En su contestación a la querella que les presentó el DRNA, los parientes de la Comisionada Residente plantean que pudieron haber sido terceros los que cometieron los daños que se le imputan a ellos.

En su respuesta formal a la querella que enfrentan por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), los suegros de la Comisionada Residente, Jenniffer González Colón, argumentaron que la agencia no tiene jurisdicción sobre la casa que tienen en La Parguera, a la misma vez que admitieron que la estructura podría estar enclavada en bienes de dominio público.

Las posturas del matrimonio José del C. Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera surgen de un documento que sometieron al DRNA con fecha del 28 de agosto y que es su primera respuesta formal a la controversia pública que enfrentan hace meses y que desembocó el 1 de agosto pasado en una querella que le impone una multa de $25,000 por una construcción ilegal y daño a mangles en una estructura que adquirieron en 2017 y que ubica en la Reserva Natural de La Parguera.

En el documento que presentó el abogado Miguel L. Torres Torres, la pareja negó que hubiera ocurrido corte de mangle en el área y apuntaron a que, si el DRNA hubiera hallado mangle afectado, eso pudo haber sido responsabilidad de terceros.

La querella no ordena que se remueva toda la propiedad, sino “un tablado y terraza recientemente reconstruido con 45 pies de tablones de madera 4’ x 8’ y 30 pilotes nuevos (3 por fila) de PVC rellenados de cemento”, pero las expresiones, tanto de la agencia como de los querellados, fueron en dirección a la legalidad de la ubicación de la casa en la Reserva Natural.

“DRNA no tiene jurisdicción para pedirle remoción total de estructura ni restauración del área a su estado natural… La propiedad que adquirieron los querellados fue construida con anterioridad a las Leyes y Reglamentos del DRNA, incluso antes de la existencia de la agencia”, planteó el matrimonio en su contestación. A la vez, dijeron que “[s]e alega afirmativamente que la propiedad puede estar en bienes de dominio público marítimo terrestre para lo cual se requiere de un deslinde de la zona marítimo terrestre para determinar la conformidad”. Sobre esto, dicen que una ley la protege como zona turística de Lajas.

Torres Torres acompañó al matrimonio el 27 de julio pasado cuando visitaron las oficinas del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) junto a su hijo, José Vargas Llavona, esposo de González Colón, y los representó en una vista el martes en el DRNA que se supone fuera para discutir los méritos de la querella, pero que se convirtió en una de estado de los procesos. La oficial examinadora María Ortega hizo un nuevo señalamiento para el 5 de diciembre en lo que el DRNA enmienda la querella para añadir a la sociedad legal de bienes gananciales Vargas-Llavona, y en lo que las partes se cursan interrogatorios y descubrimiento de prueba. El abogado anticipó que tiene un perito que rendirá un informe de “evaluación ambiental ecológica” del lugar.

El matrimonio adquirió la casa el 4 de mayo de 2017 mediante una transacción que “le brinda un derecho propietario a los querellados sobre la estructura existente y un derecho de superficie para su aprovechamiento”, según su respuesta a la querella. La propiedad está registrada en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y está conectada a los servicios básicos.

De hecho, la investigación del DRNA pudo atar al matrimonio con la propiedad por la cuenta del servicio eléctrico. Esto, después de que su personal constatara una construcción ilegal y daño ambiental que inicialmente fue objeto de una querella ciudadana. Tras identificarlos, fueron citados pero estos no comparecieron.

El martes estaban listos para intervenir en la vista los vigilantes Juan Banch, Amílcar Caraballo y el biólogo Julio Morell. Los representantes del interés público Mildred Sotomayor Bourbón y Rafael E. González Ramos, encabezan el procesamiento de la querella.

En un aparte con la prensa, Sotomayor Bourbón subrayó la admisión de que la propiedad estaría en terrenos de dominio público y rechazó de plano que los dueños de la casa hubieran adquirido derechos debido al paso del tiempo, como alegan.

“Desde 1886 se declaró como bien de dominio público todos los terrenos, humedales, las aguas, la zona marítimo terrestre. Cincuenta años (de construcción de la casa) es poco, tendría que haber transcurrido más de ciento y pico de años para poder adjudicarse un título, un título que se lo tenía que haber otorgado la corona (española). Todo el mundo sabe que son bienes de dominio público, así mismo lo admite la parte en su contestación a la querella y la mera presencia, ocupación, mediante una estructura de esos bienes no le da derecho alguno. Tan es así que ni siquiera han podido obtener una concesión, que es lo que le podría garantizar, un título no, una ocupación o un aprovechamiento. Desde el 1992 con el reglamento se estableció que todos aquellos que tenían una ocupación vigente tenían que someterse ante el Departamento para pedir la misma. Eso no garantizaba tener una concesión, pero por lo menos tenían que haber hecho la gestión. Han transcurrido casi 30 años, 30 años, de ese reglamento y al día de hoy no han hecho absolutamente nada a esos fines. Por lo tanto, nosotros seguimos insistiendo que la ocupación de esos terrenos es ocupación ilegal. No tienen ninguna certificación ni estatal ni federal para esa ocupación”, expuso Sotomayor Bourbón.

Sobre la alegación de que la casa está protegida por una ley de ecoturismo, la abogada ripostó que “ni sé de dónde se sacan el proyecto ecoturístico… eso es una reserva natural, no es una reserva ecoturística, y seguirá siendo una reserva natural porque así lo defenderemos en el departamento”.

En la contestación a la querella, y sin ofrecer detalles, Torres Torres anotó que “[e]n este procedimiento han intervenido terceros que han creado presiones indebidas y han sido selectivos”. Pero Sotomayor Bourbón defendió que el caso comenzó con una querella de ciudadanos, que están manejando otras tres querellas en la misma área por alegaciones similares de construcciones ilegales con destrucción de mangles y que la agencia está procediendo de manera similar en otras partes de la isla también.

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