Secretaria del DRNA recordó que la agencia coopera con el gobierno federal en distintas investigaciones, pero no especificó si las querellas sobre La Parguera que incluyen a suegros de la Comisionada Residente están bajo lupa federal también.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) puede recurrir al tribunal para ordenar la paralización de trabajos que se realicen en las propiedades de La Parguera que fueron objeto de querella a principio de este mes, independientemente del trámite de la querella en la agencia, pero no ha recibido ningún indicio todavía de que los querellados continúen haciendo trabajos ilegales en las propiedades, indicó la secretaria Anaís Rodríguez Vega.

Entre las cuatro propiedades objeto de querella está la que pertenece a los suegros de la comisionada residente, Jenniffer González Colón, quien el 31 de julio pasado, a solo horas de que la querella fuera notificada a sus parientes políticos, descargó contra Rodríguez Vega.

“[M]e gustaría que la Secretaria de Recursos Naturales no fuera tan irresponsable al hacer declaraciones públicas cuando ni siquiera han concluido las investigaciones y cuando hace públicos documentos internos de la agencia que ni siquiera le han enviado a las partes”, dijo la congresista al añadir que era un “ataque político” contra ella porque supuestamente las quejas se centraban solo en la propiedad de sus suegras cuando en esa zona de la Reserva Natural de La Parguera hay otras estructuras.

NotiCel recibió alegaciones de que detrás de las expresiones de González Colón hubo un esfuerzo privado y directo para intervenir con Rodríguez Vega y prevenir la radicación de la querella. Pero Rodríguez Vega negó que hubieran ocurrido intervenciones con ella, con personal de su oficina o, que tuviera conocimiento, con otro personal del DRNA sobre el trámite de esta querella.

“Juramenté velar por los recursos naturales. Eso es todo, sin importar los apellidos y los nombres de nadie. Nada ni nadie va a hacer o intervenir lo suficiente para que yo deje de cumplir con mi deber ministerial”, dijo en reacción a lo que describió como expresiones públicas que pudieran dar paso a distintas interpretaciones, pero sin querer confirmar que se refería a las declaraciones de González Colón en su contra.

Parte de la querella contra el matrimonio José del C. Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, padres de José Vargas Llavona, el esposo de la comisionada residente, es que en su propiedad de La Parguera se continuó una construcción ilegal y la destrucción de mangle aún después de que supieran que los vigilantes del DRNA los habían emplazado y de que se publicara en prensa el informe de un biólogo de la agencia sobre las violaciones de ley que ya se habían constatado en la propiedad.

La secretaria contestó que no se ha recibido una solicitud de los vigilantes a la división legal de la agencia para que acudan al tribunal a conseguir órdenes de cese y desista, como pudiera ocurrir si se detecta que en la propiedad siguen ocurriendo violaciones de ley, aún después de radicada la querella. “El Cuerpo de Vigilantes continúa en monitoria”, afirmó.

Fuera de esto, la funcionaria rehusó discutir el expediente de esa querella en la que la agencia está solicitando tres multas que suman $25,000, así como la remoción de la construcción ilegal y la restauración biológica del área.

A preguntas de si las construcciones ilegales en La Parguera que se alegan en las cuatro querellas han sido discutidas con el gobierno federal, Rodríguez Vega no fue categórica.

“Aquí hay jurisdicciones compartidas y como parte de nuestro deber ministerial hay varias conversaciones”, anotó al señalar las acusaciones por construcciones ilegales en otra reserva natural, Bahía Jobos en Salinas, que la fiscalía federal anunció en mayo pasado. La querella del DRNA, que es de naturaleza administrativa con finalidad de una posible multa, no evitaría que, por los mismos hechos, se radicaran cargos criminales.

El lunes en una vista pública, el ayudante de la secretaria, Samuel Acosta, confirmó que hay casos relacionados con La Parguera que los vigilantes han preparado, pero no se han convertido en querellas formales. Sobre esto, Rodríguez Vega dijo que que cada caso se trabaja “con la responsabilidad que amerita”.

“Hay muchas querellas sin atender o por atenderse dentro del departamento. Eso no hace una peor que la otra. Lo que puedo decir es que el personal técnico está trabajando cada uno de los casos. Es el mismo personal técnico que evalúa alrededor de la isla. No es una sorpresa para nadie la falta de personal para atender todos los casos, pero de ahí a decir que estamos dejando de atender unos casos para atender otros particulares, es una falta de sensibilidad al trabajo que hace el personal técnico”, defendió.

“Es deber de un funcionario nombrado cumplir con la ley y el reglamento… el hecho de que no se haya hecho por años no significa que se concedieron derechos y yo estoy muy clara en eso y confío en el trabajo que está haciendo el personal técnico en el departamento”, concluyó.

Antes de convertirse en subsecretaria del DRNA en diciembre de 2021, Rodríguez Vega comenzó su experiencia laboral de gobierno en 2017 como asesora legal de Asuntos Federales en el Senado. Luego, fue administradora asociada y consejera legal en el Sistema de Retiro.

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