Los fiscales, procuradores y registradores de la propiedad del Departamento de Justicia buscan aumentar el incremento de salario que se les legisló en 2022, mientras personal de apoyo recibió aumentos mínimos en Plan de Clasificación.

Los fiscales, procuradores (de menores y familia) y registradores de la propiedad quedaron convocados para votar mañana, viernes, y elegir una propuesta de enmienda que se sometería a la Asamblea Legislativa con el fin de revisar los aumentos de sueldo que recibieron el año pasado mediante la Ley 105.

Una comunicación que emitió ayer la jefa de fiscales, Jessika I. Correa González, detalla las alternativas negociadas por representantes de esos grupos y las instrucciones para llevar a cabo la votación en las distintas fiscalías de distrito y otras dependencias.

La Ley 105 se aprobó con los mismos cálculos de aumento que tenía en su origen, cuando era el Proyecto de la Cámara 1343, a pesar de que en el proceso de consideración los fiscales habían pedido un aumento mayor. La preocupación principal de estos funcionarios que están fuera del Plan de Clasificación del gobierno central por ser cargos que el Gobernador designa y la Legislatura aprueba y asigna salario directamente es que el salario de los fiscales acabaría muy cercano al salario de los abogados regulares del gobierno. Debido a que alrededor de un tercio de los fiscales tienen posiciones de carrera como abogados regulares, la advertencia fue que optarían por renunciar a sus cargos de fiscal para volver a sus puestos de carrera.

La Ley 105 no cambió la propuesta original y no se han documentado renuncias masivas de fiscales para volver a puestos de carrera, pero los miembros del ministerio público continuaron cabildeando por una revisión de sus aumentos, incluyendo al menos una reunión en La Fortaleza que el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, desconocía y a la que pidió asistir cuando ya estaba ocurriendo, según una fuente.

El empuje de los aumentos a los fiscales y registradores ocurre a la vez que hay descontento en el personal de apoyo de Justicia, como secretarias, taquígrafos e investigadores, por lo bajo que resultaron sus aumentos, los que están dispuestos en el plan del gobierno central. Incluso, en el personal de apoyo hubo empleados que no recibieron aumento. Esto se atribuye a falta de diligencia de la Oficina del Secretario para representar a esos empleados y buscar mejor compensación. Una situación similar fue el resultado final que experimentaron los empleados del Poder Judicial, algunos de los cuales recibieron poco o ningún aumento tras la aprobación reciente del Plan de Retribución en esa rama.

La estructura de los salarios de lo fiscales auxiliares, los cuales tienen categorías de I al IV, es que cada categoría gana un porciento distinto del total de lo que gana un Fiscal de Distrito. Una de las cosas que hizo la Ley 105 es que eliminó la vinculación que había entre el salario del Fiscal de Distrito y el de un Juez Superior y ahora la referencia para los salarios de fiscales de Distrito es la remuneración dispuesta para un “abogado principal” en el Plan de Clasificación de Puestos y de Retribución Uniforme para el Gobierno Central.

Antes, el salario de referencia para el Fiscal de Distrito eran $89,600 anuales y los fiscales I al IV ganaban de 80 a 98% del salario de referencia, o lo mismo que de $71,680 a $87,808. Con la Ley 105, y tras la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal para revisar las escalas del plan del gobierno cenral, el salario para un “abogado principal” son $107,000 y los fiscales I al IV ahora ganan 75 a 87% de ese salario de referencia, o lo mismo que de $80,250 a $93,090.

En la votación del viernes, se ofrecen tres mecanismos de revisión para presentar a la Legislatura. El primero es restituir los porcientos a de 80 a 98, lo que, con la base nueva, produciría escalas de $85,600 a $104,860. La segunda es restituir los porcientos añadiendo un 10% al salario básico y la tercera es restituir los porcientos, pero añadiendo 15% al salario básico.

En el caso de los procuradores de menores y familia y de los registradores, la circular de la Jefa de Fiscales indica que votarán también, aunque el cambio que sufrieron con la Ley 105 es distinto al de los fiscales. A los procuradores se les mantuvo la referencia de que su salario mínimo es el 80% del de un fiscal de distrito y a los registradores se quitó la referencia de que su salario es el de un juez superior y se cambió a que será igual que el de un fiscal de distrito.

En el proceso de evaluación de la Ley 105, los fiscales hicieron hincapié en los rigores que representa el descargue de sus funciones, incluyendo la realización de turnos a distintas horas y días, la responsabilidad de ser la autoridad legal máxima por parte del Ejecutivo en las escenas de crimen y en la investigación criminal y la ausencia de horarios fijos de entrada y salida debido a las particularidades del servicio que rinden, entre otras. Además, resaltaron que no habían tenido aumento en 20 años.

*Editada para corregir cuál es el salario de referencia que aplica a lo fiscales de distrito tras Ley 105.

Para ver la circular de la Jefa de Fiscales, pulse aquí.

Vea:

Justicia teme abogados ganen más que fiscales con nuevo plan de reclasificación