El Proyecto de la Cámara 1818, que es evaluado por su Comisión de Salud, equipararía a estas organizaciones con los sindicatos que existen en el gobierno y que tienen esa capacidad en estos momentos.

Legislación que otorgaría capacidad y autoridad para negociar directamente los seguros que aplicarán a sus matrículas a las organizaciones bona fide que representan empleados públicos activos del Gobierno fue apoyada en vistas públicas camerales.

El Proyecto de la Cámara 1818, que es evaluado por su Comisión de Salud, equipararía a estas organizaciones con los sindicatos que existen en el gobierno y que tienen esa capacidad en estos momentos.

“Es importante que las organizaciones bona fide que representan y prestan servicios, tanto a los empleados públicos activos como a los de la empresa privada, puedan negociar a nombre de estos, todo lo concerniente a beneficios de salud y contratación de un plan médico para beneficio de nuestra gente”, dijo la autora de la medida y presidenta de la Comisión, la representante Sol Higgins Cuadrado.

La legislación fue endosada por la Oficina del Comisionado de Seguros, cuya ponencia fue presentada por la comisionada auxiliar, Brenda Pérez Fernández, que recomendó que se enmiende la medida para incluir los criterios definidos por el Código de Seguros de Salud de Puerto Rico (CSSPR) qué deben cumplir las organizaciones bona fide para ser reconocidas como tales y poder negociar con los aseguradores privados que ofrecen este tipo de cobertura.

Precisó que el Código de Seguros de Salud de Puerto Rico define a una asociación bona fide como aquella que ha operado activamente durante al menos cinco años y esta legalmente organizada; se constituyó y se ha mantenido activa de buena fe, para otros propósitos que no sea obtener un seguro o plan medico; está gobernada por un cuerpo directivo y auspicia reuniones generales anuales de sus socios; no impone restricciones ni condiciones para el ingreso a la asociación y todos los miembros de la asociación, los empleados de patronos miembros y sus dependientes son elegibles para el plan médico, independientemente de la existencia de algún factor relacionado con el estado de la salud.

Propuso de igual forma advertir por medio del proyecto que todo asegurador privado que suscriba planes médicos para los miembros de una asociación bona fide con el que negocien estas organizaciones deben cumplir con lo dispuesto en el Capitulo 8 del Código de Seguros de Salud de Puerto Rico.

El presidente del Sindicato de Policías Puertorriqueños (SPP), Ismael Rivera Román, resaltó por su parte, que gran parte de los miembros de la organización no cuenta con planes de salud. “Nuestros miembros tienen que enfrentarse a las aseguradoras solos como individuos para contratar servicios a costos muy elevados”.

Expresó que el proceso de selección de planes médicos dentro del SPP no existe. “Actualmente no tenemos un proceso. La ley como está no nos permite a nosotros poder estar en este tipo de dinámica de negociación para cubiertas médicas para nuestros socios. A los líderes de las organizaciones no se nos ha hecho parte de la negociación ni elección de las cubiertas médicas”, agregó.

Afirmó que con la aprobación de este proyecto de ley, miles de empleados públicos que pertenecen a organizaciones bona fide podrían beneficiarse de un plan de salud.

La Asesora Legal del Departamento de Seguridad Pública (DSP), no objetó la medida pero recomendó que se realice un análisis sobre el impacto que acarrea dar paso a la misma. "Se debería considerar qué efecto tendrían las organizaciones bona fide, dado a que estarían equiparando su capacidad de negociación a la de los distintos sindicatos", sostuvo.

La presidenta de la Comisión reiteró al concluir la audiencia que la obligación del Gobierno es darle beneficio al empleado, especialmente en el tema de la salud. “Esta Comisión seguirá trabajando de manera responsable para buscar alternativas correctas que faciliten los procesos dentro del sistema de salud para los puertorriqueños”, declaró.