho que no se relaciona ni incide sobre los asuntos fiscales que sí le competen a la JSF a tenor de la Ley PROMESA. En contraste, es el Poder Judicial el encargado de interpretar y aplicar la Constitución y las leyes de Puerto Rico”, indica el escrito.

Por todo este tracto, la demanda también pide que se encuentre que hay violación a la separación de poderes porque la inacción sobre los salarios implica un menoscabo ilegal de la compensación de los jueces porque se supone que los jueces tengan desde el 1 de julio de 2023 unos salarios que no tienen.

Los aumentos que la JSF aprobó son de $29,556 para llevar el salario del Juez Presidente a $154,556, de $24,480 para llevar el salario de jueces asociados a $144,480, de $25,579 para llevar el de los jueces de apelaciones a $130,579, de $28,533 para llevar el de los jueces superiores a $118,133, y de $22,164 para llevar el de los jueces municipales a $91,764.

Los salarios de los jueces no se revisan desde hace 20 años.

A preguntas de NotiCel en conferencia de prensa, Hernández Montañez se mantuvo en que el aumento a los jueces requiere legislación. La demanda, sin embargo, no incluye a la Legislatura, solo a OGP y a la OAT como “parte interesada”.

“La Rama Judicial y Ejecutivo están separados, cualquier ajuste que se realice sobre lo que es la compensación, tiene que responder a cada rama con sus presupuestos. Aquí no hay debate, primero, su planteamiento no está maduro, porque no hay una medida, así que yo no podría hacer un planteamiento sobre un debate de unas conversaciones en un caucus que alguien ‘liqueó’ y que nadie ha visto un proyecto. Todo esto se ha estado debatiendo por meses sin haberse radicado un proyecto. Así que, para contestarle al juez en derecho, no está madura su controversia”, sostuvo el presidente cameral.

“Ellos tienen sus prerrogativas y sus deberes dentro de una estructura republicana de gobierno, pero nosotros tenemos las nuestras y esto requiere legislación”, subrayó.

*Pamela Hernández Cabiya contribuyó a esta nota.

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