La agencia se ha cantado sin jurisdicción ante los reclamos de sus empleados para que los ayude a conseguir revisiones de salarios.

Los empleados del Departamento de Justicia (DJ), esperanzados en ver mejoría de compensación por primera vez en años, se quedaron con salarios bajos y en un limbo burocrático después de que la gerencia de la agencia se declaró sin jurisdicción para tramitarles sus reclamos de revisión de salarios.

NotiCel pudo revisar comunicaciones internas y hablar con personas involucradas en los esfuerzos de los empleados del DJ por lograr la revisión de sus salarios y lo que queda claro es que el DJ dio la espalda a sus empleados cuando se declaró sin jurisdicción, a pesar de que hay un mecanismo claro para que las agencias avalen y canalicen los reclamos de revisión salarial de sus empleados.

Como se publicó recientemente, los fiscales, procuradores y registradores están cabildeando una revisión de sus salarios directamente con La Fortaleza y la Legislatura porque su compensación está fijada por ley, pero el resto de los empleados no tienen esa alternativa ya que su compensación quedó fijada en el Plan de Clasificación de Puestos del Servicio de Carrera del Gobierno Central y Nueva Estructura Salarial que se implantó en febrero con retroactividad al 1 de enero.

El plan es producto de un trámite de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico (OATRH) con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para una Reforma del Servicio Público en la que se revisaron los salarios y clasificaciones de puesto de los empleados del Gobierno de Puerto Rico.

El resultado en Justicia fue que no solamente los empleados no recibieron los aumentos que esperaban, sino que sus puestos quedaron clasificados de una forma que los condena a estar siempre menos compensados que posiciones en otras agencias de gobierno, en la que esas posiciones similares quedaron en escalas de salario más altas, aunque no requieren la preparación que se requiere en Justicia y no manejan las complejidades de Justicia, como el hecho de que manejan asuntos criminales para los que se le requiere confidencialidad.

Este es el reclamo básico que surge de lo casos que este diario pudo cotejar y para los que no provee detalles específicos porque los empleados no quieren ser identificados por miedo a represalias.

Investigadores, secretarias, taquígrafos y asistentes administrativos son algunos de los empleados afectados y cuyas funciones de apoyo son cruciales para los fiscales y procuradores. También, abogados de carrera en la agencia tuvieron aumentos menores a los que tuvieron fiscales.

“Esto ha sido una debacle institucional”, dijo una fuente que añadió que empleados de mucha experiencia en esas posiciones las estaban abandonando, sea optando por el retiro o moviéndose a otras agencias donde sus destrezas son mejor remuneradas. Hay oficinas que tienen menos de una tercera parte de los empleados que tenían antes y las convocatorias que publica el DJ para llenar las posiciones no producen candidatos, se indicó también.

La carta normativa 1-2023 de OATRH dispone que el empleado que no esté de acuerdo con las modificaciones que tuvo su posición bajo el nuevo Plan, debe presentar una solicitud de revisión administrativa ante el Comité Revisor de su respectiva agencia, el cual, tras evaluarla, puede hacer recomendaciones a la Autoridad Nominadora en la agencia (normalmente el secretario de cada dependencia), y esa autoridad puede pedir y justificar ante la OATRH una reasignación de la clase que se le asignó al empleado.

Si la OATRH accedía a revisar la asignación de clase, esto tenía el beneficio potencial de que el cambio aplicaba a todos los empleados de la clase y no solo a individuo que presentó la revisión. Pero el Comité Revisor del DJ, y el secretario Domingo Emanuelli Hernández, han interpretado que no tienen jurisdicción para atender las solicitudes porque las mismas se refieren a salario y no a condiciones de empleo.

Como resultado, a los empleados se le indican que tienen que ir ante la Comisión Apelativa del Servicios Público (CASP), una agencia que demora en emitir decisiones y que solo puede tomar determinaciones caso a caso, en vez de determinaciones de las que se pueden beneficiar todos los empleados de una misma clase. Los empleados de Justicia no están sindicalizados, así que no tienen el beneficio de que su unión les ayude a sufragar los gastos de estas revisiones, por lo que son los propios empleados los que tienen que pagarlo de su ya reducido salario.

NotiCel solicitó entrevista a Emanuelli Hernández sobre esto, pero optó por enviar una declaración escrita en la que asegura que “[h]emos estado en comunicación con OATRH y la Junta para poder lograr mayor remuneración para el personal”.

“La determinación debe ser avalada por la Junta, no es una decisión de cada jefe de agencia”, apuntó a la vez que aseguró está apoyando también el reclamo de enmienda a la ley para aumentar salarios de fiscales, procuradores y registradores.

Una fuente resaltó que los trámites en la OATRH sobre Justicia se han visto dificultados porque la directora Zahira Maldonado Molina está inhibida de los asuntos del departamento ya que su esposo, Francisco González Magaz, provee servicios legales al departamento como abogado externo.