La recomendación ha sido que la eliminación del impuesto al inventario puede ser gradual y escalonada con ingresos que no representen nuevas cargas al ciudadano ni al comercio o industrias.

Varias de las principales organizaciones empresariales de Puerto Rico rechazaron en conjunto las expresiones del director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Reinaldo Paniagua Látimer sobre las medidas que proponen la eliminación del debatido Impuesto sobre Inventarios.

En carta enviada a este le indican que “nos dirigimos a usted en representación de los comercios y empresas del sector productivo del país, para traer a su atención nuestra consternación sobre las expresiones públicas que se han suscitado a raíz de la carta enviada por la Junta de Supervisión Fiscal, al Presidente de la Cámara de Representantes, en torno a los Proyectos de la Cámara 1692 y 1798, sobre el impuesto al inventario”.

Le indican a Paniagua que, “tanto las expresiones suyas, como las de algunos comentaristas o figuras políticas han provocado una infundada ola de desinformación y temor a la ciudadanía, que no está sustentada en la data correcta”.

Artículo relacionado: Opción de la JCF para eliminar impuesto a inventario impactaría el bolsillo boricua

Tras lamentar que un asunto de tanta relevancia y seriedad para el bienestar y la seguridad de los puertorriqueños, “se torne en un asunto de ataques políticos, la guerra de los grandes versus los pequeños o la criminalización de la empresa privada”, rechazan que las organizaciones empresariales hayan recomendado eliminar la exención del impuesto sobre la propiedad a la vivienda principal.

“El sector privado (comercio e industrias), nunca ha recomendado eliminar la exención de la propiedad residencial principal que hoy tienen derecho los puertorriqueños. La carta de la Junta de Supervisión Fiscal tampoco establece que se debe eliminar dicho beneficio a los ciudadanos desventajados”, afirman en su carta.

Agregan que “la clase empresarial, que ya carga en sus hombros la estructura de costos e impuesto más alta del mundo”, ha discutido y presentado otras medidas para sustituir dicho impuesto tales como eficiencias, cobro del impuesto en las ventas por internet, auto-tasación de propiedad comerciales, entre otras.

Rechazaron igualmente las expresiones que se hicieron públicamente de que solo el 1% de los comercios paga el impuesto al inventario.

Artículo relacionado: Pierluisi no favorece eliminar la exención sobre el pago de contribuciones por residencias

“De acuerdo con un estudio sobre el impuesto a la propiedad realizado por unos consultores del gobierno federal, hace cuatro años, en Puerto Rico hay 72,000 empresas. De estas empresas 58,500 (81%) pagan dicho impuesto. Decir que solo el 1% de las empresas pagan el impuesto no solo es flagrantemente falso, además induce equivocadamente los ciudadanos a ignorar la más clara de las realidades, que el impuesto al inventario lo pagamos todos los puertorriqueños”.

Reiteraron, por otra parte, que este impuesto impacta a todos los puertorriqueños, no solo en la caja registradora cuando compramos algo; sino que también con la falta de abastos, cada una de las veces que buscamos un artículo que no está disponible.

Informan que en el 2022 los niveles de agotados en los supermercados alcanzaron la alarmante cifra de 19.7%, según la compañía Professional Market Research; y que esto es más del doble del estándar de 8% que se refleja en Estados Unidos.

“Además, no podemos olvidar los faltantes de piezas para generadores eléctricos, dispositivos médicos, combustible, entre otros que sufrimos tras el paso de los Huracanes María y Fiona. Ustedes saben que este impuesto no se trata de ricos o pobres, de grandes o pequeñas empresas”, declaran.

“Resaltamos que sí estamos de acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal, que nuestro sistema de impuestos a la propiedad, y todo el sistema contributivo de la isla, necesita una reforma estructural integral, holística y abarcadora, que devuelva la competitividad, certeza y ambiente para inversiones nuevas y desarrollo económico”, sostienen las organizaciones en su misiva.

Reiteraron el reclamo es mirar detenida y responsablemente el impuesto al inventario con mayor celeridad, en esta sesión legislativa. “Este impuesto, que en última instancia lo paga y lo sufre el pueblo de Puerto Rico, al adquirir productos en el comercio que opera físicamente en la isla, comercio que paga patentes, salarios a los puertorriqueños, impuestos, utilidades y que está en franca desventaja con las ventas por internet”.

Recalcan que la recomendación ha sido que la eliminación del impuesto al inventario puede ser gradual y escalonada en un periodo de 3 a 5 años; tiempo razonable para ir sustituyendo recaudos, con ingresos que no representen nuevas cargas al ciudadano ni al comercio o industrias.

“Estos ingresos pueden venir de mejorar la eficiencia operacional del propio CRIM. De acuerdo con el Plan Fiscal del CRIM, éstos tenían el año pasado más de $200 millones en cuentas por cobrar que no habían sido cobradas. El registrar y tasar propiedades que actualmente no están pagando contribuciones, podría representar hasta $90 millones anuales, pues se estima que casi 240,000 propiedades no han sido registradas. También, se han identificado unas 517,000 propiedades con mejoras que no han sido tasadas y que podría representar cerca de $48 millones anuales”, sostienen.

Advierten que cada vez que el CRIM dilata la eliminación de impuesto al inventario, limita el abastecimiento adecuado de mercancía que a diario necesitamos todos los puertorriqueños y pone en riesgo la seguridad de nuestra isla en caso de eventos mayores o desastres naturales.

“No podemos pasar por alto que la solución final debe atender responsablemente la eliminación del impuesto al inventario, sin que conlleve nuevos impuestos ni más aumentos al comercio y al consumidor. Asimismo, la solución debe redundar en el aumento de la actividad económica, exportaciones, desarrollo económico y, sobre todo, en un aumento en los niveles de inventarios para enfrentar emergencias y las necesidades de la ciudadanía”, concluyen.

Esta carta está firmada por el presidente de Hecho en Hecho en Puerto Rico, Jorge Ramírez; el presidente de la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico (ACDET), José González; el vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes; el presidente de la Cámara de Comercio, Ramón Pérez Blanco; la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales, Yandia Pérez; y el presidente de la Asociación de Restaurantes (ASORE), Mateo Cidre.

Artículo relacionado: "Tatito" Hernández le responde a alcalde de Dorado sobre exención contributiva