La OATRH desmintió alegaciones de Justicia y consignó que pueden hacer más para mejorar los salarios de sus empleados.

Contrario a lo que dijo el Secretario del Departamento de Justicia (DJ), esa agencia no tiene pendiente ningún proceso ante la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico (OATRH) para mejorar los salarios de sus empleados, de los cuales casi la mitad pidió que se revisaran sus condiciones o compensación después de que se les aplicara en enero de este año el nuevo Plan de Clasificación de Puestos del Servicio de Carrera del Gobierno Central y Nueva Estructura Salarial.

NotiCel publicó esta semana el malestar de los empleados del DJ por los efectos del nuevo Plan y por la falta de agilidad y proactividad de la agencia en lograr cambios en la aplicación del plan a sus empleados para atender quejas que incluyen que las descripciones de sus puestos no se ajustan al trabajo que hacen, que no se toman en cuenta dificultades especiales como la necesidad de confidencialidad o la experiencia y especialización requerida y por la compensación.

Ante esto, y mediante declaraciones escritas, el secretario Domingo Emanuelli Hernández, indicó que “[h]emos estado en comunicación con OATRH y la Junta (de Supervisión Fiscal) para poder lograr mayor remuneración para el personal”.

Pero el subdirector de la OATRH, y quien maneja directamente al DJ por inhibición de la directora de la oficina, Gustavo Cartagena Caramés, afirmó a NotiCel que “nosotros no tenemos nada pendiente del Departamento de Justicia. Todo lo que han solicitado, se ha contestado”.

“Esas expresiones, el Secretario de Justicia tendría que ser más específico, aquí en la OATRH, con relación a revisión de escala, no tiene nada pendiente, y en la Junta tampoco”, abundó al explicar que, si el DJ quisiera, como lo pueden hacer todavía otras agencias también, puede iniciar conversaciones con la Junta, OATRH y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para buscar alternativas con las que atender el efecto en sus empleados del comúnmente llamado Plan de Clasificación y Retribución.

El efecto de ese plan no ha sido poca cosa en el DJ. El propio secretario auxiliar de Recursos Humanos, Christian Castro Plaza, confirmó que 446 de los empleados han sometido solicitudes ante el Comité Revisor de la agencia creado para atender la implantación del Plan. Eso es casi la mitad de la plantilla activa, después de que se restan aquellos cuyo salario está fijado en ley, y a los que no les aplica el Plan, como fiscales, procuradores y registradores de la propiedad.

“Si hay espacio, lo vamos a hacer. Hemos seguido las cartas normativas y, si hay espacio, para hacer alguna otra petición, así será”, dijo Castro Plaza cuando este diario le informó la alternativa que proveyó Cartagena Caramés de iniciar conversaciones que incluyan a OGP y la Junta.

A preguntas sobre renuncias, traslados o solicitudes de jubilación provocados en la agencia por el Plan, Castro Plaza defendió que “tenemos el personal necesario para la necesidad (de servicio)”. Pero fuentes indicaron que hay dificultad de reclutamiento en áreas de apoyo a las investigaciones y el propio registro de puestos de la Oficina del Contralor da cuenta de que el DJ tiene 2,740 puestos autorizados, o lo mismo que unos 1,200 más de los que tienen ocupados.

El proceso que sigue el Comité Revisor del DJ, y de todas las agencias, para atender las solicitudes por los efectos del Plan está dictado por la Carta Normativa 1-2023 y tanto ese documento, como la explicación que ofreció Cartagena Caramés, deja en duda también a Justicia.

Las peticiones que surgen de la aplicación del Plan se dividen esencialmente en dos tipos: una impugnación de la clasificación de puesto que se le asignó al empleado o una impugnación de la escala salarial en la que se le colocó dentro de su clasificación. Según el subdirector de la OATRH, las agencias tienen jurisdicción para atender internamente lo de la clasificación, o lo mismo que pueden mover al empleado de una clasificación a otra si fuera necesario. En cuanto a controversias sobre la escala asignada a un empleado dentro de una clasificación, la agencia las referiría a la OATRH.

Pero este diario digital constató que hay casos en los que Emanuelli Hernández, como autoridad nominadora que toma la decisión final a raíz de la recomendación del Comité Revisor, no ha hecho ninguna de las dos cosas. Ni ha resuelto dentro de la agencia ni lo ha referido a la OATRH. Simplemente se ha declarado “sin jurisdicción”, enviando al empleado directamente a la Comisión Apelativa del Servicios Público (CASP), un foro administrativo conocido por su lentitud. Esa alternativa de declararse “sin jurisdicción” no aparece especificada en la Carta Normativa 1-2023. Actualmente, hay 160 casos del DJ ante la CASP.

Castro Plaza confirmó que Justicia solo ha elevado a la OATRH peticiones relacionadas a los abogados de carrera y los transcriptores de investigaciones legales (que no meramente levantan una transcripción de procesos sino que también preparan declaraciones juradas en el calor de una investigación criminal activa). La OATRH no dio paso a ninguna de las dos.

La gerencia del DJ llevó a OATRH los reclamos de esas dos clasificaciones de empleados, pero lo hicieron entendiendo que ya el Plan los había mejorado. En una comunicación interna que Castro Plaza realizó el miércoles en respuesta directa a la publicación de NotiCel, el funcionario enfatizó que los transcriptores ganaban $1,800 mensuales antes del Plan y que con el Plan aumentaron $575 para un salario nuevo de $2,375. La petición que OATRH denegó fue para que tuvieran un salario mínimo de $2,850. Una fuente indicó que la exposición de Castro Plaza es engañosa porque el Plan eliminó otro tipo de compensación, como diferenciales, que tuvieron el efecto práctico de reducir esos “aumentos”.

Sobre los abogados, dijo que el rango de salario en las tres escalas de ese grupo de empleados estaba entre $3,273 a $5,655 antes del Plan y que, con el Plan, el rango aumentó a de $4,466 a $8,916. Pero esos son los mismos rangos que tienen los abogados en las demás agencias, aunque los abogados de las demás agencias recurren a los de Justicia para la mayoría de los asuntos. En comparación con los abogados de otras agencias que ganan lo mismo, los de Justicia tienen más experiencia, mayor especialización y más destrezas de litigio, explicó una fuente.

Además de estas dos clases de empleados, también han objetado el trato que recibieron en el Plan otros empleados con tareas sensitivas como los investigadores criminales, los que dan asistencia a víctimas y testigos y los que operan el Sistema de Información Criminal. Este sistema es un estándar en la comunidad mundial de ley y orden para poder intercambiar información con otras jurisdicciones tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Aún después de la aplicación del Plan, hay salarios en el DJ que se han quedado tan bajos como cerca de los $1,500 mensuales.

Cartagena Caramés atiende a Justicia por parte de la OATRH porque la directora de la agencia, Zahira Maldonado Molina, esta inhibida ya que su esposo, Francisco González Magaz, es abogado externo en el departamento, pero el funcionario rechazó que esto implique que los asuntos de Justicia se hayan trabajado de manera distinta a los de otras agencias.

Para ver la comunicación enviada a empleados de Justicia, pulse aquí.

Vea:

Justicia dejó en el limbo a sus empleados cuando el gobierno revisó salarios